La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, transmitió este viernes un mensaje de “tranquilidad” a los empleados públicos que podrían verse afectados por las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), ya que no pueden ser revisados los procedimientos administrativos o judiciales ya finalizados.
La cuestiones de inconstitucionalidad han sido planteadas por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJN a dos apartados del Decreto-Ley Foral del 23 de mayo de 2022 de medidas para la realización de los procesos de estabilización, recordó la consejera en comisión parlamentaria. Dos días después, el 25 de mayo, se aprobó la oferta parcial de empleo público del proceso extraordinario de estabilización para reducir la temporalidad del empleo público que ascendía a 3.548 plazas.
El Decreto-Ley Foral fue convalidado por el Parlamento de Navarra el 9 de junio, que acordó su tramitación como proyecto de Ley Foral.
El TSJN ha dictado dos autos en los que plantea sendas cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por la posible o eventual oposición del decreto a los artículos 23.2 y 14 de la Constitución, que reconocen el derecho al acceso en condiciones de igualdad al empleo público.
A la espera del TC
López explicó que el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad conlleva necesariamente la suspensión del plazo para dictar sentencia en los procedimientos ordinarios, que no podrá llegar hasta que el Tribunal Constitucional dicte su sentencia.
Añadió que “en ningún caso el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad suspende la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados”, por lo que la totalidad de la ley de medidas para la realización de los procesos de estabilización “está plenamente vigente”.
“Por razones de seguridad jurídica”, destacó López, “no pueden ser susceptibles de revisión los procedimientos administrativos o judiciales ya finalizados por resoluciones o sentencias firmes en los que los preceptos legales anulados hubieran sido aplicados”.
Por tanto, trasladó “un mensaje de tranquilidad y confianza a todos los empleados públicos que han participado en este proceso de estabilización extraordinario”.
En el marco de este proceso extraordinario, se convocaron y llevaron a cabo por el Ejecutivo Foral 388 procesos selectivos, que han permitido estabilizar un total de 3.548 plazas de empleo temporal.
Y respecto al cuestionamiento de la adopción de un sistema de concurso de méritos para el acceso al empleo público, López explicó que “el Gobierno de Navarra entiende que está plenamente justificada la excepcionalidad de este sistema de selección”.
La parlamentaria de UPN Marta Álvarez considera que el Constitucional, al admitirla a trámite, ya da a entender que “no está infundada” la cuestión planteada por el TSJN y cree importante que el Ejecutivo “se adelante a lo que pueda suceder”.
Por el PSN, Inma Jurío indicó a la parlamentaria de UPN que las consecuencias que ha planteando “se basan en hipótesis”, por lo que “es ciencia ficción a la hora de hacer política”.
Adolfo Araiz, de EH Bildu, pidió que no se hagan “futuribles”, ya que “primero hay que ver el fallo” del Constitucional. “Hay que tener una cierta paciencia”, añadió Araiz, quien instó a no ser “más alarmistas” de lo necesario.
La parlamentaria Blanca Regúlez, de Geroa Bai, tras destacar que Navarra tiene competencias en esta materia, abogó por “no crear alarma entre los funcionarios que han obtenido plaza” y “no hacer elucubraciones que luego no vayan a ser objetivas ni reales”.
Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido resaltó que el debate que no se está haciendo es “por qué llegamos a esa situación de temporalidad en la Administración pública y la responsabilidad que tenemos todas las agrupaciones políticas”.
