PAMPLONA. La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha mostrado este martes en el Parlamento su voluntad de seguir trabajando para esclarecer los casos de "violencia injusta" porque "los modelos de transición basados en el olvido no sirven para reparar la vulneración de derechos".

Ollo ha comparecido acompañada por el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, para presentar a petición de EH Bildu el informe del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) sobre tortura y malos tratos en Navarra entre 1960 y 1978, y exponer los planes de su departamento a partir de 1978.

Y al respecto ha afirmado que el abordaje de la tortura y los malos tratos en Navarra es una preocupación para ella desde la pasada legislatura porque pretende "verdad, justicia y reparación para todas las víctimas", para lo que se precisa de "rigor documental".

Los planes para esta legislatura, ha dicho, son desarrollar programas transversales "que lleven el respeto a los derechos humanos a posiciones de centralidad", reconocer a las víctimas de la Policía y la extrema derecha, profundizar en programas educativos y culturales para deslegitimar la violencia, favorecer el diálogo como medio para la solución de los problemas, fomentar el consenso social para condenar cualquier violencia e impulsar mecanismos recogidos en el protocolo de Estambúl para personas detenidas.

La consejera ha incidido en la necesidad de defender los derechos humanos mediante la educación, sensibilización y concienciación, y en la promoción de una mirada crítica fomentando el conocimiento de lo sucedido, y por ello se impulsarán acciones que permitan incorporar al Centro de la Memoria diversos informes en los que se está trabajando para completar el del Instituto Vasco de Criminología.

Entre estos nuevos estudios ha aludido a la lucha del movimiento obrero contra el franquismo y su represión, al terrorismo de extrema derecha, y a la segunda parte de las memorias familiares, sociales e institucionales de Mikel Arregui, Ángel Berroeta y José Miguel Etxeberria, todos ellos "desde una perspectiva integral y en los diversos contextos políticos y sociológicos que se produjeron".

Se trata, ha subrayado Ana Ollo, de "un camino lleno de dificultades", pero también ha subrayado su voluntad es "seguir avanzando para construir una sociedad mas justa, ética y solidaria".

En este sentido ha aseverado que la violencia que supone la tortura "nunca debió ocurrir" y por lo tanto requiere de "garantías de no repetición" porque son crímenes de derecho internacional y en determinadas circunstancias crímenes de guerra y lesa humanidad, y genocidio.

Con este principio ha recordado que fue una moción del Parlamento foral aprobada en2016 la que instó el esclarecimiento de los casos habidos y así en 2018, obstaculizadas otras vías en los tribunales por recursos del Estado, se encargó un informe al Instituto Vasco de Criminología, pendiente ahora de publicar.

Al respecto Martín Zabalza ha apuntado que el informe tenía inicialmente como periodo de análisis desde 1960 hasta 2016 pero anulada por los tribunales la Orden Foral de ayudas al mismo, se planteó un estudio con cobertura por las leyes de Memoria Histórica acotado hasta 1978.

El trabajo, ha añadido, cuantifica y describe el fenómeno de la tortura y los malos tratos en Navarra según diversas fuentes bibliográficas y documentales, declaraciones y denuncias publicas, y concluye que fueron numerosos las personas detenidas que denunciaron torturas y malos tratos por parte de Policía Nacional y Guardia Civil sin que tuvieran "ninguna investigación eficaz en los tribunales".

En total se han estudiado 204 expedientes, de los que 35 fueron descartados por falta de documentación suficiente, por lo que el Instituto considera deseable ampliar el estudio para sumar mas información sobre estos casos e incorporar nuevos, y ve necesario analizar los habidos desde 1978 para conocer las dimensiones reales.

A ello el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos ha añadido la conveniencia a juicio del Instituto de adoptar medidas legislativas para paliar este déficit.