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exclusión en el acceso a vivienda

La Red de Pobreza exige regular el mercado del alquiler e invertir en vivienda social pública “sin caducidad”

Valora positivamente las acciones del Gobierno en materia de vivienda, pero las considera “insuficientes”

La Red de Pobreza exige regular el mercado del alquiler e invertir en vivienda social pública “sin caducidad”

- Los precios de la vivienda libre están por las nubes y el parque público no es suficiente para dar salida a todas las familias que necesitan un alquiler social. La situación es crítica y, por ello, la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza reclama a los gobiernos de Navarra y del Estado que regulen el mercado del alquiler y que inviertan en vivienda social pública “sin caducidad”. “Pedimos que controlen de alguna manera los precios, vía deducciones fiscales o con límites a las subidas o con otros mecanismos que estimen oportunos, pero que los controlen”, señalan Gara González y Amaia Leránoz, integrantes de la Comisión Permanente de la red.

Asimismo, además de la regulación del mercado libre, también abogan porque desde las Administraciones se invierta en vivienda pública y que sea, además, de forma permanente. “Es importante que los pisos sociales lo sean sin caducidad para evitar el problema que nos estamos encontrando ahora: muchas de las licencias dadas caducan este año. De nada sirve que el Gobierno anuncie 500 nuevas viviendas sociales si pierden la condición más de 900”, denuncia Leránoz, a lo que González añade que también es importante “diversificar las viviendas, tanto por barrios como por tamaños, para hacerlas accesibles a todo tipo de familias”.

Asimismo, desde la red ven como, poco a poco, la situación de la vivienda va empeorando y su previsión no augura ninguna mejoría. Así, según avanzan, la situación de las personas que están sin una vivienda “se va cronificando” porque ni tienen posibilidad de acceder a una en el mercado libre, ni se les concede un piso de alquiler social. “Hay personas que llevan 10 años en el censo y les quedan otros tantos. Familias que han recibido el visto bueno para una vivienda social se encuentran con que se la conceden a los tres años, pero durante ese tiempo, ¿qué pueden hacer?”, plantea González.

El empeoramiento de la situación también se constata en las condiciones que ponen los propietarios: “Hay tanta gente buscando alquiler que los dueños pueden elegir quién entra en su vivienda. Se están pidiendo desde contratos indefinidos hasta carta de recomendaciones y si eres de aquí mejor. De esta manera hay miles de familias que se quedan fuera del acceso a una vivienda”.

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra en materia de vivienda, González y Leránoz reconocieron que “se ha avanzado y se han llevado a cabo acciones, pero son insuficientes”. De hecho, recuerdan que desde la red valoraron “muy bien” la Ley de Vivienda, aprobada el pasado año y que concibe la vivienda como un derecho de la ciudadanía, y no como un mero negocio. Se han puesto en marcha muchos programas que están bien pero que son insuficientes. Es un problema que afecta a toda la sociedad navarra, pero todavía más a quienes están en situación de exclusión”, apunta Leránoz.

Las integrantes de la red creen que este es “un problema multidimensional” para el que no hay una única solución: “Hacen falta muchos recursos, muchos programas más para garantizar los derechos de las familias”.