Después de forzar más de una decena de comparecencias parlamentarias sobre la adjudicación de los túneles de Belate y de haber recibido más de 20.000 folios de información sobre este procedimiento sin demostrar irregularidad alguna, UPN avanzó este martes que llevará este procedimiento a la Fiscalía Anticorrupción.
El anuncio, verbalizado por Javier Esparza durante la comparecencia de María Chivite en la Cámara foral, no causó ni sorpresa ni temor en la sala. Más bien al contrario, fue recibido con cierto jolgorio por los grupos parlamentarios.
“Me alegra el anuncio del señor Esparza de acudir a la Fiscalía anticorrupción porque si tan claro lo tienen, acudan de una vez por todas y no nos hagan perder el tiempo con este tipo de embarramientos”, celebró el parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, tras criticar “el cínico espectáculo en el que la derecha de UPN pretende sembrar la duda sobre el Gobierno”, en un procedimiento que a su juicio es “legal y transparente”.
La reacción de Guzmán fue similar a la que tuvieron los socios del Ejecutivo foral. Pablo Azcona, de Geroa Bai, defendió que el procedimiento se ha hecho de “forma legal”, destacó que los grupos han dispuesto de “toda la información” e invitó a la formación regionalista a acudir a los tribunales. “Si en UPN creen que hay algo más ya saben dónde tienen que ir; pero no vemos más allá del intento de seguir embarrando”.
También el parlamentario del PSN Javier Lecumberri celebró la amenaza de UPN de judicializar este proceso. “¡Por fin van a presentar un escrito a la Fiscalía!”, exclamó antes de recordar a UPN que “ha habido doce peticiones de comparecencia para exigir la misma información que ya tienen, la que les ha llegado a través del Portal de Transparencia, y de los miles de folios de correos electrónicos que ustedes han recibido con todas las explicaciones hasta la saciedad”.
“extender la mancha” Sin llegar a valorar el anuncio de Esparza, Adolfo Araiz (EH Bildu) criticó que “UPN hable de indicios penales” e incidió en que no comparten la estrategia política de la formación regionalista de “extender la mancha”, antes de matizar que “si hay algo que tenemos que aprender de este expediente es que hay que afinar más la motivación jurídica”.
Las palabras de Araiz llegaron después de que Javier Esparza protagonizara el enésimo tenso cruce de reproches con el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz.
Esparza resaltó que “nunca antes un funcionario público, un secretario de la mesa de contratación, había enviado una carta al Parlamento para aclarar la comparecencia de un consejero, diciendo que se nos mintió y que se nos ocultó información”. “Es gravísimo, y lo dice un funcionario público, no lo dice ningún partido político”, continuó el portavoz de UPN antes de anunciar la denuncia del procedimiento ante los tribunales. “Si no pasa nada en el Gobierno después de esto y se opta por tapar todo, no nos va a quedar otra opción que llevar este expediente a la Fiscalía Anticorrupción”, señaló Esparza, tras mencionar en varias ocasiones una comida que María Chivite celebró durante la pandemia con directivos de las empresas de la UTE que va a construir estos túneles.
"JUGANDO CON LA MENTIRA"
La intervención de Esparza molestó a Alzorriz, cansado de “las mentiras continuadas y las insinuaciones maliciosas y peligrosas que en UPN están llevando a cabo en su estrategia orquestada” que sólo busca desacreditar un gobierno legítimo”.
Añadió que “UPN ha entrado en la espiral de la mentira, el bulo y la confrontación a raíz de la moción de censura en Pamplona”, y también festejó que UPN vaya a llevar el tema a la Fiscalía.
“Nos alegramos del último anuncio, pero tenga cuidado, no vaya a ser que entre como acusador y salga como acusado”, valoró el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz.
Desde las filas del PP, Javier García pidió el cese inmediato del consejero de Cohesión Territorial, tras considerar que este expediente “debiera haberse resuelto de forma exquisita”, y sin embargo, el Gobierno “debe muchas explicaciones de las que hoy nos ha dado”.
En la misma línea, Emilio Jiménez, de Vox, reprochó las “pocas explicaciones” dadas por la presidenta, que “no aclara sino que oscurece aún más”. En su opinión, UPN “está en su derecho” de acudir a los tribunales, porque “hay dudas razonables, falta de transparencia y posibles irregularidades”.
