Navarra aprueba rebajas de hasta el 90% en el IBI por alquilar vivienda a precio protegido

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales con el objetivo de movilizar vivienda vacía hacia el mercado del alquiler protegido y social, reforzando el papel de la fiscalidad municipal como herramienta para combatir la precariedad residencial, la falta de vivienda pública y el encarecimiento de los precios. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y PP, la abstención de UPN y el rechazo de Vox.

La ley introduce un marco habilitante para que los ayuntamientos , de forma voluntaria, puedan aplicar importantes bonificaciones fiscales vinculadas al alquiler asequible, la vivienda protegida y la rehabilitación con criterios sociales y energéticos. La norma parte del diagnóstico de que Navarra atraviesa un problema estructural de acceso a la vivienda, agravado por la escasez crónica de vivienda pública, la concentración de la propiedad, la especulación inmobiliaria y la proliferación de alojamientos turísticos. En ese contexto, el texto identifica una situación de emergencia social que afecta de manera especial a las clases populares, la juventud y los colectivos vulnerables, y apela a las competencias propias de las entidades locales para incentivar el acceso a una vivienda digna.

El principal instrumento que articula la ley es la posibilidad de aplicar bonificaciones de hasta el 90% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, conocido en Navarra como Contribución Territorial. Esta rebaja podrá aplicarse a viviendas que se alquilen a través de la Bolsa de Alquiler del Gobierno de Navarra, a aquellas que se destinen a residencia habitual y permanente con una renta igual o inferior a la fijada para las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, y a los inmuebles promovidos por cooperativas o asociaciones bajo el modelo de cesión de uso, siempre que constituyan la vivienda habitual de las personas socias. Con ello, el legislador busca incentivar la salida al mercado de alquiler de viviendas vacías y fomentar fórmulas no especulativas de acceso a la vivienda.

La modificación legal también actúa sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. En este caso, se habilitan deducciones de hasta el 50% para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, incluidas las promovidas por cooperativas en cesión de uso, así como para la rehabilitación de edificios protegidos por el catálogo municipal que vayan a destinarse a vivienda protegida. La ley contempla además una deducción del 30% para actuaciones de rehabilitación en Áreas de Rehabilitación Preferente y del 25% cuando, en un edificio, al menos la mitad de las viviendas tengan la calificación de VPO. Estas bonificaciones se extienden tanto a promociones íntegramente destinadas al alquiler protegido como a edificios con uso total o parcial para este fin.

El texto incorpora igualmente incentivos vinculados a la sostenibilidad energética. En concreto, se prevé una bonificación de hasta el 90% en los tributos municipales correspondientes cuando se instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar u otras energías renovables, siempre que los colectores utilizados estén homologados. La medida pretende alinear las políticas de vivienda con los objetivos de eficiencia energética y transición ecológica.

La aplicación de todas estas bonificaciones queda supeditada a la autonomía municipal. La ley no impone su implantación, sino que faculta a los ayuntamientos para que las incorporen expresamente en sus ordenanzas fiscales. Además, establece que las bonificaciones no serán acumulables, de modo que si un inmueble cumple varios requisitos solo se aplicará la de mayor cuantía, y permite que las corporaciones locales puedan otorgarlas con carácter retroactivo hasta un máximo de un año.

Turno de los grupos

Desde EH Bildu, el parlamentario Adolfo Araiz ha defendido la propuesta subrayando su carácter habilitante y no obligatorio. Ha destacado que la ley respeta plenamente la autonomía local y se limita a ofrecer a los ayuntamientos herramientas fiscales para actuar frente al problema de la vivienda, sin imponerles medidas ni decisiones concretas.

En el turno de UPN, Mario Fabo ha justificado la abstención de su grupo alertando del impacto que estas bonificaciones pueden tener sobre los ingresos municipales. Ha reclamado un informe económico que evalúe con detalle esa repercusión en las haciendas locales, aunque ha reconocido que la iniciativa trata de dar respuesta a un problema habitacional grave, lo que ha llevado a su formación a no votar en contra.

Por parte del PSN, Kevin Lucero ha criticado lo que ha denominado el bloqueo de las derechas ante este tipo de iniciativas y ha calificado la ley como una buena medida que suma en la búsqueda de soluciones. Ha señalado que no existe una fórmula mágica para resolver el problema de la vivienda y que es necesario desplegar todas las herramientas disponibles desde todas las administraciones, recordando que, en este caso, serán los ayuntamientos quienes decidan si utilizan o no este instrumento fiscal.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha incidido en la misma idea, recalcando que la ley no impone bonificaciones, sino que dota de instrumentos a las entidades locales y les da nuevas posibilidades de actuación en impuestos clave como la contribución territorial y el ICIO para fomentar el alquiler asequible.

Desde el PP de Navarra, Irene Royo ha anunciado el apoyo de su grupo al considerar que el acceso a la vivienda es un problema de primer orden que exige sumar esfuerzos. No obstante, ha mostrado una valoración crítica del alcance de la medida, a la que ha tildado de insuficiente y de introducir elementos regresivos en materia fiscal que, a su juicio, pueden generar efectos indeseados.

El respaldo más claro ha llegado desde Contigo-Zurekin. Su portavoz, Dani López, ha señalado que es consciente de la necesidad urgente de aumentar la oferta de vivienda asequible. Ha defendido que la norma abre el paraguas de los impuestos municipales para que los ayuntamientos decidan libremente si aplican estas bonificaciones, siempre desde el respeto a lo que ha definido como una autonomía absoluta y total de las entidades locales.

En contra de la iniciativa, Emilio Jiménez, de Vox, ha rechazado el texto al considerar que no pasa de ser un parche y que no aborda las causas de fondo del problema de la vivienda. En su intervención ha argumentado que la ley no ataca la raíz de la situación, que sitúa en la escasez crónica de oferta, la falta de suelo libre y urbanizable y las limitaciones estructurales del mercado inmobiliario.