El mundo entero ha conocido que la National Security Agency (NSA) se dedica a espiar a miles de ciudadanos registrando sus llamadas telefónicas y sus comunicaciones en Internet. Pero hay muchos países que tienen gente en un cubículo escuchando nuestras conversaciones en la red. En España, sin ir más lejos, el Centro Nacional de Inteligencia. No es solo un efecto dramático de series como Homeland. Ahora, el Ministerio de Justicia avanza en una ley que permita introducir virus troyanos en ordenadores sospechosos. Es decir, una secuela de Minority Report, donde los delitos nunca llegan a cometerse gracias a las visiones de un trío de telépatas (en este caso de programas informáticos maliciosos).

En el debate de las escuchas masivas de la NSA, desvelado por el exempleado de la CIA, Edward Snowden, la fiscalización de nuestras actividades ha cobrado una dimensión nueva e inquietante porque la tecnología permite casi todo. De hecho, la mayoría de gobiernos dispone de sofisticados equipos para vigilar a sus ciudadanos. Espiar a los particulares es una costumbre muy extendida en países de todo el mundo, según revela un informe elaborado en abril por Naciones Unidas. La tecnología ha disparado las facilidades para que los estados observen e intervengan las conversaciones privadas de sus individuos. Sin embargo, muy pocos países han creado un marco legal que limite esa práctica o, al menos, imponga pasos previos de autorización legal.

"Que estas actividades sean o no inconstitucionales depende de la legislación de cada país. A nivel internacional lo que es evidente es que atentan contra el derecho a la intimidad y la libertad de comunicación, dependiendo del uso que se haga de los contenidos", afirma José Antonio Perea-Unceta, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense.

Las autoridades interceptan mensajes, averiguan las web visitadas por un individuo, descifran por el móvil si estás en una manifestación..., lo saben todo. No en vano, Google ha visto doblarse el número de solicitudes que recibe para facilitar datos de comunicación de sus usuarios: de 12.539 en la segunda mitad de 2009 a 21.389 en el mismo periodo de 2012. No solo los hackers espían, también los gobiernos. Y con ello cobra plena actualidad una de las frases que pronunció Scott McNealy en 1999, y que se ha convertido en una de las sentencias clásicas de la era digital: "Ya no le queda a usted ni un ápice de privacidad. Vaya acostumbrándose".

los 'mortadelos' españoles Los espías españoles del Centro Nacional de Inteligencia aseguran que el sistema español es muy garante ya que existe una ley orgánica que les obliga a solicitar una autorización previa a un magistrado del Tribunal Supremo para cualquier intervención en los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles y extranjeros residentes o en tránsito en España, como son la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las telecomunicaciones. "Nosotros no tenemos la competencia sobre todas las escuchas que se hacen en España. Las que se hacen aquí, todas tienen autorización del magistrado. Y si no fuese así, sería un acto fuera de la ley". Sin embargo, el carácter de la legislación que les permite adoptar medidas que afecten a esos derechos es muy amplio y abarca también el uso de virus troyanos para seguimiento informático.

La lucha contra el terrorismo es la excusa más popular a la hora de justificar el espionaje. Pero, bajo el paraguas del terrorismo, se realizan escuchas indiscriminadas. Y ¿quién vigila al vigilante? De hecho, en España funciona desde hace tiempo una polémica herramienta llamada SITEL que cuenta con respaldo judicial y legal. Hablamos de un enchufe con el que fuerzas de seguridad del Estado acceden a los datos en poder de las empresas de telecomunicaciones.

'gran hermano' orweliano En su deseo de crear un Gran Hermano orweliano, las autoridades quieren husmear cada vez más en nuestras vidas. El borrador del nuevo Código Procesal Penal (PDF) recoge medidas para permitir, con permiso del tribunal de garantías, la instalación en secreto de un software para examinar a distancia un equipo informático o dispositivo electrónico. Así, el Ministerio Fiscal podrá pedir al juez "la instalación de un software que permita, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático o base de datos, siempre que la medida resulte proporcionada para la investigación de un delito de especial gravedad y sea además idónea y necesaria para el esclarecimiento del hecho investigado, la averiguación de su autor o la localización de su paradero".

Según Fernando Santa Cecilia, catedrático de Derecho Penal, "la propuesta de utilizar técnicas de hacking es un paso más allá. Se pretende alcanzar una mayor eficacia del Derecho Penal aunque sea recortando garantías. Para combatir formas de criminalidad se modifica la ley para prevenir el delito y eso supone limitar derechos fundamentales", incide.

Solo Alemania recoge en su legislación el uso de programas informáticos espías para las investigaciones policiales, y exclusivamente para la investigación relacionada con las amenazas terroristas. Esa norma, propuesta por primera vez en 2007, terminó desarrollada por el entonces ministro del Interior, Wolfgang Schäuble. Reino Unido también espía. Según The Guardian, el Gobierno ha recopilado en secreto información privada de las mayores empresas de internet del mundo en una operación encubierta. El centro de escuchas y decodificación de los servicios secretos, localizado en Cheltenham y conocido como GCHQ, tuvo acceso desde, al menos junio de 2010, al llamado sistema de vigilancia Prism que ha hecho añicos la confidencialidad.

No hay de qué extrañarse. En Norteamérica, el vale todo lo regula una ley, la Patriot American Law, promulgada tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y todas las empresas con presencia en Estados Unidos están obligadas a cumplirla. La ley surgida del 11-S ha dado origen a un tribunal secreto, el FISA, que puede ordenar la recolección de datos de cualquier ciudadano del mundo y tomar decisiones que ningún otro tribunal de justicia puede revocar. Escalofriante.