Pamplona - Bajo el marco de la conocida como Ley de Mutuas, que entró en vigor a nivel estatal el pasado 1 de enero, la Plataforma Navarra de Salud (PNS) denuncia que las mutuas han presionado en algunas ocasiones a los trabajadores. “Tenemos información de que están amenazando ilegalmente o tergiversando la ley diciéndoles que, si no aceptan las pruebas que ellos les ofrecen, les darán el alta, cosa que no pueden hacer”, declaraba Iñaki Moreno Suescun en nombre de la plataforma.

Moreno considera que en algunas mutuas, aprovechándose del desconocimiento de muchos de los ciudadanos respecto a los poderes que tienen estas asociaciones privadas, informan incorrectamente a los ciudadanos en busca de su beneficio, pues el trabajador no está obligado a someterse a ningún tipo de prueba, exploración, tratamiento u operación -si bien sí se debe acudir a las citas-. “Esa oferta no es una obligación, es un derecho del trabajador el rechazarlo”, subrayaba. Además, añadía, en los casos de contingencia común no les corresponde a las mutuas dar alta, solamente pueden hacer una propuesta al sistema público, que es quien decide si se le concede o no. “Son casos aislados pero graves, ya que apuntan tendencia”, aclaraba.

Según la PNS, la nueva ley condiciona la actuación de la administración pública sanitaria ante estas propuestas de baja realizadas por las mutuas, ya que se ha acortado el periodo de respuesta desde el servicio público a 5 días. A esto se le añade que, cuando la inspección médica no esté de acuerdo con la propuesta de alta realizada desde el servicio privado, la mutua podrá recurrir al Instituto Nacional de la Seguridad Social esta decisión.

Otro periodo de tiempo que se ha acortado es el del tiempo que la mutua debe esperar desde que se le da de baja al trabajador hasta que ellas pueden intervenir. Mientras que en el anterior marco legal su intervención se permitía a partir del decimosexto día, con la nueva norma podían intervenir desde el primer día de baja. Algo que, según Moreno, “ya se está haciendo”.

Además del consentimiento del trabajador, para que se realicen las pruebas ofertadas por las mutuas es imprescindible que algún médico del sistema sanitario público dé su aprobación. Esto, según Moreno, puede ser un problema, ya que algunos de los facultativos que trabajan en las mutuas también lo hacen en el servicio sanitario público. De esta manera, avisaba, se podría dar la situación de que un mismo médico autorizase la intervención en el servicio público y la realizase a través de las mutuas. “No decimos que se haga así, pero sí que habría que controlarlo”, apuntaba.

La nueva situación legal, denuncian, trae consigo también riesgos para la salud, ya que estas asociaciones privadas de empresarios se responsabilizan únicamente de la intervención concreta que se realice y no de las posibles secuelas que se puedan derivar de ella. El proceso sigue recayendo sobre el sistema público.

Otro de los aspectos que desde la PNS consideran que se deberían vigilar es la posible realización excesiva e innecesaria de pruebas, algo que, advierten, puede traducirse en efectos secundarios negativos para los pacientes. Además, señaló que la calidad de estas, cuando se realizan en centros privados, no siempre es la deseada. “Tenemos constancia de que no siempre tienen la calidad exigida por el sistema público para tenerlas en cuenta”, aseguraba.

Privacidad Según la ley, los resultados de estas pruebas se incluirán en el historial clínico de los trabajadores. “Nos tememos que las mutuas van a exigir su acceso a la historia clínica, algo que atenta contra el derecho básico de confidencialidad”, declaraba Moreno. Si esto sucediese, el principal riesgo sería que las mutuas accediesen a información ajena a los factores de riesgo del trabajo para negar la evidencia de la relación entre unas malas condiciones de trabajo y los daños que estas pudiesen generar. Por ejemplo, podrían recurrir a un antiguo esguince en la muñeca para justificar dolores provocados por una sobrecarga de trabajo manual.

con dinero público Iñaki moreno Suescun define a las mutuas como “un pasillo de fondos públicos hacia entidades privadas, ya que son las cotizaciones de la Seguridad Social destinadas a contingencias comunes las que financian las intervenciones que las mutuas ofertan a los trabajadores”.

“Se está capitalizando el sistema sanitario privado con dinero de la Seguridad Social cuando estamos es una época de recortes del sistema sanitario público”, acusaba Moreno, a la vez que alertaba sobre un futuro poco prometedor: “Estamos creando un doble sistema sanitario: Uno para los trabajadores y trabajadoras en activo, a los que interesa repararlos rápidamente, y otro para el resto de la población, atendidos con un sistema escasamente financiado”.