Junts no iba se farol. Cuando Carles Puigdemont avisó de que todas las negociaciones quedaban suspendidas, incluidas las votaciones en el Congreso, hacía alusión a lo que ayer podía acontecer en la Cámara baja, dejando contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez, como así ocurrió. “Para convalidar decretos, que no nos busquen”, había advertido antes de consumar la amenaza de hacer caer el decreto ómnibus tras unir sus votos a PP y Vox, que, entre otros aspectos, recogía la subida de las pensiones y la prórroga de la rebaja en el transporte público.

Pese a acusar al Ejecutivo de “trilerismo”, JxCat precisó que no está en contra de estas propuestas, emplazando a Moncloa a aprobarlas en el Consejo de Ministros de manera independientes y no en un texto acompañado de “80 medidas más”. “Es el PSOE quien juega con los pensionistas y los usuarios del transporte público para reforzar su relato y acusarnos de ello”, subrayó Puigdemont, que ve a los socialistas a lomos de una táctica que considera que es ya de “precampaña electoral”. El resto del hemiciclo votó a favor del decreto, mientras que UPN se abstuvo y el exministro integrado ahora en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, no acudió a la sesión.

Medidas que decaen

Revalorización de pensiones. Para adecuarlas al IPC. Seguridad Social asegura que sí se aplicará en el cobro de la nómina de enero.

Descuento del transporte. A partir de hoy caen los descuentos en Renfe y autobuses interurbanos. En el resto depende de las comunidades y diputaciones.

Afectados por la dana. Cae el apoyo económico a los afectados por la dana y la extensión de las medidas dirigidas a la reconstrucción de la isla de La Palma.

Bono social. Descuentos en la factura eléctrica que varían en función del grado de vulnerabilidad.

Suspensión de desahucios. Se recogía también la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2025, de la suspensión de estos procedimientos en los términos que se definieron al comenzar la pandemia.

Ese 177 frente a 171 es con el que ahora debe remar Sánchez, quién sabe hasta dónde y hasta cuándo. Por de pronto, queda sin efecto la subida del 2,8% para las pensiones contributivas y de las clases pasivas del Estado en 2025, a la espera de que el Gobierno decida qué hacer. Tampoco subirán un 6% las pensiones mínimas y las no contributivas, ni un 9% el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El decreto también amasaba la prórroga de las ayudas al transporte público hasta junio de 2025, así como la prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables, ayudas para las personas afectadas por el temporal de la dana, la suspensión de los desahucios en los términos que se definieron al comenzar la crisis de la pandemia, además del capote a Ceuta para poder atender a menores migrantes. El PP justificó su voto en contra por incluir la norma una disposición que cede al PNV la propiedad de su histórico palacete de París, aunque los jeltzales matizaron que su transmisión no queda anulado porque ya está en sus manos. “No vamos a respaldar un proyecto de recortes y de chantaje”, enfatizó el vicesecretario popular Bravo.

En este contexto, Puigdemont quiso descargarse de culpas y atizó al Gobierno. “Aprovechar que son decisiones que todos queremos aprobar para forzarnos a aceptar en el mismo paquete 80 medidas de lo más diversas y dispersas es inaceptable. Sánchez lo sabe porque se lo hemos dicho en todas las reuniones”, argumentó el president en el exilio, para quien el Ejecutivo “ha preferido el titular, pensando que a ellos políticamente les es rentable, y tienen altavoces de sobra, propios y ajenos, para sacar rédito, aunque sea a costa de los ciudadanos”. A su juicio, Sánchez está “acostumbrado” a una manera de hacer política y de socios “que se mueve por la estética o el miedo escénico”, por el “como quedaremos” y “qué dirán”, en vez de poder explicar sus “decisiones complejas a quien tenga interés real”. “Gobernar en minoría exige una gran responsabilidad, culpar a los otros de las consecuencias de tus actos no genera confianza”, alertó, agregando que el Gabinete de coalición quizá está “mal acostumbrado a partidos que les dan todo el apoyo de manera incondicional”, pero “no es ni ha sido nunca nuestro caso”. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, acusó a los socialistas de “mentiras, manipulaciones, prepotencia e incumplimientos”.

