El motivo por el que Navarra seguirá pagando la herencia de UPN hasta dentro de 40 años

El Gobierno de Navarra ha atribuido este jueves a los acuerdos cerrados durante los ejecutivos de UPN el actual modelo de financiación de la segunda fase del Canal de Navarra y el aplazamiento hasta 2068 de la devolución del préstamo a Canasa por los usos expectantes del Canal de Navarra. El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha defendido en el pleno del Parlamento foral que el pacto alcanzado recientemente con el Estado no supone un nuevo planteamiento financiero, sino la continuidad de unos compromisos adquiridos hace más de una década y que el actual Ejecutivo está obligado a respetar.

Durante su intervención en respuesta a EH Bildu, Chivite ha sostenido que el acuerdo constituye “solo una actualización” de un esquema pactado anteriormente. El consejero ha insistido en varias ocasiones en que el origen del modelo financiero se remonta a 2013 y 2014, bajo gobiernos de UPN, y ha lamentado la fórmula elegida entonces. “Esto viene como las herencias". ¿Si me gusta este acuerdo? Nada. No me gusta como se hizo en 2013. pero tengo la responsabilidad de asumir esos acuerdos”, ha criticado.

El Canal de Navarra, ejecutado por la sociedad pública Canasa, se financia mediante una combinación de aportaciones institucionales y préstamos. Según ha detallado, la mitad de la inversión procede de fondos aportados por las administraciones públicas, repartidos en un 60% por el Estado y un 40% por Navarra, mientras que el otro 50% corresponde a financiación mediante créditos que posteriormente se recuperan a través de tarifas aplicadas a usuarios de regadío y abastecimiento.

En ese marco ha situado el denominado anticipo económico por usos expectantes, una fórmula mediante la cual el Gobierno de Navarra asumió directamente la financiación de Canasa en lugar de recurrir a una entidad bancaria privada. El acuerdo contemplaba la devolución del capital con un interés del 3% y fue autorizado en su momento por el Parlamento foral. Hace dos semanas, Navarra y el Estado acordaron modificar esas condiciones para que la devolución se produzca entre 2055 y 2068 y con un interés del 2,5% desde el ejercicio en el que se apruebe formalmente la modificación.

Chivite alega “inseguridad jurídica”

El titular de Cohesión Territorial ha defendido que alterar ahora el sistema de financiación de las obras ya ejecutadas podría provocar “inseguridad jurídica y económica”, especialmente para los usuarios que llevan años abasteciéndose del agua procedente de Itoiz. En este sentido, ha argumentado que durante los últimos años el Ejecutivo ha estudiado alternativas para garantizar unas tarifas asumibles para regantes y abastecimiento urbano e industrial, y ha justificado el aplazamiento del préstamo en la necesidad de beneficiar a “más del 80% de toda la población de la Comunidad Foral”.

El consejero ha recalcado, además, que los intereses derivados de los 77 millones de euros aportados por Navarra revertirán finalmente en la Comunidad Foral y ha defendido la importancia estratégica del Canal de Navarra por la seguridad hídrica que aporta. “Lo que aseguro es que ese dinero va a revertir de forma muy positiva social y económicamente a Navarra”, ha asegurado.

También ha incidido en que los protocolos y convenios suscritos entre administraciones obligan al Ejecutivo actual a mantener los compromisos adquiridos anteriormente. “Los protocolos, los convenios, los contratos firmados por ambas Administraciones nos obligan”, ha señalado, antes de insistir en que la prolongación de los plazos implicará mayores intereses que deberán asumir los usuarios del sistema y no directamente la Hacienda foral.

EH Bildu pide ser “más serios”

El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha respondido cuestionando duramente el acuerdo alcanzado por el Gobierno foral y ha rechazado que pueda calificarse únicamente como una actualización técnica. “Es algo más que una actualización. Hay que ser más serios”, ha afirmado.

Araiz ha sostenido que Navarra perderá alrededor de 25 millones de euros por la modificación pactada con el Estado. Según ha explicado, el anterior acuerdo contemplaba que Canasa abonara intereses del 3% desde 2013, mientras que con la nueva fórmula esos intereses comenzarán a computarse únicamente tras la actualización definitiva del convenio. “Todo el dinero que ha tenido Canasa, 0 % de intereses. ¿Por qué Navarra ha hecho esta cesión? Han hecho una mala negociación”, ha reprochado.

El parlamentario soberanista ha recordado, además, que la segunda fase del Canal de Navarra tendrá un coste de 373 millones de euros y cuestionó que Navarra haya asumido directamente la aportación de 77 millones de euros en lugar de exigir que el anticipo fuera cubierto por el Estado. A su juicio, la renegociación acordada supone un perjuicio económico para la Comunidad Foral y evidencia una negociación desfavorable para los intereses navarros.