Solo piden un poco de tiempo porque el agua no les llega todavía a la orilla y no parece que vaya a hacerlo pronto. Las 17 familias de la urbanización náutica Leyre de Yesa -nada que ver con los vecinos de Lasaitasuna y El Mirador afectados por el movimiento de la ladera derecha-, que se encuentran prácticamente a pie de embalse y que, en cuanto este se recrezca, sus viviendas quedarán sumergidas, acudieron ayer al Parlamento foral para reclamar una moratoria a la CHE, que ha fijado su desalojo para el próximo 15 de diciembre. Estos vecinos ya han recibido indemnización del Estado, que les fue abonada el pasado mes de abril tras haber firmado meses antes su expropiación forzosa debido a que la cota del recrecimiento les pasa por encima. En ese acuerdo -por llamarlo de alguna forma, puesto que todo pacto forzoso es lo que es, “luchar contra una pared”, lo definía ayer la vecina Clara María Muñoz Gallego- no se fijaba fecha de desalojo para estos vecinos, aunque barajaban el 31 de diciembre como fecha de referencia. Ahora, a la vista del retraso en las obras del recrecimiento, ellos solicitan que se les deje usar sus viviendas mientras no sean una molestia, es decir, que quieren seguir ocupando el inmueble que poseen desde hace cuatro décadas hasta que su terreno no sea ocupado por las máquinas.

La petición, del todo lícita aunque quizás un poco tardía dada la premura de fechas (en principio, si nada lo remedia, el día 15 tienen que entregar las llaves de sus casas en el Ayuntamiento de Yesa), recibió ayer la buena acogida de los grupos parlamentarios, que se comprometieron a que este mismo lunes apoyarán una declaración institucional para instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a que entable conversaciones con estos vecinos y se pueda pactar una solución.

De todas formas, como explicó Elena Richter Mota, vecina de la urbanización Leyre desde hace 34 años, una expropiación “es una situación muy dura”. “El daño moral que causa es incalculable”, añadía María Teresa Vela Viñarás, otra de las vecinas afectadas. Richter explicó que “si por el momento no es necesario ese terreno, ¿por qué no podemos estar ahí? Es algo que la CHE no nos ha respondido, porque ni siquiera nos recibe”.

Precisamente esa actitud de la Confederación, tendente a la cerrazón de líneas y a ampararse en la Ley de Expropiación sin más acento humano ni sensibilidad para abordar estas otras cuestiones, fueron los asuntos sacados a colación por los grupos parlamentarios aprovechando esta sesión de trabajo. Unai Hualde, de Geroa Bai, solicitante de la comparecencia, trasladó su solidaridad a los vecinos y reconoció que “lo cierto es que la maquinaria de la Administración les ha llevado a un escenario práctico de desalojo. Y la competencia de la CHE es total en ese escenario, pero habrá que ver por qué no es posible conseguir un tiempo adicional para seguir en sus casas”, manifestó.

Hualde habló también del ocultismo de la Confederación, un factor que planeó en las intervenciones de casi todos los portavoces como Santos (Podemos), que consideró razonable la solicitud de los vecinos y habló de que la CHE “tiene un agujero negro en cuanto a transparencia”, Anaut (Bildu), que insistió en las sombras de este proyecto, y Cerdán (PSN) y Nuin (I-E) a los que les sorprendió la falta de sensibilidad y lo inaceptable de la respuesta de la CHE.