Elma Saiz, hasta ahora concejal portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, se incorpora al Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha adelantado este lunes DIARIO DE NOTICIAS. Releva en el cargo a José Luis Escrivá, que pasa a ser ministro de Transformación Digital. ASÍ QUEDA EL NUEVO EJECUTIVO DE SÁNCHEZ
La navarra, asesora fiscal ligada siempre al PSN-PSOE, tomará la riendas de un Ministerio que cuenta con una reforma de pensiones recién nacida, aunque quedan asuntos pendientes como el desarrollo de la jubilación parcial y del contrato relevo o la ampliación del permiso de nacimiento hasta las 20 semanas. También deberá abordar la gestión del traspaso del régimen económico de la Seguridad Social a la CAV, en virtud del acuerdo de investidura entre PSOE y PNV.
Elma Saiz fue candidata del PSN-PSOE a la Alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Nacida en Pamplona en 1975 (cumplirá 48 años el 2 de diciembre), llega al Ministerio con experiencia en la empresa privada y una larga trayectoria institucional en Navarra, donde ha sido además parlamentaria, delegada del Gobierno, consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno foral. Madre de dos hijos, es Licenciada en Derecho y Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra. Inició su trayectoria profesional en 1999 como socia-directora de la consultoría IME.
Colaboradora en el Master Universitario en Derecho de Empresa y en el Master Universitario en Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra, ha sido colaboradora también en la Escuela de Práctica Jurídica y en la titulación de Derecho en el mismo centro universitario. Asimismo, ha sido docente en el Master en Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable en la UPNA.
Carrera política de Elma Saiz
Secretaria ejecutiva de Política Fiscal y Financiera del PSN-PSOE, es la segunda mujer navarra que accede a un ministerio, tras Ione Belarra (Podemos), ambas con gobiernos de Pedro Sánchez. Fue parlamentaria del Partido Socialista de Navarra de 2003 a 2007 y Delegada del Gobierno de España en Navarra entre 2008 y2012. Además, fue directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia (2012). En 2019, durante tres meses, fue concejala del Ayuntamiento de Pamplona. En agosto de 2019 fue nombrada consejera de Economía y Hacienda y luego portavoz del Gobierno foral. Su último cargo ha sido el de portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, tras ser candidata a la Alcaldía por el PSN.
Saiz fue nombrada portavoz del Gobierno de Navarra en el último tramo de legislatura, figura fuerte del Ejecutivo de Chivite y de peso en la Ejecutiva socialista. Según avanzó entonces la presidenta, el relevo respondía a la “prioridad pública" que adquiría el área económica del Gobierno "en la recta final de la legislatura”, con la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra de 2023 y la recepción y gestión de los fondos europeos como retos inmediatos.
Saiz consiguió sacar adelante los cuatro presupuestos de la legislatura gracias a los acuerdos parlamentarios con EH Bildu. Desde el cargo de la consejería logró también sacar adelante varias reformas fiscales y diversas medidas tributarias que han dotado a Navarra de estabilidad económica y presupuestaria pese a las dificultades de la legislatura de la pandemia. Lo hizo sin embargo con roces importantes con su principal aliado en el Gobierno, Geroa Bai, que internamente reprochó a la consejera de Hacienda que no tuvo un papel neutral en el seno del Ejecutivo foral y en ocasiones actuara con interés partidista.
Con Saiz en la consejería, la Comunidad foral asumió la competencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), área gestionada por Derechos Sociales, pero que negoció directamente con su antecesor en el Ministerio, José Luis Escrivá. Se trata de una de las tres transferencias firmadas durante la pasada legislatura, además de la de Tráfico y Seguridad Vial y Sanidad Penitenciaria.
Saiz, la "sugerencia" de Chivite a Sánchez
La presidenta navarra, María Chivite, ha manifestado este lunes que no puede estar "más contenta" con el nombramiento de Saiz: "Es una magnífica noticia para la política de Navarra y para la política española". "Como amiga y compañera, feliz por su nombramiento, por semejante responsabilidad".
Chivite ha señalado que "se está demostrando la influencia que el PSN tiene en la política nacional; la tenemos con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y ahora con un miembro del PSN en el Consejo de Ministros". "No podemos estar más orgullosos", ha aseverado.
Ha explicado que cuando habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al fijar la fecha del debate de investidura, "Elma Saiz fue la sugerencia que yo le hice". "Cada uno de los presidentes tiene su quiniela, el montaje de su propio equipo y yo agradecida de que el presidente del Gobierno haya tenido a bien esta sugerencia que le planteé".
"Lo mejor que tiene el Partido Socialista para concurrir a las elecciones municipales, como es Elma, lo ponemos a disposición de esta ciudad, convencidos de que los ciudadanos así lo reconocerán", manifestaba el pasado mes de diciembre la ministra de Hacienda y Función Pública, Mª Jesús Montero, en la presentación de la candidatura de Saiz a la Alcaldía de Pamplona. Saiz indicaba en aquellas fechas que su apuesta era "100% por Pamplona".
Montero calificaba a Saiz como "una mujer profundamente socialista", que "no se conforma con lo que hay, que siempre quiere ver más allá" y que pone a disposición su "talento" y "recursos" sin "escatimar un solo esfuerzo". "La gente no está buscando la confrontación, la trifulca permanente como manera de estar y de hacer política, sino todo lo contrario; diálogo, capacidad de entendimiento en una tierra tan rica, plural y diversa", señalaba, tras considerar que Saiz es "profundamente feminista" y una "firme defensora de los intereses de Navarra".
