Los socios del Gobierno de Navarra continúan negociando el contenido de la futura Ley Foral de Medidas Fiscales, cuyo acuerdo político se esperaba para el pasado viernes pero que aún no se ha concretado. Aunque el Ejecutivo foral mantiene abiertas las conversaciones, las formaciones que lo sustentan —PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin— coinciden en trasladar optimismo y en subrayar que el pacto está “muy avanzado”, con solo algunos “flecos” por cerrar.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, reconoció este lunes que el proyecto “no está maduro como para remitirlo al Parlamento”, y que el Ejecutivo continúa “dialogando y negociando”. “Las prisas son malas consejeras”, advirtió, antes de insistir en que el Gobierno prefiere apurar las conversaciones para cerrar un texto sólido que marque la política fiscal navarra de 2026.

“Prácticamente cerrado”

Las portavoces de los grupos parlamentarios se pronunciaron en la misma línea tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces. Desde el PSN, Ainhoa Unzu aseguró que la ley “está prácticamente acordada” y que solo restan “algunas cuestiones técnicas” por resolver. “Seguimos trabajando y somos absolutamente optimistas para que Navarra tenga esa ley de medidas fiscales. Falta algún fleco, nada más”, indicó, evitando concretar cuáles son las diferencias que separan a los socios. “Como en todas las negociaciones, no vamos a señalar dónde están las dificultades porque eso no ayuda a llegar a un buen acuerdo”, añadió.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, coincidió en que las conversaciones avanzan en un clima constructivo, aunque admitió que “seguimos sin alcanzar un acuerdo definitivo”. “Afrontamos una negociación compleja; no es fácil, porque se trata de encontrar un punto común entre posiciones diferentes. La foto final no va a ser ideal para nadie, pero confío en que el trabajo intenso de las últimas semanas se vea reflejado en un pacto”, afirmó. Aznal recalcó que la discreción es “la mejor forma de trabajar” y que, pese a la dificultad, se mantiene “muy optimista”.

En la misma línea, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, recordó que las conversaciones se prolongan desde hace meses y subrayó que la reforma fiscal debe “dar respuesta a las rentas bajas y medias, a trabajadores por cuenta ajena y a autónomos”. Según señaló, la modificación del IRPF que se plantea podría beneficiar a más de 300.000 contribuyentes. “En todas las negociaciones surgen momentos de mayor o menor enquistamiento, pero el objetivo es llegar a un punto en el que los cuatro socios estemos satisfechos”, afirmó.

Desde Contigo-Zurekin, Daniel López confirmó que las negociaciones continúan “día y noche” y destacó que la voluntad de su grupo es alcanzar un acuerdo que “blinde los derechos de la ciudadanía” y “mejore la progresividad del sistema”. “Cada acuerdo conlleva una negociación, y esta reforma es fundamental para afrontar los retos que tenemos como comunidad durante la legislatura”, añadió, apelando a la confianza entre los socios.

La derecha y la 'presión fiscal'

Mientras tanto, la derecha ha aprovechado el retraso para cargar contra la mayoría progresista y criticar la falta de concreción del acuerdo. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha considerado que la ley “se ha convertido en un caballo de batalla entre los socios del Gobierno” y ha acusado al Ejecutivo de “incumplir la palabra dada” al no cerrar el pacto el pasado viernes. A su juicio, EH Bildu “va a tener mucho peso en la política fiscal” y pretende “aumentar la presión sobre las empresas”, mientras que las medidas sobre el IRPF “solo aliviarán a una parte muy pequeña de la sociedad navarra”.

También la parlamentaria del PP de Navarra, Irene Royo, ha advertido de que la negociación “no puede ser una excusa para no hacer nada en materia fiscal”. Ha criticado la “falta de reformas estructurales” y ha acusado al Gobierno de retrasarlas de forma reiterada. “Cada vez hay una política fiscal más de Bildu y menos del PSN”, ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que “Navarra se está convirtiendo en un territorio poco atractivo para la inversión” debido a una “presión fiscal más alta que en las comunidades vecinas”.