Montejurra: el calvario de los tribunales

El presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, acudió al hostal Irache aquel 9 de mayo al mediodía para telefonear al general Campano, director general de la Guardia Civil, y decirle que la operación había sido un fracaso total y que lo conveniente era que Sixto desapareciera. A las pocas horas de los hechos, las fuerzas de seguridad del Estado llevaron a Sixto de Borbón hasta la frontera sin hacer, en ningún momento, que prestara declaración y a los pocos días concedió una entrevista.

Pero hubo más heridos y también entre los agresores (como consecuencia del primer enfrentamiento en la campa de Irache), si bien, como explicó hace 20 años Pérez-Nievas, no todos acudieron al centro sanitario de Estella. “La primera muestra de que habían logrado sembrar el miedo, la tuvimos nada más ocurrir los hechos. Como no se habían legalizado los partidos políticos, el Partido Carlista no pudo denunciar los hechos, y no teníamos confianza, dado lo que se sabía, de que se tomaran iniciativas a nivel de juzgado o Ministerio Fiscal (los hechos posteriores nos demostraron lo fundado de nuestra desconfianza). Pareció lo más lógico que los familiares de los asesinados, y los heridos se personaran en las diligencias judiciales, corriendo el Partido con todos los gastos. Era preciso ponerse en contacto con ellos. La sorpresa fue mayúscula: algunos negaron haber resultado heridos; otros aun reconociendo haberlo sido no quisieron aparecer, por miedo instintivo o sugerido, pues al parecer hubo visitas y llamadas. No faltó alguna casa de herido, que echaran a los mensajeros, poco menos que a patadas por hacernos responsables de lo ocurrido a su familiar”.

Unas 7.000 personas acudieron al funeral y la misa que se oficiaron en la plaza de Los Fueros de Estella al día siguiente, en un cóctel que mezclada, a partes iguales, miedo, por lo que pudiera suceder, e indignación, por lo sucedido. El sermón del sacerdote era el presagio de lo que iba a suceder con el sumario 1.847/76. “Las cosas no suceden porque sí, ni son puras casualidades. Hay unas causas concretas, unas responsabilidades precisas. En la cima misma de la montaña había un grupo preciso, a las órdenes precisas de alguien, con las armas en la mano, con el ánimo de disparar anunciándolo incluso (…) Todo tiene un trasfondo inmensamente más grave y esto es lo que necesita urgente y total clarificación. Nos tememos que los hechos de Montejurra sean sólo un síntoma y una macabra manifestación de un estado de cosas en esferas muy decisivas, que nos pueden llevar a la tragedia colectiva en cualquier momento. Es todo un pueblo sencillo el que reclama con vigor una libertad para todos, una reconciliación objetiva, unas instituciones democráticas, sin regateos y sin trampas”.

Los responsables

El general José Antonio Sáez de Santamaría (general de brigada y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil) confirmaría al periodista Santiago Belloch la participación del Estado en estos crímenes con una claridad y una impunidad que estremece. A su juicio, los primeros pasos del terrorismo de Estado del GAL se dieron en Montejurra. “Se adoptaron medidas tendentes a dar la impresión de que se trataba de una reconquista civil de los verdaderos requetés. Consiguieron que el gobierno Arias-Fraga tomase en consideración la propuesta de organizar la operación reconquista. Organizaciones de ultraderecha contactaron con miembros de la Internacional Fascista italiana, la Triple A argentina y otras similares”. De forma tajante Sáez de Santamaría sentenció que “la trama de esta operación es el primer paso de lo que constituyó el núcleo de operaciones de la llamada guerra sucia contraterrorista en la transición”. Militares, partidos ultraderechistas, activistas violentos, mercenarios ultras extranjeros, miembros de las fuerzas de seguridad “operaron apoyados directa o indirectamente por los aparatos del Estado”.

Al abrirse ese sumario, el juzgado de Estella atribuyó los delitos a autores desconocidos y fueron los abogados carlistas quienes consiguieron las fotos y elaboraron un dosier señalando a García-Verde. El juez les contestó que no sabía dónde vivía y de nuevo los abogados tuvieron que hacerse con su dirección en Huelva. Entonces, y solo entonces, ordenó su detención.

