La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento foral que los inquilinos que solicitaron la prórroga extraordinaria de sus contratos de alquiler mientras el Real Decreto estatal estaba en vigor “gozan de ese derecho” pese a la posterior derogación de la norma en el Congreso de los Diputados. “El inquilino o inquilina que haya ejercitado su derecho durante el tiempo en que ha estado en vigor no tiene que preocuparse de nada”, ha afirmado.
Alfaro ha defendido que las prórrogas solicitadas durante la vigencia del decreto se realizaron “acogiéndose a la legalidad vigente” y ha sostenido que no existe inseguridad jurídica para quienes ya formalizaron esa petición. La vicepresidenta respondía así a una pregunta formulada por el parlamentario de EH Bildu, Mikel Zabaleta, sobre las consecuencias de la derogación del Real Decreto Ley 8/2026, que incluía medidas extraordinarias para limitar las subidas del alquiler y facilitar la prórroga de contratos en un contexto de fuerte tensión en el mercado residencial.
La vicepresidenta ha calificado de “mala noticia” la caída del decreto y ha responsabilizado a “las derechas” de bloquear “una herramienta más de protección de un mercado que ya de por sí se encuentra tensionado”. En un tono especialmente crítico, ha afirmado que serán “las derechas patrióticas, ellas con banderitas en las pulseras o encima de las mesas”, quienes tendrán que explicar “por qué se ponen de espaldas a 3 millones de españoles y españolas, a 10.000 navarros y navarras”.
Alfaro también ha rechazado el discurso sobre una supuesta inseguridad jurídica derivada de la derogación del texto y ha acusado a sectores vinculados a la patronal inmobiliaria de alimentarla deliberadamente. “Han comprado el mensaje de la patronal inmobiliaria que insiste en esta idea de generar inseguridad jurídica porque a ellos lo que les reporta unos buenos balances es la rotación entre contratos”, ha sostenido.
Como precedente, ha recordado un Real Decreto aprobado en 2018 que amplió la duración de los contratos de alquiler de tres a cinco años y que, pese a ser posteriormente derogado, mantuvo los efectos para quienes ya se habían acogido a él.
Unas 10.000 personas en Navarra
La vicepresidenta ha reconocido, no obstante, que el Ejecutivo foral no dispone de datos concretos sobre cuántas personas han ejercido efectivamente el derecho a la prórroga. Sí ha precisado que el Gobierno estimó que unas 10.000 personas podían acogerse a la medida porque sus contratos finalizaban dentro del periodo previsto por el decreto. “Si han ejercitado o no ese derecho comunicando al propietario es un trámite que no tiene que pasar por nuestros registros oficiales”, ha explicado.
Aun así, ha asegurado tener constancia de que “han sido muchos los inquilinos e inquilinas navarros que han ejercitado este derecho gracias a la comunicación remitida desde el Gobierno”. Según ha indicado, numerosos ciudadanos han trasladado su agradecimiento al Ejecutivo por la información recibida y el Servicio de Mediación atendió ya en abril unas 800 consultas, muchas de ellas relacionadas con este decreto.
En su segunda intervención, Alfaro ha añadido que Navarra amortigua parcialmente el impacto de la derogación gracias a la declaración de zonas de mercado tensionado impulsada en la Comunidad foral. La vicepresidenta ha recordado que 21 municipios, donde reside cerca del 70% de la población navarra, cuentan ya con esa consideración y que el 80% de los contratos de alquiler registrados se ubican en esas áreas.
“Ese incremento de precios que va a poder operar gracias al voto en contra de las derechas del Congreso de los Diputados en nuestra comunidad no se va a aplicar porque tenemos los precios topados”, ha afirmado.
Alfaro también ha cargado contra los grandes tenedores y los fondos de inversión. Citando datos del registro navarro de grandes propietarios, ha señalado que en Navarra existen 6.425 viviendas de alquiler en manos de grandes tenedores, lo que representa “casi el 30% del mercado del alquiler”. De ellas, 5.347 pertenecen a solo 112 personas jurídicas, “muchas de ellas fondos de inversión extranjeros”, mientras que 1.078 están en manos de 124 personas físicas.
La derecha y los rentistas
La interpelación había sido planteada previamente por el parlamentario de EH Bildu, Mikel Zabaleta, quien alertó del “impacto social” de la derogación del Real Decreto y defendió que la medida no era “testimonial o menor”, sino “un instrumento real de protección” frente a la subida de los alquileres.
Zabaleta recordó que el propio Gobierno de Navarra remitió más de 10.000 cartas informando a personas inquilinas de su derecho a acogerse a la prórroga extraordinaria y advirtió de que la eliminación de la limitación del 2% en la actualización anual de las rentas supondrá un incremento del esfuerzo económico para miles de familias navarras. Según expuso, algunas estimaciones calculan que la derogación podría traducirse en un aumento de entre 650 y 3.000 euros anuales por vivienda.
“Este es el dinero que va a pasar del bolsillo de los inquilinos e inquilinas al bolsillo de los rentistas”, reprochó el parlamentario de EH Bildu, que acusó a las fuerzas de derechas de situarse “del lado de los grandes propietarios, de los fondos buitre y de los rentistas”.
El parlamentario también cargó contra UPN, formación a la que acusó de utilizar la defensa de la foralidad “como una herramienta de confrontación” mientras, a su juicio, respalda políticas favorables a los grandes propietarios. “Ustedes, en lugar de Unión del Pueblo Navarro, deberían ser Unión de Promotoras de Navarra”, concluyó.
