¿Cuánto se recauda y dónde va el dinero de 'la x social' de la declaración de la renta en Navarra?

El Gobierno de Navarra dispondrá en 2026 de 13,8 millones extra para políticas de inclusión social, atención a migrantes, educación ambiental, cooperación al desarrollo o inclusión de personas que o están en la cárcel o han pasado por prisión.

Es decir, todo lo que se paga con el 0,7% de la casilla de fines de interés social que pueden tachar los contribuyentes navarros en la declaración de la renta de cada año.

Más o menos son la mitad de quienes hacen liquidación de impuestos –algo más de 226.000 personas– y con el dinero recaudado el año pasado van a poder destinarse 13.858.750 € en 2026, un 7,4% más que en el ejercicio anterior. La cifra crece –también lo hizo el año anterior con respecto a 2023– en un contexto en el que la otra x de la declaración, la de la Iglesia, sigue bajando: los 147.064 contribuyentes que optan solo por la casilla de la Iglesia son un 0,84% menos que el año anterior. En total, 8.422.926 €.

Además, desde 2022, las empresas pueden destinar parte del impuesto de Sociedades a la casilla de fines sociales. De los 13,8 millones, 278.750 € vienen de ahí. Otros años, por ejemplo en 2024, también hubo alguna herencia a favor del Gobierno –concretamente, de 75.356 €– y que se destina a este fondo.

Es una ley la que estipula, con unos criterios fijos, el reparto. El dinero se divide en cinco bloques: solidaridad social, atención a desempleados sin prestaciones, cooperación internacional al desarrollo, apoyo y desarrollo de la ley de autonomía personal y mejora del medio ambiente. Esos cinco bloques tienen una asignación presupuestaria que se explica con más detalle en las cifras destacadas de la parte inferior de esta información. Y, a su vez, estos grupos están divididos en subcapítulos.

Las partidas

El desglose partida a partida es el siguiente: hay 295.626 € para proyectos de convivencia y sensibilización; 50.000 € para actividades de convivencia con inmigrantes; 5.000 € para equipamiento de asociaciones de inmigrantes; 130.000 € para programas de medio ambiente; 150.000 € para ayudas a asociaciones en materia de calidad del medio natural; 412.938 € para educación ambiental, voluntariado y custodia del territorio; 4.157.625 € en cooperación internacional al desarrollo; 1.145.479 € para subvenciones para entidades de área de exclusión social y promoción de minorías; 2.078.812 € para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales; 1.050.598 € para subvenciones a programas de personas con discapacidad; 1.564.656 € para subvenciones al funcionamiento de entidades del área de personas con discapacidad; 355.934 € para fomento de entidades del área de las personas con discapacidad; 662.086 € para subvenciones al funcionamiento de asociaciones de mayores; 803.425 € para subvencionar programas de asociaciones de mayores; 755.429 € para convocatoria de subvenciones para asociaciones en el ámbito del menor; 241.142 € para subvenciones a entidades y actuaciones con personas reclusas y exreclusas.

En la memoria de los Presupuestos para el año que viene, el Gobierno reconoce una ejecución desigual del fondo. La administración sigue el sistema contable ADOP –autorizado, dispuesto, obligado y pagado– y para el 20 de octubre el Ejecutivo reconocía tener algo menos de la mitad ya terminado. Por ejemplo, los casi cuatro millones de cooperación al desarrollo siguen sin ejecutarse.