Los nombres de los principales implicados en los sucesos dibujan el retrato de las organizaciones ultraderechistas que, durante décadas camparon a sus anchas pagados por el Estado. Sixto de Borbón: A los 25 años se enroló en el Tercio Gran Capitán de la Legión en Melilla. A los 8 meses se le expulsó del ejército. En Portugal tomó contacto con diversos grupos ultraderechistas como la Triple AAA. Stefano della Chiae: Líder y teórico de la organización Avanguardia Nazionale. Desarrolló una teoría de la violencia política como táctica y estrategia. Tras un golpe de Estado frustrado en Italia en 1970, della Chiae se refugió en España, de donde pasó a Argentina y Chile. Fue capturado en Venezuela. Jean Pierre Cherid: Miembro de la OAS y jefe de uno de los comandos del GAL, murió el 19-3-1984 al manipular una bomba en Biarritz con la que quería asesinar a siete presuntos etarras. José Luis Marín García Verde: Comandante retirado del ejército es de nacionalidad argentina. Pertenecía a una familia de terratenientes andaluces. José Arturo Márquez de Prado: secretario de Sixto, tras ser expulsado del carlismo contactó con agrupaciones ultraderechistas como la OAS y con el general portugués Spínola, para crear un ejército antimarxista. Augusto Cauchi: fundador con Della Chiae de Aginter Press, participó con la policía chilena de Pinochet. Fue juzgado por la realización de 15 atentados y era sospechosos de llevar a cabo un ataque contra la estación de trenes de Bolonia en 1980, que dejó 85 muertos.

El juicio

Después de varios días de espera y de un duro trabajo de los abogados que denunciaron estos hechos en nombre de la dos víctimas y de varios de los heridos (los letrados Juan Francisco Martín de Aguilera, José Ángel Pérez-Nievas Abascal y José Fermín Arraiza Rodríguez-Monte), fueron detenidos José Luis Marín García Verde, José Arturo Márquez de Prado y Francisco Carrera García Mouriño, como principales acusados en la causa de los sucesos de Montejurra’76.

A los siete meses, los acusados fueron puestos en libertad provisional en atención, según la nota del juzgado de Orden Público, “a su bondad personal, excelente conducta y hombría de bien”. Los abogados que ejercieron la acusación particular intentaron, sin conseguirlo, que se consideraran los asesinatos como delitos políticos (por lo que debían ser juzgados en Madrid) aunque se juzgaron como comunes. Durante el proceso algunos testigos sufrieron amenazas y se impidió a los letrados de la defensa asistir a la reconstrucción de los hechos en la cima. En el momento en que se publicó el decreto de amnistía de octubre de 1977, de oficio, pasaron a ser considerados delitos políticos y, por lo tanto, se encontraban dentro de la amnistía. Según la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 29-6-1978, firmada entre otros por Mariano Gómez de Liaño (padre del que fuera juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, que instruyó el caso GAL), “no habiendo obrado los inculpados citados por móviles personales, sino guiados por una pasión partidista derivada de la distinta concepción sobre la ideología al Partido Carlista, que trataron de imponer coercitivamente a otros, cuyo partido, pretende lograr una organización del estado y una forma de gobierno dinástico diferente a la actual. Su conducta queda, gracias a su irrebatible intencionalidad política, subsumida e inmersa en la gracia concedida por la ley de 15 de octubre de 1977”. Se cerraba así el sumario 1.847, y se abría la falsa teoría, que perduraría en el tiempo, del enfrentamiento “fratricida”, ya que, erróneamente se añadía que “unos y otros de los grupos enfrentados” en el monasterio y en Irache portaban “armas de fuego”.

A los pocos meses (16-6-1976) se publicó la Ley de asociaciones políticas, bajo otro presidente de Gobierno –Adolfo Suárez sustituyó a Arias Navarro– y los partidos se apresuraron a solicitar la legalización aportando la documentación exigida, y entre ellos el Partido Carlista. José Ángel Pérez-Nievas, que durante muchos años fue secretario general de EKA (Euskalherriko Karlista Alderdia), recordaba hace 20 años, cómo “quienes habían urdido o servido a quienes habían hecho el ataque o lo que ellos llamaron Reconquista de Montejurra, vieron legalizar su partido de inmediato. Lo mismo ocurrió con el PSOE y con el Partido Comunista, con quienes estábamos en lo que se llamó la Platajunta, pero a nosotros nos denegaron la legalización, porque aun cuando, nada había de ilegal, decían, en la documentación presentada, que ‘es público y notorio que los carlistas pretenden la instauración de una monarquía distinta: eso es atentar contra el régimen, y por tanto ilegal’. Al parecer, era público y notorio, que los socialistas y comunistas eran profundamente monárquicos y partidarios del régimen. Pareció una clara advertencia de que aún en Democracia, no todos podían jugar, y la gente pareció entender el mensaje y volaron hacia otros palomares con abundante pienso, muchos, y otros, prudentes, entendieron el mensaje de estarse quietos”.

Un partido que ponía en duda la legitimidad dinástica de Juan Carlos I, proclamado por Franco, en plena Transición no podía llegar a las instituciones. Ése parecía el objetivo de las reuniones que en el despacho del general Campano mantuvieron altos cargos del Estado. La complicidad de la Guardia Civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado parecían claras y lo que sucedió tras los asesinatos de Montejurra sólo corroboró esa tesis.