PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin cerraron filas con el Gobierno en el proceso de adjudicación de las obras de los túneles de Belate. El bloque progresista, ante el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, señaló como clave que el proceso terminara con un informe final favorable por parte del interventor y que ninguna de las empresas que concurrió presentara recurso, lo que hubiera denotado discrepancias con cómo quedó el asunto. Mientras, la derecha de UPN, PP y Vox, en un bloque granítico, volvió a utilizar el episodio –alimentado tras la moción de censura a Ibarrola en Pamplona– para estirar las sospechas de corrupción de un caso que languidece conforme pasan las semanas.
Chivite, en su comparecencia, reiteró que el proceso de adjudicación de las obras de Belate es “completamente legal y transparente, que se cumplió escrupulosamente con la ley. La adjudicación, dijo, se basa en la propuesta de adjudicación firmada por los ocho miembros de la mesa de contratación y en el informe favorable con reparo no suspensivo del interventor delegado del departamento”. “Ninguna de las 17 empresas constituidas en las siete uniones temporales de empresas presentadas han recurrido el procedimiento”, añadió. La mesa de contratación, explicó, es “un órgano independiente en sus deliberaciones y autónomo en sus decisiones” y agregó que este órgano está compuesto por ocho empleados públicos de “dilatada experiencia” –cinco ingenieros, dos licenciados en derecho y un interventor–.
Discrepancias evidentes
El consejero señaló que “es evidente que ha habido discrepancias en la valoración, pero esto no es algo extraordinario en la labor que se realiza en un órgano de debate independiente como el que estamos hablando y lo más destacable es que el resultado está claro”.
“Se resume en la conclusión de dos documentos determinantes: la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, en la que los ochos miembros firman el documento, y el informe de fiscalización favorable con reparo no suspensivo del interventor delegado en el departamento de Cohesión Territorial”, explicó. También intervino el director general de Obras Públicas, Pedro López, que señaló que “dada la trascendencia del contrato y a la vista de los votos particulares y para argumentar la decisión sobre la propuesta de la mesa y el interventor delegado, se realizan una serie de actuaciones referidas a las cuestiones principales que habían suscitado los votos particulares”.
En concreto, indicó que se hicieron gestiones respecto a la solvencia técnica de la empresa, que según dijo, ha quedado “acreditada” con un certificado de la Demarcación del Estado en Aragón.
Por otro lado, según se apuntaba también en los votos particulares, la documentación de la licitación estuvo tres días colgada en una unidad de red de Obras Públicas e Infraestructuras. “A esa red solo tiene acceso parte de los empleados de Obras Públicas e Infraestructuras y de la Secretaría General Técnica. No tienen acceso el resto de los empleados del departamento de Cohesión Territorial”, aseguró López.
Respecto al orden de votación en la mesa (el presidente votó cuando ya conocía los puntos del resto de miembros), López detalló que “el procedimiento de votación no está regulado de una forma específica en la ley foral de Contratos Públicos y por tanto caben diferentes formas de proceder”.
