La juez insiste y envía a juicio el caso alsasua por presunto terrorismo

PAMPLONA - La magistrada Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha dado por concluido el sumario por los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 15 de octubre en un bar de Alsasua, donde fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas, y ha elevado a la Sala de lo Penal la causa para el enjuiciamiento de los nueve jóvenes procesados, a los que insiste en atribuir un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio, ilícitos penales por los que se podría enfrentar a más de 15 años de cárcel.

En un auto fechado el día 1 de este mes de febrero, contra el que no cabe recurso y que ha dictado apenas dos días después de que más de 200 juristas y profesores universitarios del Derecho hayan cuestionado su actuación, la juez Lamela recuerda que el sumario seguido en la Audiencia Nacional se incoó por los presuntos delitos de atentado a agente de la autoridad, lesiones, de provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos y terrorismo. Fue la denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) la que alteró el desarrollo de los acontecimientos, ya que los hechos ya habían comenzado a ser investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona por los delitos de atentado a agente de la autoridad y lesiones, ilícitos por los que fueron imputados los dos únicos jóvenes detenidos en primera instancia por la Policía Foral, que quedaron en libertad con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

Sin embargo, la denuncia de Covite y las posteriores investigaciones de la Guardia Civil, que en su primer informe sí atisbó un delito de odio pero nunca de terrorismo, ampliaron el número de investigados a nueve jóvenes de Alsasua, en base a las identificaciones realizadas por los propios denunciantes, siete de los cuales fueron enviados a prisión por orden de la juez Lamela. Cuatro de ellos, no obstante, fueron puestos en libertad con posterioridad a raíz de los recursos de la defensa. Además, otros dos menores también fueron identificados por los denunciantes como supuestos participantes en los hechos, por lo que sus causas fueron remitido al juzgado correspondiente.

Ahora, “practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, participación que han tenido los procesados y las circunstancias que en su comisión han concurrido, y no hallándose indicada ninguna otra”, la juez considera que es pertinente finalizar el sumario, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y elevarlo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para su reparto y apertura de juicio oral, emplazando a las partes a tal efecto.

Desde el primer momento, y atendiendo a la denuncia de Covite y a los informes de Guardia Civil, Lamela ha enmarcado la agresión ocurrida el 15 de octubre en “las rutinas de hostigamiento” a los agentes del Instituto Armado que impone el colectivo Ospa Mugimendua. “Todos conocían con anterioridad la condición de Guardia Civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados”, recalcó la magistrada en el auto de procesamiento de 22 de noviembre.

Según la juez, este colectivo busca “influir en la vida de los miembros de la Guardia Civil para que se sientan objetivo de grupúsculos violentos y tengan dificultades para realizar sus actividades diarias, tales como realizar sus compras, disfrutar del tiempo libre con sus parejas o apuntar a sus hijos a actividades, instando a otros ciudadanos a evitar ningún vínculo afectivo con ellos”. Quien incumple estos preceptos “es tildado de afín al Instituto Armado y puede también convertirse en objetivo”.

La juez trasmite a la Sala de lo Penal que aún están pendientes de resolver varios recursos, como son los referentes al auto de procesamiento, así como sendos recursos contra dos autos de denegación de libertad de los tres jóvenes que siguen encarcelados en la cárcel de Soto del Real.

Aun pendientes de la juez de iruña

Recurso. De forma paralela a la conclusión de la fase de instrucción acordada por la Audiencia Nacional, los hechos ocurridos en Alsasua el 15 de octubre siguen pendientes del recurso interpuesto por la defensa de los jóvenes contra la inhibición dictada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona. Aunque la magistrada no admitió a trámite dicho recurso, la decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Navarra por los investigados, que sostienen que los hechos deben ser investigados y enjuiciados en la Comunidad Foral por no estar tipificados como terrorismo. La Sección Primera estimó a mediados de enero sus pretensiones y ordenó a la juez instructora que admitiera a trámite el recurso para su resolución. En el caso de que la magistrada lo desestime y entienda que la causa es competencia de la Audiencia Nacional, aun quedará por pronunciarse la Audiencia Provincial de Navarra.