En las elecciones municipales del pasado 28 de mayo el PSN fue la tercera fuerza más votada en Pamplona, con 15.850 votos, por detrás de los 30.691 de UPN y de los 27.752 de EH Bildu.
La portavoz socialista sale del Ayuntamiento rumbo a Madrid en un momento en el que suenan tambores de moción de censura a la alcaldesa Cristina Ibarrola:
"El PSN se presentaba para liderar el Ayuntamiento de Pamplona, no para hacer alcaldesa a Cristina Ibarrola (UPN) ni para hacer alcalde a Joseba Asiron (EH Bildu) porque esta ciudad necesita diálogo, convivencia, acuerdos", manifestó Saiz tras las elecciones. "Sacar a Pamplona de la polarización política es el objetivo del PSN", recalcó.
Según fuentes del PSN, es ahora momento de "reestructurar y adecuar con nuevas personas" el grupo municipal en el consistorio. Tomás Rodríguez Garraza, director general de Formación Profesional del Gobierno de Navarra en la pasada legislatura, sustituirá a Saiz como concejal. Preguntada por quién asumirá ahora la portavocía socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, María Chivite ha indicado que "es un poco pronto para esa decisión".
Los retos de Elma Saiz como nueva ministra de Seguridad Social
La nueva ministra de Seguridad Social afrontará en esta legislatura varios retos heredados de las reformas de pensiones acometidas en la anterior, así como otros nuevos recogidos en los compromisos adquiridos por el PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El anterior ministro del ramo, José Luis Escrivá, llevó a cabo en la pasada legislatura varias reformas de calado para el sistema de pensiones, algunas con el concurso de los agentes sociales, y otras con el respaldo único de los sindicatos, que habrán de seguir desplegándose en el próximo periodo.
En la pasada legislatura, el Gobierno puso en marcha su reforma de pensiones en dos fases. La primera pata consagró la revalorización de las pensiones con el IPC, revisó el modelo de jubilaciones anticipadas e introdujo mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral al objeto de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
El despliegue de reformas ya en vigor y la jubilación parcial, entre los desafíos que abordará Elma Saiz
En esta primera fase de la reforma, se eliminó el llamado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 del Gobierno del PP, que fue sustituido por el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuya entrada en vigor se produjo este mismo año y con el que se estableció una sobrecotización inicial del 0,6%, que irá subiendo progresivamente hasta el 1,2% en 2029.
La segunda pata de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de este año y centrada en la obtención de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema, contempla subidas de bases máximas y cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento progresivo, a partir de 2027, de un modelo dual para calcular la pensión, con la posibilidad de elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este último caso los dos peores.
De acuerdo con esta reforma, desde el próximo año y hasta 2050, las bases máximas de cotización subirán anualmente con el IPC más una cuantía fija de 1,2 puntos, y las pensiones mínimas contributivas experimentarán, también desde 2024 y hasta 2027, una subida progresiva superior al IPC para asegurar que al final de dicho periodo no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.
Macrofondo de pensiones de promoción pública
Junto a estas dos reformas, el Ejecutivo llevó a cabo en la anterior legislatura otras reformas que continuarán desplegándose en los próximos años, como la reforma del sistema de cotización de los autónomos en función de sus rendimientos netos y la reforma de la Ley de Planes de Pensiones de Empleo, con la que se estableció un marco normativo actualizado para impulsar el ahorro vinculado al ámbito laboral entre todos los trabajadores.
Esta norma, aprobada tan sólo unos días antes de las elecciones generales del 23 de julio, fijó los elementos básicos para la constitución y funcionamiento de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos.
Precisamente, otro de los grandes retos de esta legislatura en materia de Seguridad Social será el arranque, previsto para las próximas semanas, del macrofondo de pensiones de promoción pública diseñado por el Ministerio de Escrivá en la anterior legislatura.
El último paso para que este macrofondo eche a andar se produjo tan sólo hace unos días, cuando la Comisión Promotora y de Seguimiento (CPS) de los fondos de pensiones de empleo abiertos de promoción pública nombró a los 13 integrantes de la Comisión de Control Especial, órgano encargado de la supervisión de dichos fondos.
La constitución de esta Comisión de Control, integrada por miembros del Gobierno, CCOO y UGT y organizaciones empresariales, tendrá lugar el próximo 21 de noviembre.
Reforma de la jubilación parcial
Junto a todo lo anterior, PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo para la constitución del nuevo Gobierno, diversas materias que afectan a la Seguridad Social y que formarán parte de las medidas a afrontar por el Ministerio de la Seguridad Social en esta legislatura. Así, dicho acuerdo recoge que se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.
PSOE y Sumar se han comprometido a seguir actualizando las pensiones con el IPC, a seguir aumentando las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea, y a seguir progresando en la eliminación de la brecha de género de las pensiones, incluyendo nuevos mecanismos para reducir dicha brecha.
Al mismo tiempo, y para el colectivo de autónomos, las partes se han comprometido a extender la posibilidad de aplicar la cuota reducida (tarifa plana) a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de la actividad en los que se produzcan caídas de sus ingresos por debajo del SMI, cuando declaren por estimación directa, todo ello sin pérdida de derechos de protección social.