Feijóo reclama elecciones

Ante esta tesitura, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conminó a Sánchez a convocar elecciones. “Ya hemos tenido suficiente. Debe apartarse porque el escenario es inasumible. El colmo es que responsabilice a la oposición si no puede gobernar”, destacó el jefe de Génova, para quien “la legislatura es ingobernable”. Y añadió: “Sin la confianza de la Cámara ni de la calle, ya solo puede aportar decadencia e inoperancia”. Una visión que no comparten desde Moncloa. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló que la caída del decreto es culpa “del PP, en compañía de otros”, mientras que la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pidió a la formación de Feijóo que “no juegue con las cosas del comer”. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apuntó al PP por causar “daño” a la gente y llamó a Junts a “recobrar la confianza” con el Gobierno. A unos cuantos kilómetros, quien volvió a ejercer como díscolo socialista fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien no cree que la legislatura “tenga salida”, ni que el propio Sánchez sepa cómo salir de ese “laberinto”, pidiéndole que “al menos sea digna, honrosa y razonable”.

Contra el partido de Puigdemont arremetió directamente el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por “mentir de forma miserable” cuando dice que Esquerra respalda al Ejecutivo a cambio de nada y catalogó a JxCat como “la derecha reaccionaria de Catalunya”. “Esto ha sido una prueba más de que hay una mayoría que ya existe en el Congreso, la formada por PP, Vox y Junts, que acabará cargándose este Gobierno”, sentenció. Desde EH Bildu, la portavoz Mertxe Aizpurua lamentó que que la ciudadanía “pague por los cálculos partidistas de unos y de otros”.

Por su parte, el PNV entiende que Junts pueda estar “cabreado” pero, en palabras de su portavoz, Aitor Esteban, debería actuar con más “frialdad y reflexión” a la hora de negociar y votar. A su juicio, cada partido hace la política a su manera, pero hay que ver también los movimientos que se hacen y qué es lo que luego puede ocurrir. “Estamos en un momento político de la legislatura complicado y cada uno tiene que ver lo que hace. Debemos saber todos que el juego de regate corto en política sirve un ratito, pero muy poco”, apostilló el dirigente jeltzale.

Impuesto energético

A su vez, Moncloa lamentó la caída del decreto para el establecimiento de un gravamen temporal energético, al que se oponen PP, Vox, Junts y PNV. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dijo que han hecho “lo humanamente posible” para buscar el mayor consenso y que esta medida pudiera abrirse camino. “Sería bueno que este país contara con un impuesto a las energéticas que tuviera en cuenta las inversiones que hay que hacer para la electrificación de la economía”, avaló.

Las pensiones suben un 2,8% en enero, pero en febrero se recortan

La subida del 2,8% en la cuantía de las pensiones en enero se producirá, a pesar de que PP, Vox y Junts han sumado sus votos este miércoles en el Pleno del Congreso para tumbar el decreto ley ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, pero en febrero se verán recortadas.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que indican que esta revalorización se producirá para el primer mes del año porque el decreto ley que lo regulaba “ha estado vigente hasta hoy”. Sin embargo, el ‘no’ de PP, Vox y Junts supondrá que los pensionistas en febrero soporten una pensión más baja.

El Gobierno aprobó el pasado diciembre un incremento de las pensiones con carácter general del 2,8% para 2025, conforme al IPC, y la subida de las más bajas de entre un 6% y un 9%, por encima de la subida de los precios.

Esto suponía que las pensiones mínimas aumentaran cerca de un 6%, y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizaran un 9%. No obstante, la revalorización de las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares se fijaba en el 9,1%.

 De igual manera, con la caída del decreto ómnibus, el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a la cifra de 2023, que era de 1.080 euros al mes en 14 pagas, debido a que el real decreto también incluía la prórroga del alza del SMI de 2024. Esta situación se mantendrá previsiblemente hasta que se acuerde una nueva alza para el salario mínimo de 2025.

El decreto también incorporaba una subida de las cotizaciones sociales que ahora queda paralizada. En concreto, subía la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en una décima, del 0,7 al 0,8%. Un incremento que no implica una mejora de la pensión futura de los cotizantes, ya que estos recursos se dotarán al Fondo de Reserva para pagar las pensiones de las tres próximas décadas.

También queda paralizada la aplicación de la cuota de solidaridad para los salarios que superen la base máxima de 4.909 euros mensuales (58.908 euros al año) y la subida de la pensión máxima hasta los 3.267,60 euros al mes.