Transcurridos más de cuatro años desde que el 29 de enero de 2021 Manu Ayerdi se viera forzado a renunciar a su cargo de consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, la Sección Primera Audiencia Provincial de Navarra ha comunicado el archivo definitivo del denominado caso Davalor. Un procedimiento judicial motivado por una denuncia de UPN, que llevó hasta el Tribunal Supremo la acusación de “prevaricación” y “malversación” con una querella que buscaba obtener rentabilidad política y que encontró el rendimiento pretendido al cobrarse la dimisión de Ayerdi.
El auto notificado ayer supone el final de una causa, que no ha tenido ningún recorrido judicial, pese a que UPN y el PP, que se sumó después a la querella, lo intentaran hasta el último minuto. Prueba de ello es que estas dos formaciones y la Fiscalía no se conformaron con que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, María Luisa Corbacho, decretara el final de la investigación el 12 de diciembre de 2023, y presentaron un nuevo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, cuya vista oral se celebró el 11 de mayo de 2024. Para entonces, había quedado más que acreditado que los 12 meses legalmente establecidos para el plazo de investigación se habían superado sin que ni siquiera se hubiera tomado declaración a las personas investigadas, por lo que la causa estaba abocada al archivo.
Valoraciones
Geroa Bai y PNV celebraron ayer el final del caso y fueron muy críticos con UPN y PP.
“Con esta resolución se pone fin a un proceso basado en acusaciones infundadas que nunca debió iniciarse”, señaló Geroa Bai en un comunicado. La coalición recordó “nunca ha existido causa alguna porque tal y como concluyó la Cámara de Comptos en su informe, la operación se llevó a cabo con total legalidad y sin irregularidades, avalando tanto el procedimiento seguido como la honradez de Manu Ayerdi”.
Por todo ello, Geroa Bai critica “la utilización partidista de la justicia por parte de la derecha navarra, que ha instrumentalizado durante años este caso con un claro interés político”. “Durante más de cuatro años, UPN ha impulsado una campaña de persecución a la que posteriormente se sumó el PP, sin otro objetivo que el desgaste político, en una operación de acoso y derribo contra Ayerdi y Geroa Bai”, añadió la formación.
En la misma línea, el PNV ha exigido responsabilidades a UPN y PP por “el daño causado a la reputación y trayectoria política y profesional de Manu Ayerdi”. Tras mostrar su satisfacción por el archivo del caso, el presidente del Napar Buru Batzar, Unai Hualde, criticó que “UPN y PP lo han utilizado de forma torticera, interesada y partidaria desde el primer momento, a través de una campaña de acoso indecente hacia Manu Ayerdi”, y agregó que lo sucedido con este caso es “un ejemplo de persecución y carroñerismo político”.
Ayudas a Davalor
La causa que terminó con la carrera política de Ayerdi tiene su origen en la querella que presentó UPN contra quien era consejero del Gobierno por las ayudas otorgadas a Davalor a través de la empresa pública Sodena.
Davalor era una start up con una tecnología innovadora capaz de diagnosticar múltiples parámetros de la función visual, a la que Sodena llegó a realizar préstamos por 2,6 millones, pero no logró evitar su quiebra.
UPN aprovechó la fallida operación para denunciar a Ayerdi por malversación y prevaricación, dos delitos que estaban recogidos en la ley que regulaba las incompatibilidades de los miembros del Gobierno foral, por lo que solo la admisión a trámite. forzaba su dimisión. Una circunstancia que llevó al Parlamento a modificar la ley para que otros altos cargos no paguen futuras denuncias de motivación política.
