Lo que era una reivindicación de los carlistas y de todas las personas presentes el 9 de mayo de 1976 en Montejurra hace 50 años es, desde enero de 2023, un hecho comprobable, demostrable e irrefutable: el Estado financió y organizó los asesinatos en la montaña estellesa con Manuel Fraga Iribarne, ministro de la Gobernación, como principal instigador, el rey Juan Carlos I, como conocedor y alentador del atentado, y Sixto de Borbón y otros muchos de la Comunión Tradicionalista como actores y cooperadores necesarios.
El gobierno de España gastó 5,6 millones de las antiguas pesetas en financiar, armar, desplazar y alimentar a 4.650 personas desplazadas en 93 autobuses hasta las campas de Irache, en Estella, a los pies de Montejurra, donde el carlismo celebraba su reunión, convertida en cita contra la dictadura desde la década de 1960 y donde el pretendiente Carlos Hugo, daba su discurso de orientación política.
Los documentos hechos públicos por el hijo del que fuera gobernador civil de Navarra, Ruiz de Gordoa, y los detalles sobre la actuación de su padre en los meses anteriores a los sucesos de Montejurra, avalan todas las creencias y declaraciones en aquellos años de la Transición de los abogados de las víctimas y heridos de aquel día, Juan Francisco Martín de Aguilera, José Fermín Arraiza y José Ángel Pérez-Nievas. Hubo un crimen de Estado, en el que tomaron parte agentes ultras internacionales usados por el GAL en los años 80, tradicionalistas descontentos con el nuevo trilema carlista (socialismo, federalismo y autogestión) impulsado por el aspirante al trono Carlos Hugo de Borbón y, finalmente, autoridades nacionales en distinto grado.
Los inicios
La carta enviada a Manuel Fraga el 5 de enero de 1976 por Ruiz de Gordoa era clara, había dos opciones para “la concentración subversiva en contra del rey Juan Carlos I” o la concentración de tradicionalistas en el acto o actuar “sobre los líderes del tradicionalismo para rescatar el significado histórico de Montejurra con una afluencia masiva de tradicionalistas” lo que implicaba “consecuencias imprevisibles”; esta última fue la que se empleó.
El 21 de abril el gobernador civil volvió a comunicarse con el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, para relatarle los puntos de acuerdo con Sixto de Borbón-Parma y José Arturo Márquez de Prado (representantes del sector tradicionalista del Carlismo) tras una comida de tres horas en un céntrico hotel de Pamplona. La conclusión resultó clara “su total acatamiento a la persona de S.M el Rey Juan Carlos I y su único deseo de servicio de servir con dignidad a la patria a través del carlismo, sin plantear ningún problema a la Monarquía nacida al amparo de nuestro Estado de Derecho”, haciendo oídos sordos a las eternas peticiones del Carlismo, y por tanto, “totalmente opuesto a la orientación marxista de su hermano”. El planteamiento de Sixto tenía dos ejes claves “presencia masiva de tradicionalistas de toda España perfectamente organizados para responder a cualquier planteamiento huguista”, y “caldeamiento de ambiente con alto sentido patriótico, en defensa de la auténtica tradición y en contra de la orientación marxista” del Partido Carlista. Ruiz de Gordoa aseguraba a Fraga, al que ya había anticipado la reunión por teléfono, haber actuado “de acuerdo con tus orientaciones sin comprometerme a nada, pero mostrándoles el deseo de ayudarles en la tarea de servicio a la Patria que apuntaban”. El gobernador se despedía con “un fuerte abrazo de tu buen amigo que queda a tus órdenes”.
El paso siguiente era evidente, organización, presupuesto y números encima de la mesa para convertir en realidad lo que los medios ultras ya llevaban días anunciando. Desde tres semanas antes del 9 de mayo, en las páginas de El Alcázar y El Pensamiento Navarro se hacían reiterados llamamientos para recuperar Montejurra “para el tradicionalismo y el verdadero carlismo” y alejarlo de la “profanación marxista y separatista” que, a su juicio, “había profanado el monte sagrado”. Además, el ministro español de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, entregó un mensaje verbal al embajador de los Países Bajos en Madrid, para que comunicara al gobierno holandés que si Carlos Hugo y su mujer, la princesa Irene (líderes entonces del Partido Carlista) asistían al acto de Montejurra, no respondían de su seguridad personal. Las pintadas, en Pamplona, de “Montejurra rojo, no” o “Moriréis, EKA”, sin duda no eran buen presagio. Los días previos a los sucesos de Montejurra, las amenazas directas y los anónimos se multiplicaron y, por ejemplo, el dirigente carlista José Ángel Pérez-Nievas había recibido por correo un recorte de prensa en el que bajo el título “Montejurra o las virtudes de una raza” habían escrito a mano “lea usted, mamarracho jefe regional rojo-carlista. Unos tudelanos del 18 de julio”.
