Instituciones Penitenciarias no informará a la UCO de las visitas que reciba Cerdán en la cárcel

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado este martes al Tribunal Supremo que deja sin efecto el envío de información a la Guardia Civil sobre las visitas recibidas en prisión por Santos Cerdán, encarcelado de forma provisional desde el pasado 30 de junio. La decisión, firmada por el secretario general Ángel Luis Ortiz, responde a una providencia dictada el 18 de julio por el magistrado instructor del caso en el Alto Tribunal, Leopoldo Puente, quien no había acordado ninguna resolución que amparase la solicitud realizada por la Unidad Central Operativa (UCO).

En su escrito, Ortiz informa al Supremo de que Instituciones Penitenciarias dejará de cumplir con la petición de la UCO, que solicitaba ser informada de las visitas que recibe Cerdán en el centro penitenciario de Soto del Real, donde permanece ingresado. La Secretaría General deja constancia de que queda “a disposición para cualquier tipo de actuación que se considere”, pero pone fin al cumplimiento automático de la petición policial.

La decisión coincide con el movimiento registrado este mismo martes en el Congreso de los Diputados, donde el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello (Comuns), ha formulado una batería de preguntas al Gobierno para que aclare si Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, mantiene vínculos con la Guardia Civil y si ha sido colaborador o agente encubierto, tras ser "indultado por José María Aznar y condecorado por el ministro Juan Ignacio Zoido poco antes de la caída del gobierno de Rajoy", recuerda el diputado. Pisarello alude a informaciones periodísticas, algo que ya hizo la defensa de Cerdán cuando pidió al magistrado dilucidar las relaciones de Koldo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Prisiones no tenía orden del juez

La actuación de Prisiones este martes se enmarca en una cadena de comunicaciones iniciada el pasado 3 de julio, cuando la UCO solicitó formalmente a Instituciones Penitenciarias conocer con antelación, o al menos en tiempo real, quién y cuándo visitaba al exdirigente socialista navarro, incluyendo las visitas imprevistas. Aunque la Guardia Civil aseguraba no estar interesada en el contenido de los encuentros, sí pedía "máxima discreción" en su tratamiento, lo que generó un profundo malestar en la defensa del político navarro.

En respuesta, el 9 de julio, la Secretaría General informó al Tribunal Supremo que estaba dando cumplimiento a la solicitud de la UCO, salvo que el tribunal indicara lo contrario. Esa notificación fue registrada en el Alto Tribunal y trasladada al magistrado instructor, quien el pasado viernes resolvió que no había emitido ninguna orden al respecto, por lo que dejaba la decisión en manos de la administración penitenciaria. Puente señalaba que Prisiones debía actuar “en los términos que considere normativamente conducentes”, es decir, aplicando la legalidad vigente.

La postura ambigua del juez dio margen a que Instituciones Penitenciarias continuara con el envío de información, aunque este martes ha decidido cesar dicha práctica tras la providencia del Supremo del 18 de julio. Con ello, se cierra una polémica que había suscitado fuertes críticas por parte de la defensa de Cerdán.

Los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo calificaron la petición de la Guardia Civil como un “atropello” al derecho de defensa, advirtiendo que incluir entre las visitas comunicadas a las realizadas por los abogados del interno vulneraría el secreto profesional y las garantías procesales. No descartaban, incluso, acudir al Tribunal Constitucional en solicitud de amparo.