pamplona. Setenta funcionarios del cuerpo de tramitación de la Administración de Justicia en Navarra han pedido su traslado en el concurso de 35 plazas de administrativo u oficial administrativo que convocó a primeros de año la Administración foral. A dicha provisión de plazas, pueden optar los funcionarios de Justicia pertenecientes al cuerpo de tramitación procesal y administrativa, unos 250 en Navarra, pero no pueden hacerlo aquellos que trabajan como gestores o agentes de auxilio judicial. Por lo tanto, cuando finalicen las pruebas del concurso de traslado (en septiembre han sido las pruebas de idiomas), el Gobierno foral puede encontrarse con un problema importante, puesto que según los números, uno de cada cuatro funcionarios de Justicia quiere marcharse a otra rama de la Administración. Ya el 30% de este personal es interino. La resolución del proceso de traslados será en enero.
con menos sueldo El problema no es nuevo y es consecuencia principalmente de dos motivos: se trata de un personal que se siente discriminado salarialmente y además, en ciertas jurisdicciones, soportan una carga de trabajo muy por encima de la media nacional. El personal de la Administración de Justicia, excepto jueces y secretarios judiciales, fue integrado por el Gobierno de Navarra en marzo de 2011 en el resto del funcionariado foral, con lo que se les equiparaba en sueldos, horarios y jornada al resto de funcionarios navarros, y así veían resuelta una demanda histórica desde que en 1999 se transfirieron las competencias de Justicia a la Comunidad Foral. Pero dicha equiparación solo duró hasta enero de 2012, cuando el Gobierno central interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra dicha integración y la misma quedó suspendida hasta que exista un fallo judicial definitivo, algo que puede tardar varios años.
De esta forma, el Gobierno foral, que es quien paga las nóminas del personal de Justicia, decidió rebajarles el sueldo de manera automática. Eso provocó que funcionarios veteranos en los juzgados percibieron en sus nóminas entre 150 y 250 euros menos de un mes a otro, diferencias que ahora por antigüedad se han visto incrementadas con el resto de personal de la Administración foral. El presidente de la comisión de personal de Justicia, Ramón Alvaré (CCOO), afirma que el Gobierno de Navarra tiene en su mano la solución a este éxodo masivo por parte de los funcionarios de Justicia. "El Ejecutivo debería comprometerse a cubrir las plazas vacantes y a ofrecer mediante complementos que este personal recupere la masa salarial perdida".
