La Mesa y Junta de portavoces del Parlamento foral va a abordar mañana un tema que trae de cabeza a más de un centenar de alcaldes y ayuntamientos navarros: qué ocurre con la estabilización de las plazas de secretarios e interventores municipales, un tema que ahora mismo está patas arriba.

El proceso está suspendido desde que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) aceptó el recurso planteado por unos aspirantes, que denunciaron que las condiciones del concurso de méritos –una de las partes del proceso, junto con el concurso de traslados y la oposición– impedían la libre concurrencia del resto de todos los candidatos. El TSJN compartió las tesis de los denunciantes y decidió elevar una duda al Tribunal Constitucional. 

Hasta que el alto tribunal la resuelva, todo el proceso –no solo el concurso de méritos– está parado. Además, la ley navarra estipula que por motivos de eficiencia administrativa, todos los aspirantes –de cada una de las listas– tiene que tomar posesión a la vez, así que de alguna manera los tres procesos están relacionados y ahora están lastrados por las objeciones del Constitucional sobre los méritos.

procesos vinculados Hace unas semanas, el Gobierno de Navarra accedió a modificar esa ley, la ley foral 16/2022. Por lo menos es lo que trasladó a los grupos, a los el consejero Óscar Chivite, titular de Cohesión Territorial, dijo que iba a hablar con todas las partes implicadas. Pero lo cierto es que todavía no ha movido ficha y la situación sigue bloqueada. Por esa razón, el PP ha registrado una proposición de ley que propone suprimir el apartado 2 del artículo 8, el que estipula que todos los opositores –los que concurran a los procesos de méritos, traslados y oposición– tomarán posesión de sus plazas a la vez.

Con esto lo que se pretende conseguir es que el recurso de inconstitucionalidad sobre el concurso de méritos no obligue a detener el resto de procesos, y que por lo menos quienes optaron solo a la oposición o los traslados –que son unas 50 plazas– sí puedan tomar posesión. Mientras tanto, continúa la interinidad, solo que ahora además hay un componente extra de incertidumbre. La situación no gusta nada a muchos alcaldes. 

La iniciativa del PP llega después de que la parlamentaria Irene Royo, en uno de los últimos plenos, preguntara al consejero Chivite que si el Gobierno no movía ficha con este tema, serían ellos quienes propondrían una ley. Tiene pocos visos de salir adelante. Hay toda una red de intereses en los ayuntamientos, donde los partidos del Parlamento tienen mucho que decir.