Aierdi dice que los informes de Anticorrupción contienen "juicios de valor" y afirma que no hubo ningún "trato de favor"

El consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente delGobierno de Navarra, José María Aierdi, ha afirmado que en los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra sobre contratos de obras de construcción de VPO en Erripagaña -en la etapa que fue director gerente de Nasuvinsa entre 2015 y 2019- "se achacan incumplimientos en determinados aspectos de la licitación de Nasuvinsa y emiten juicios de valor formulados de manera categórica que suponen más una interpretación parcial y particular de las actuaciones" que ha querido "aclarar". Aierdi ha asegurado que no hubo "trato de favor" a ninguna de las partes ni a ninguna empresa.

Así lo ha subrayado este lunes, en una rueda de prensa ofrecida junto al exdirector-gerente de Nasuvinsa (2019-2023) Alberto Bayona, sobre el informe de la Oficina Anticorrupción en relación con el contrato de obras de construcción de 62 VPO en Erripagaña, adjudicada a la UTE Acciona-Servinabar, informe que determina que la empresa pública Nasuvinsa "ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo" y afirma que "incumplió de plano" la ley foral de Contratos Públicos, y el pliego de condiciones reguladoras de esta contratación.

En cuanto al incumplimiento de la ley foral de Contratos Públicos, Aierdi ha explicado que "el informe afirma que la sociedad pública incumplió la ley foral de Contratos por no haber realizado la contratación a través de la plataforma PLENA", algo que era "materialmente imposible" porque "no existía en el momento en que se inicia el proceso de contratación de esta promoción".

Por otro lado, respecto a la "ausencia de autorización para contratar dictada por el departamento del Gobierno de Navarra que ejercía la tutela de Nasuvinsa", así como de "ausencia de actuaciones preparatorias del contrato", Aierdi ha destacado que "no se puede considerar estas actuaciones de manera individual, sino como parte" del Plan de Vivienda 'Navarra Social Housing' aprobado por el Gobierno foral, por lo "que estaba perfectamente documentado y acreditado el apoyo del Gobierno en este proceso".

Las explicaciones de Aierdi y Bayona

Aierdi y Bayona han repasado las principales deficiencias señaladas por el informe de la Oficina.

Sobre la necesidad de tramitar la documentación por determinada plataforma, Aierdi ha explicado que en el momento de iniciar el proceso esa herramienta ni siquiera existía, no estaba operativa, por lo tanto era “materialmente imposible cumplir esa disposición”.

También el expediente expresa objeciones por la ausencia de autorización a Nasuvinsa para realizar los contratos o acciones preparatorias del contrato. Aierdi ha querido contextualizar esto en una iniciativa más amplia, como es el plan Navarra Social Housing. “La orden foral 583 / 2016 de Miguel Laparra cede gratuitamente unas parcelas del Gobierno a Nasuvinsa para promover más de 500 viviendas de alquiler social”.

Aierdi ha citado al menos cuatro acuerdos de Gobierno en los que se autoriza a Nasuvinsa a continuar con este proceso: el 8 de marzo de 2017 en el que autoriza a Nasuvinsa para empezar una operación de deuda para financiar eso; el acuerdo de 25 de mayo; el 3 de julio de 2017, cuando se formaliza el préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (con el que se había negociado la financiación); y el 21 de noviembre de 2017, cuando se produce la calificación provisional de esa parcela. “Entendemos que hay una decisión de Gobierno, que respaldaba el proyecto para obtener esa autorización”.  

El informe también reprocha la ausencia de determinados representantes en la mesa de contratación. Bayona ha explicado que, a juicio de los servicios jurídicos de Nasuvinsa, “no es de aplicación al no exceder el presupuesto de esta obra los 10 millones de euros”.

También ha generado cierta polémica la referencia a que hubiese sido preciso excluir del proceso a la UTE que ganó el concurso. Bayona ha explicado que no existían información coincidente en los sobres B y C que el informe señala como foco del problema. “La oficina entiende que dos de las empresas deberían ser excluidas, pero no fue así. En el sobre B existía un plazo teórico, de 26 meses de ejecución, y la información del sobre C no coincidía con lo que ponía en el B. “No se podía excluir a estas dos empresas, no existía conflicto”.

El informe de la Oficina apunta a la ausencia de determinada documentación. Es cierto, ha reconocido Aierdi, que faltan unas actas. “Con respecto a las actas de las distintas fases, entendemos que existen pero no se han encontrado”, ha dicho. Ha contextualizado que este ha sido un “proceso previo” a la implantación de una herramienta más moderna, que aquellos expedientes fueron en papel y que si no existen recursos, como fue el caso, es posible que no se guarde la información pasados más de 7 años.  

Bayona sí que ha querido puntualizar tres aspectos concretos. El informe de la Oficina habla de ausencia de actuaciones preparatorias, pero según ha sostenido la propia Nasuvinsa indicó que este artículo no era de aplicación para la sociedad pública. “Frente a lo sostenido por la Oficina, ninguna empresa pública del sector público aplica estos artículos. Nasuvinsa se reafirma en que no son de aplicación”, ha dicho, en referencia a como suele procederse en estos casos.

También ha dicho, sobre la ausencia de resolución del órgano de contratación. “El artículo 138 no lo indica”.

“En definitiva”, ha concluido Aierdi, la documentación disponible en el expediente da un “fiel reflejo del procedimiento seguido y de una manera objetiva la resolución de los mismos”, y ha insistido en que “no hubo trato de favor a ninguna empresa”. “De 30 lotes que licitó Nasuvinsa entre mayo de 2017 a 2023, solo en 2 de esos 30 lotes resultaron adjudicatarias la UTE Acciona-Servinabar”, ha dicho, para concluir que “el volumen de obra adjudicada supuso el 8% del presupuesto” para este cometido.