El Parlamento de Navarra ha sido testigo hoy de la presentación de la memoria anual de la gestión de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, presentado por el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza en el Parlamento.
La Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra ha recibido un total de 125 solicitudes de reconocimiento de víctimas, 50 durante 2023 y 75 durante 2024. "Entre enero y diciembre de 2024, la comisión ha celebrado once sesiones y se ha propuesto la resolución de 47 solicitudes, de las que 41 han sido estimadas, una desestimada y cinco, inadmitidas", según ha señalado Martín Zabalza. Además, se ha reconocido una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.
Seis víctimas mortales en diferentes épocas y situaciones
La tipología de los casos admitidos y reconocidos recoge distintas situaciones. Así, 6 tuvieron un resultado de muerte a las que hay que sumar personas heridas y otras que han padecido daños físicos y psíquicos, en distintas situaciones y momentos.
En concreto, según se contempla en el informe a, otras 16 víctimas fueron detenidas y sufrieron "malos tratos/tortura", según el informe. Otras dos víctimas sufrieron "daños físicos y materiales" en otras situaciones; 6 víctimas sufrieron "daños psicológicos" y 11 víctimas sufrieron "daños físicos", causados por uso de material antidisturbios, arma de fuego y otro tipo de violencias. Por género, el 83 % son hombres y hay 7 mujeres.
Se trata de víctimas de un espectro social y político amplio, que -desde un punto de vista cronológico- están repartidas de forma bastante equilibrada en tres grandes periodos. El 36 % se refiere a los años 60 y 70 (coincidiendo con movilizaciones obreras contra la dictadura y otras protestas políticas del tardofranquismo); un 27 %, al periodo que va desde 1980 a los años 90; y el otro 37 %, a una época más reciente, partir del año 2000.
La mayoría de los casos están relacionados con violencia ejercida por funcionarios públicos de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque también hay varios producidos a consecuencia de hechos reivindicados por la extrema derecha.
La Comisión trabaja actualmente en otros 78 expedientes que se encuentran en diferentes fases de tramitación, porque es un proceso que sigue abierto.
De hecho, la recepción de solicitudes está abierta -según la ley y la correspondiente orden foral- hasta julio de 2027 y está pensada, en cuanto al marco temporal, para "víctimas de acciones acontecidas a partir del 1 de enero de 1950 hasta el momento de su presentación".
Todos ellos pasan en primer lugar esa la Comisión de Reconocimiento y Reparación, que está compuesta por el director de Memoria y Convivencia, el director del Instituto Navarro de la Memoria, dos peritos forenses y una psicóloga con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Navarra.
Además, a propuesta del Parlamento de Navarra, está completada por cuatro personas expertas del ámbito académico y social (Marta Rodríguez Fouz, Mikel Berraondo, Roldán Jimeno y Soledad Barber. Este órgano fue constituido a través de una orden foral de la consejera al amparo de dicha ley.
Debate en la comisión
Martín Zabalza, presidente de la Comisión, ha destacado que la ley foral que reconoce a estas víctimas es una norma "sin declaración jurídico penal atributiva de responsabilidad" y ha explicado que el Tribunal Constitucional establece en su doctrina una "línea roja" que está "taxativamente vedada a la ley de víctimas de motivación política navarra". "Estamos respetando de forma radical el mandato del alto tribunal. Reconocemos víctimas, sí, pero no identificamos victimarios", ha señalado.
Según Zabalza "los dictámenes de la comisión y las posteriores resoluciones administrativas de reconocimiento de víctimas de motivación política crean en nuestra Comunidad un novedoso espacio de reconocimiento institucional ya consolidado y superador de un periodo histórico de negacionismo y de vulneraciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos".
En el turno de los grupos, la portavoz de UPN, Marta Álvarez, ha afirmado que su formación "ha demostrado ya en muchas ocasiones que el respeto a los derechos humanos de todas las personas es para nosotros fundamental, venga de donde venga, toda la violencia es ilegítima, también las torturas y los malos tratos". No obstante, ha tratado de justificar que su grupo votó en contra de esta ley, "porque sin negar que sea constitucional, y aunque es constitucional reconocer a víctimas de forma extrajudicial, tenemos dudas de que una comisión como la que se ha formado sea la mejor forma de hacerlo". "No acabamos de entender la diferencia de requisitos para acceder al reconocimiento entre víctimas del terrorismo y víctimas de la violencia", ha afirmado Álvarez, para pedir "transparencia" en los trabajos.
La portavoz del PSN, Inma Jurío, ha señalado que "el reconocimiento de los derechos humanos vulnerados es para todas las personas que sufrieron, no solo es para una parte, y nuestra democracia debía profundizar en el reconocimiento y reparación de víctimas que durante años sufrieron silencio y que no fueron reconocidas". Además, ha defendido que "la independencia y profesionalidad de esta comisión y el procedimiento establecido le otorgan la misma transparencia y veracidad que la que puede tener en otros ámbitos un juzgado aplicando legislación".
A juicio de la portavoz de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga, a tenor del informe presentado por Zabalza, "podemos afirmar que se han dado pasos importantes y se ha consolidado el trabajo de la comisión". "Es importante continuar con los actos institucionales e instamos al Gobierno de Navarra a que participe con una representación institucional de máximo nivel, acorde a la gravedad de las violaciones de derechos humanos. Son pasos importantes en el derecho a la verdad y al reconocimiento de unas víctimas que durante años han sido silenciadas, negadas, olvidadas, incluso perseguidas y criminalizadas por denunciar graves violaciones de derechos humanos", ha indicado.
Para Mikel Asiain (Geroa Bai) la ley de reconocimiento a víctimas de motivación política "es una lógica consecuencia de las políticas públicas de reconocimiento y reparación de diferentes víctimas iniciadas en 2015 -con el Gobierno de Uxue Barkos-, porque el apoyo real, dotando a lo establecido en normas jurídicas de medios humanos y materiales y de recursos económicos nunca" se dio antes. "La mera creación dentro del departamento de Relaciones Ciudadanas de una Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos da fe de la importancia que aquel Gobierno confirió a esas políticas, políticas reales, con presupuestos y hechos objetivables y medibles", ha resaltado, y ha incidido en la necesidad como mínimo de reformar la Ley de Secretos Oficiales para avanzar en memoria.
Según la parlamentaria del PPN Irene Royo, su grupo "condena la violencia venga de done venga como forma para conseguir cualquier objetivo político" y ha indicado que "nos parece a veces un acto de hipocresía que se pongan los focos en algunas reparaciones y se obvie el mayor acto de violencia que hemos sufrido en Navarra, que es el de la violencia del terrorismo". "No podemos obviar que hay un elemento perverso en esta democracia, y es que todavía hay grupos parlamentarios que no han condenado la violencia de ETA y que hay otros grupos que pactan con los que no han condenado la violencia", ha afirmado.
Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha incidido en que "durante demasiadas décadas el reconocimiento de algunas víctimas se vio desplazado a ámbitos privados, del asociacionismo o familiar, mientras las Administraciones públicas, de manera distante, obviaban su directa implicación en algunas de esas vulneraciones de derechos humanos". "La aprobación de la ley supuso un nuevo e importante hito en las políticas de memoria que se están desarrollando en Navarra", ha señalado.
