El Parlamento de Navarra aprueba incentivos fiscales para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible

El Pleno del Parlamento ha aprobado la modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, que busca movilizar vivienda vacía hacia el mercado del alquiler asequible, posibilitando que los ayuntamientos incentiven por la vía fiscal el acceso a una vivienda digna.

Ha sido el primer punto del orden del día del pleno de la Cámara foral, que ha salido adelante con los apoyos de los proponentes (PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y del PPN, la abstención de UPN y los votos en contra de Grupo Mixto (Vox) y no adscrita.

La Ley Foral tiene por objeto "movilizar vivienda vacía hacia el mercado del alquiler asequible" para responder a la "precariedad residencial" que, producto de la "especulación, la concentración de la propiedad y la proliferación de alojamientos turísticos", soportan las "clases populares, la juventud y los colectivos vulnerables".

En ese contexto, dado el "problema estructural" que también por la "escasez crónica de vivienda pública" ha devenido en "emergencia social", en la exposición de motivos se invocan las competencias de las entidades locales para formalizar la posibilidad de que los Ayuntamientos, en el ejercicio de su autonomía local, incentiven por la vía fiscal el acceso a una "vivienda digna".

Se introducen tres nuevos supuestos para facultar una minoración de hasta el 90 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles o Contribución Territorial, cuando se trate de bienes inmuebles arrendados a través de la Bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra; y cuando estén alquilados como residencia habitual y permanente a un precio inferior o igual al establecido para las VPO en régimen de locación.

El tercer supuesto que hayan sido construidos/promovidos en cesión de uso por asociaciones o cooperativas, siempre que se destinen a residencia habitual y permanente de las personas socias.

De manera análoga, en cuanto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), se agregan una serie de deducciones de hasta el 50 % para apoyar la construcción de viviendas destinadas al alquiler, también por cooperativas en cesión de uso, y la rehabilitación de edificaciones protegidas por el catálogo municipal que vayan a destinarse a vivienda protegida.

La última de las bonificaciones consignada, relativa a la incorporación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar u otras renovables (supeditada a la inclusión de colectores homologados), puede ser de hasta el 90 %.

En todos los supuestos, las bonificaciones se hacen extensivas, además de a la construcción de VPO dirigidas al alquiler, a las instalaciones u obras en edificios destinados total o parcialmente al arriendo protegido.

Los argumentos de los grupos

En su defensa, Adolfo Araiz (EH Bildu) ha explicado los parámetros de la propuesta, que ha insistido en advertir que respeta la autonomía municipal, pues no obliga a implantar medidas sino que da la posibilidad de establecer bonificaciones.

Por ello, en el turno de UPN Mario Fabo ha alertado de la reducción de ingresos que las medidas pueden suponer para las arcas municipales, ha pedido un informe económico que evalúe esta repercusión y ha anunciado su abstención por entender que la propuesta también intenta solucionar un grave problema habitacional.

No obstante, el "bloqueo en el que se instalan las derechas" ha sido criticado por el socialista Kevin Lucero, quien ha considerado esta una "buen iniciativa" que suma para solucionar un problema en el que "no hay ninguna varita mágica" y que precisa de "desplegar todas las herramientas" desde todas las administraciones, aunque en este caso las entidades locales podrán o no usar esta herramienta.

En la misma línea, Pablo Azcona (Geroa Bai) ha reiterado que esta ley "no impone" bonificaciones sino que dota de instrumentos y "da posibilidades" en impuestos como el de la contribución y el ICIO.

Por el PPN, Irene Royo ha anunciado su apoyo por ser el de la vivienda un problema de primer orden y poder "sumar esfuerzos" aquí para paliarlo, pero ha considerado esta medida "insuficiente" además de perjudicial porque "introduce medidas regresivas en materia fiscal".

Contigo-Zurekin sí ha mostrado su apoyo pleno en boca de Dani López, quien se ha mostrado "consciente" de la necesidad de aumentar la oferta de vivienda asequible, que la propuesta busca "abrir el paraguas de los impuestos municipales para que los ayuntamientos decidan o no aplicarlos" y que lo hace con respeto a la "autonomía absoluta y total de las entidades locales".

En contra, Emilio Jiménez (Grupo Mixto-Vox) ha rechazado una iniciativa que "no pasa de ser un simple parche más en una herida que requiere cirugía de fondo", que "no ataca la causa raíz, que es la escasez crónica de oferta, la escasez de suelo libre y urbanizable".

También la parlamentaria no adscrita Maite Nosti ha rechazado la propuesta que "plantea un sistema de premios y castigos" y supone "condicionar y someter, no incentivar", además de no abordar las causas de la emergencia habitacional.