El Gobierno foral, a la espera de recibir los informes para impugnar las ayudas de Valtierra

El Gobierno foral, dado que el informe del Consejo de Navarra no es vinculante pese a desautorizar las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento de Valtierra a los nacimientos que cumplan determinados requisitos de empadronamiento, está a la espera de atar jurídicamente argumentos para impugnarlas.

Lo ha dicho la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, quien al ser preguntada en rueda de prensa por estas ayudas y por las declaraciones del alcalde de Valtierra sobre el informe del Consejo de Navarra, ha avanzado que hay "distintas vías" para cuestionar ambas.

Ya ayer la vicepresidenta segunda Ana Ollo mostró su "vergüenza e indignación" por las declaraciones, "incluso incitando al odio y la violencia", del alcalde regionalista de Valtierra, Manolo Resa, contra los inmigrantes y avanzó que se estudiaría la posibilidad de interponer una denuncia.

Poco antes, el alcalde Resa rechazó en unas declaraciones el informe del Consejo de Navarra contrario a la posible discriminación de las ayudas a la natalidad aprobadas por el Ayuntamiento de Valtierra, que exigen el empadronamiento de los progenitores al menos dos décadas antes y el del recién nacido durante al menos dos décadas después.

Resa defendió "poner dinero a gente con raíces de nuestra tierra porque estamos recibiendo muchos emigrantes que nos cuestan un pastizal". "Los menas esos cuestan 4.950 euros al mes, un señorito de esos", dice sobre los menores no acompañados acogidos por el Gobierno de Navarra, y zanja sobre ellos: "Vamos a tener problemas con esta gente, tienen muchos derechos y obligaciones ninguna".

Para Alfaro "son declaraciones absolutamente impresentables", parte de un discurso que, aunque es de un alcalde de UPN, "es propio de ultraderecha", ha dicho para apuntar a problemas como los vividos este verano en Murcia, con movimientos ciudadanos y violencia contra inmigrantes.

"Hay que poner pie en pared para que comportamientos de este tipo no provoquen" situaciones similares, porque estas declaraciones "no contribuyen a una convivencia sana y pueden llevar el riesgo de vivir situaciones tensas en nuestra Comunidad".

También ha analizado el origen de la polémica, las ayudas municipales a nacimientos, algo "supremacista" porque exige el empadronamiento de más de dos décadas a los progenitores. "Se trata de una convocatoria y unos posicionamientos políticos claramente discriminatorios con una parte importante de nuestra sociedad", ha considerado.

Por ello, ha confirmado que el Gobierno "está estudiando" actuar contra ambas actuaciones, aunque está a la espera de tener "una conclusión clara" con los informes jurídicos que reciba.