El Gobierno de Navarra defiende la “transparencia” y la “legalidad” con la que se ha llevado a cabo todo el proceso de adjudicación de las obras de duplicidad de los túneles de Belate. Un proceso que ha generado discrepancias entre los técnicos de la mesa de contratación, pero que ha salido adelante con el aval de los órganos de control y de intervención del Gobierno de Navarra.
La presidenta, María Chivite, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y el director general de Obras Públicas e Infraestructuras, Pedro López, acudieron ayer al Parlamento a dar explicaciones en torno a la adjudicación de unas obras que van a costar más de 75 millones y sobre la que UPN ha tratado de sembrar la sospecha desde que se resolvió el expediente de contratación. Pero a la que poca información adicional pudieron aportar. “Hemos trasladado al Parlamento toda la información que se nos ha solicitado”, garantizo el consejero Chivite.
Tanto el titular de Obras Públicas como la presidenta acudieron al Parlamento a petición de UPN, que volvió a quejarse de falta de información. Lo hicieron por separado. María Chivite primero y el consejero y su director general después. Ambos encontraron enfrente la oposición frontal de los regionalistas que, lejos de dar por buenas las explicaciones subieron un escalón más para anunciar que llevarán el caso a la Fiscalía. Serán por lo tanto los tribunales quienes aclaren si, más allá de la división de opiniones en la mesa de contratación sobre cuál de las dos ofertas presentadas era mejor -y que fue resuelta por votación del lado de la mayoría-, hay algún tipo de irregularidad que, al menos por ahora, nadie ha probado.
EL GOBIERNO SE DEFIENDE
La primera en comparecer fue la presidenta, que quiso dejar claro que el proceso de adjudicación ha sido “claro y transparente”. “Se ha cumplido escrupulosamente la ley. La adjudicación se basa en la propuesta firmada por los ocho miembros de la mesa de contratación y en el informe favorable con reparo no suspensivo del interventor delegado del departamento”, enfatizó.
Fue la forma con la que Chivite quiso cerrar una comparecencia que comenzó recordando que la presidenta no interviene en ningún proceso de contratación. Esta es además no solo “la adjudicación más transparente de todas las que ha llevado a cabo este Gobierno”, sino también “la más transparente de todas las adjudicaciones que haya podido hacer nunca cualquier administración en Navarra”. Detalló así cómo se ha desarrollado el proceso desde que se redacta el proyecto constructivo en 2020 hasta la adjudicación de las obras el pasado 15 de enero. Y señaló que “todo es público y comprobable”.
EUROPA MIRA
La presidenta quiso poner en valor la importancia de una obra que, más allá de la polémica generada, está ya en marcha, y que supone además una exigencia de la Unión Europea. Para finales de este mes está previsto que representantes del Gobierno de Navarra acudan a Bruselas para detallar el estado de las obras y justificar por qué los túneles siguen incumpliendo la normativa comunitaria 20 años después de su aprobación. Algo que, recordó, es también responsabilidad de UPN, que durante 11 años de Gobierno no hizo nada.
María Chivite salió también en defensa de su consejero, Óscar Chivite con quien mantiene vínculo familiar. El titular de Cohesión Territorial, que compareció después de la presidenta, volvió a ser el objetivo central de las críticas de UPN, que volvió a pedir, sin éxito, su dimisión. “Solo generan ruido”, se quejó el consejero, que defendió que “el Gobierno ha puesto solución a un problema heredado que UPN fue incapaz de solventar, ni siquiera iniciar”.
Finalmente, el director general de Obras Públicas, Pedro López, defendió que “la mesa de contratación es un órgano colegiado que se rige por las mayorías, es independiente en sus deliberaciones y, por tanto, autónomo en sus decisiones”.
LOS PORTAVOCES
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha defendido que la adjudicación de estas obras es "legal" y que sí que es "llamativo" que en una mesa compuesta por ocho personas "cinco muestren una posición y tres en determinados asuntos muestren otra". "¿Con esos votos particulares damos por hecho que la adjudicación es ilegal?", ha dicho, para criticar que "UPN habla de indicios penales". Araiz ha comentado que no comparten la estrategia política de la formación regionalista de "extender la mancha". No obstante, ha indicado que "si hay algo que tenemos que aprender de este expediente es que hay que afinar más la motivación jurídica".
Por su parte, Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha opinado que en el proceso se han ido dando los pasos "por mayoría" y de "forma legal". "La mesa de contratación hizo una propuesta con un informe de reparo no suspensivo, que esto es clave, y por tanto no se paraliza. No vamos a entrar en la dinámica de poner en duda estas cuestiones, hemos tenido toda la información", ha dicho, para indicar a UPN que "si creen que hay algo más ya saben dónde tienen que ir; pero no vemos más allá del intento de UPN de seguir embarrando".
El portavoz del PPN, Javier García, ha opinado que esta obra "debiera haberse resuelto de forma exquisita", y ha acusado al Gobierno de "embarrar" esta obra. Ha señalado que "debe muchas explicaciones de las que hoy nos ha dado" y ha pedido el cese inmediato del consejero de Cohesión Territorial.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha criticado "un cínico espectáculo en el que la derecha de UPN pretende sembrar la duda sobre el Gobierno" y ha comentado que "me alegra el anuncio del señor Esparza de acudir a la Fiscalía Anticorrupción porque si tan claro lo tienen, acudan de una vez por todas y no nos hagan perder el tiempo con este tipo de embarramientos". A su juicio, éste es un procedimiento "legal y transparente".
Desde Vox, Emilio Jiménez ha señalado que "pocas explicaciones" ha dado la presidenta, que "no aclara sino que oscurece aún más". En su opinión, UPN "está en su derecho" de acudir a los tribunales, "entendemos que quizás va a ser el único camino que pueda haber".
