El Tribunal Supremo comparte con la Fiscalía la sospecha de que únicamente Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, conoce quiénes pagaron las presuntas mordidas, cómo se hicieron esos pagos y qué camino siguió el dinero, en una trama de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública que ha sacudido al Ministerio de Transportes.
En el auto con el que rechaza su puesta en libertad, el alto tribunal sostiene que Cerdán, actualmente en prisión preventiva en Soto del Real, no solo habría desempeñado un papel de dirección en la trama, sino que su conocimiento del entramado sería tan exclusivo que solo él podría reconstruir el recorrido completo del dinero supuestamente defraudado.
“Existen indicios de que el recurrente, que niega cualquier responsabilidad, conoce a todos los que pagaron estas comisiones y sabe cómo le fueron pagadas, además de saber los conceptos con los que pudieron maquillarse los pagos y, quizás, incluso la propia procedencia bancaria de los fondos”, recoge la resolución.
El Supremo respalda así la tesis del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien defendió la necesidad de mantener en prisión al exnúmero tres del PSOE por su capacidad para ocultar pruebas, condicionar a testigos o proteger a los pagadores aún desconocidos de las supuestas adjudicaciones irregulares.
Los jueces insisten en que solo Cerdán parece saber el destino final del dinero y su reparto entre los beneficiarios. “Solo él conoce el rastro y los vestigios que su actividad puede haber dejado”, afirman. La Sala cree que podría incluso alterar pruebas o mover fondos ocultos si quedara en libertad, lo que reforzaría el riesgo de obstrucción a la investigación.
Un esquema delictivo aún bajo sombras
La Sala de Apelaciones advierte de que la investigación aún no ha logrado desvelar la identidad de todas las empresas beneficiadas, quién las representaba ni cómo se acordaron y ocultaron los pagos. Este desconocimiento, dice el Supremo, no es casual, sino que está directamente relacionado con el grado de control que Cerdán ejercía sobre la trama.
El auto describe que, mientras José Luis Ábalos ocupaba la cartera de Transportes y Koldo García actuaba como su asesor, se otorgaron adjudicaciones presuntamente irregulares a constructoras como Acciona, incluso en situaciones en las que no presentaban la mejor oferta económica. Según el Supremo, esas decisiones se veían favorecidas por criterios de valoración subjetiva que estarían “pervertidos”.
Uno de los elementos clave que refuerzan las sospechas contra Cerdán son las grabaciones que realizó Koldo García, también imputado. Estas conversaciones, obtenidas por la Guardia Civil durante el registro de su domicilio, son consideradas por el alto tribunal como “extraordinariamente elocuentes”. No solo reflejan la existencia de una red de reparto de dinero ilícito, sino que apuntan directamente a la implicación activa y jerárquica del exdirigente socialista.
“Los investigados se repartían, de manera furtiva, unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero, en un comportamiento que solo se muestra coherente con la actividad delictiva que se investiga”, resume el auto.
El Supremo descarta que las grabaciones hayan sido manipuladas o diseñadas para incriminar falsamente a Cerdán. Considera que no hay ningún indicio de edición, y recuerda que el propio exdiputado socialista no negó su contenido, sino que trató de restarle valor “con explicaciones abiertas pero compatibles con su existencia”.
Sociedades pantalla y hombres de paja
El tribunal también advierte del riesgo de que el investigado pueda concertarse con testigos, manipular documentos, justificar operaciones pasadas mediante nuevas pruebas creadas ad hoc, o incluso mover fondos defraudados mediante el uso de sociedades interpuestas o “hombres de paja”. Todo ello, señala el auto, justifica la decisión del juez instructor de evitar su puesta en libertad en esta fase del procedimiento.
Aunque Instituciones Penitenciarias se ha opuesto recientemente a que la Guardia Civil acceda a información sobre las visitas que recibe Cerdán en prisión, el Supremo aclara que esa información puede obtenerse sin necesidad de autorización judicial previa, y considera que la Policía tiene plena capacidad para controlar esos encuentros si lo estima necesario.
El análisis del Supremo traza un perfil de Cerdán como pieza clave en una red aún incompleta. Los investigadores no han conseguido reconstruir por completo ni el listado de adjudicatarias, ni el circuito financiero de las mordidas, ni el destino final de los beneficios obtenidos. Para los magistrados, esta falta de información refuerza el argumento de que solo el investigado dispone de las claves fundamentales para desentrañar el caso.
“Una parte nuclear de la indagación se orienta a definir todas las entidades involucradas y cuál fue el curso económico de los sobornos entre el pago y su percepción por quienes se enriquecieron”, apunta el auto.