Denuncian a la Comunidad de Madrid por presunto delito de odio contra los menores palestinos escolarizados en la región
Javier Flores, abogado colegiado en Madrid, considera que la prohibición de banderas palestinas en centros escolares de la Comunidad "constituye una exclusión cultural e identitaria" mientras se ha promovido la exhibición de símbolos de otros Estados, como Ucrania
Un abogado colegiado en Madrid, Javier Flores, ha presentado en su nombre una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por un presunto delito de odio institucional y daño a la integridad moral de los menores de origen palestino escolarizados en centros educativos de la región.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera que la Comunidad está provocando "un trato degradante y estigmatizante" a estos menores y sus familias, en concreto por parte del Consejo de Gobierno y de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Sustenta la denuncia en "la actuación de la Consejería de Educación al ordenar de manera verbal la retirada de banderas palestinas y otros símbolos de apoyo en los centros educativos".
"La prohibición selectiva de la bandera palestina en centros escolares, mientras se ha promovido previamente la exhibición de símbolos de otros Estados en situaciones equiparables, como el caso de Ucrania en 2022, constituye una exclusión cultural e identitaria dirigida específicamente contra el pueblo palestino. El mensaje institucional trasladado a la comunidad educativa es claro, la identidad palestina y las expresiones de solidaridad hacia ella no son legítimas en el ámbito escolar", ha argumentado.
A lo que añade que "la orden de retirar la bandera palestina en un contexto en el que hay alumnado de ese origen supone un acto de estigmatización institucional que afecta de manera directa a su dignidad".
Estos menores, "al ver prohibido un símbolo que representa a su identidad cultural y nacional, reciben un mensaje de rechazo e inferioridad que les coloca en una situación de humillación frente a sus compañeros. Esta conducta, por provenir de un poder público y afectar a menores de edad, agrava su reproche jurídico, en tanto que se trata de un colectivo especialmente protegido por el artículo 39 CE y por la Convención sobre los Derechos del Niño".
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