Las cuentas de Fraga
Como la famosa frase sobre la sucesión de moribundo Franco con Juan Carlos; dentro de la Operación Reconquista “todo quedó atado y bien atado” antes del fatídico 9 de mayo. El documento que llegó días antes al gobernador civil con una tarjeta personal de Manuel Fraga Iribarne, ministro de la Gobernación, presupuestaba con todo detalle la distribución de “2.000 garrotas de campo y 6.000 brazaletes”, preveía el aumento de ambulancias y encomendaba la responsabilidad de la operación a Miguel Fagoaga, Ricardo Larrainzar, un “representante de la Hermandad del Maestrazgo” (organización monárquica), a Ramón Merino (de confianza de Juan Carlos) en la “dirección política”, la “ejecución” a Miguel Ángel Foruria, Emilio Marín y “otro representante de la Hermandad del Maestrazgo”. El documento, con la tarjeta de Fraga anexa, presupuestaba y organizaba la movilización de 4.650 de “tradicionalistas” de la llamada Unión Nacional Española (formación en la que Rajoy y Loyola de Palacio se iniciaron en política), presidida por el exministro franquista Gonzalo Fernández de la Mora y un millar más de navarros, que llegarían en 93 autobuses y a los que se les entregaría una dieta de 750 pesetas por cada uno.
En total casi 3 millones y medio de presupuesto, a los que había que sumar 200.000 pesetas en boinas rojas, otras 200.000 en “garrotas de campo”, 300.000 pesetas en brazaletes, y un millón y medio “como depósito y gastos a justificar, para la organización”. En total, 5.687.500 pesetas, sin contar el pago de los autobuses ni las 20 habitaciones reservadas en el Hostal Irache y que se dejaron sin pagar. Unión Nacional Española ingresaría en la AP de Fraga ese mismo año 1976.
La pasibilidad de la Guardia Civil y del Estado, en la persona de Ruiz de Gordoa, fue evidente. En mayo de 2006, Pérez-Nievas recuerda cómo “ante la impasibilidad de las fuerzas de Orden Público, se pudieron esgrimir armas de fuego y hacer uso de ellas, sin que pasara nada. En coches de la Guardia Civil se bajaron de la cumbre de Montejurra armas largas y una ametralladora tapada con una manta, sin que se supiera donde fueron a parar… Después se conoció que los cabecillas habían estado alojados una semana en el Hostal Irache, con guarda espaldas fuertemente armados y que hacían ostentación de ello, que las habitaciones que ocuparon fueron reservadas por la Secretaría del Gobierno civil de Navarra. Todos protegidos por fuerzas de la Guardia Civil, las mismas que una vez ocurridos los hechos los hacen desaparecer sin dejar rastro ni abonar la estancia”. El acuerdo con Sixto y la Guardia Civil especificaba que todos debían haber abandonado Montejurra e Irache antes de las 17.30 horas. También Pérez-Nievas y Juan Pedro Arraiza denunciaron ante Ruiz de Gordoa que “se había visto gente armada en la cumbre de Montejurra y que Sixto había sido visto por Navarra. El gobernador se encogió de hombros y dijo que él tenía orden de no hacer nada”.
La ausencia de documentación en los archivos nacionales es especialmente relevante ya que la Guardia Civil tuvo perfecto y directo conocimiento de los sucesos desde el momento en que el general Campano fue informado la misma mañana por Antonio Oriol y Urquijo (presidente del Consejo de Estado). Además, cuatro jóvenes carlistas (entre ellos Fernando Javier Lezáun Herce y Fernando Puértolas Vega) que habían subido en la noche del sábado 8 de mayo a la cima de Montejurra para preparar los altavoces, fueron detenidos por la Guardia Civil cuando descendieron (les golpearon y amenazaron diciéndoles “en menudo lío os habéis metido “y les preguntaron “¿sois de Sixto o de Carlos Hugo”?). Pasaron el domingo en los calabozos pese a que alertaron de que había personas armadas en Montejurra. En su declaración, tras los asesinatos, Lezáun dijo que en la cima vieron a “6 ó 7 hombres armados” que les pidieron una contraseña y les amenazaron con que si no se iban “les pegarían un tiro”. La Guardia Civil les enseñó unas fotos aéreas de días anteriores en las que se veían en la cima de Montejurra varios grupos de personas por lo que es de suponer que conocían la presencia de hombres armados. Los jóvenes carlistas fueron retenidos en los calabozos hasta el domingo por la noche en que les dejaron libres sin cargos.
La Operación Reconquista estaba tan organizada y preparada que el falangista Valero Bermejo (antiguo gobernador civil de Navarra), en una reunión de Falange en Alcubierre (cerca de Zaragoza) ese mismo 9 de mayo anunció que “en estos momentos se está reconquistando Montejurra”.
