El Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Pamplona (CEMICAP), que cuenta con más de 70 mediadores en materias civiles, mercantiles, de familia, penales y de accidentes de circulación, recibió en 2021 de los juzgados de Pamplona y Aoiz un total de 148 asuntos para iniciar mediaciones. La mayoría provienen de la jurisdicción de familia, si bien se ha incrementado el número de los derivados de la jurisdicción civil y mercantil. Además, en 2021, un total de 35 asuntos se han servido de la mediación extrajudicial.El año anterior, en 2020, Navarra atendió 264 casos de mediación con una tasa de éxito del 45%. Pamplona y Aoiz acogieron 134 procesos, Estella 96, Tudela 20 y Tafalla 14.

Ahora, Navarra ya trabaja en la elaboración de la primera ley foral de justicia restaurativa. De hecho, ayer se realizó la primera sesión de una comisión parlamentaria que trabajará por pulir la nueva legislación durante los próximos seis meses.

Jorge Ollero, director del servicio de ejecución penal y justicia restaurativa del Gobierno de Navarra, explicó algunas de las claves de esta pionera ley. “Las prácticas restaurativas buscan crear cohesión social y generar condiciones colectivas de confianza, respeto y cuidado en barrios, colectivos, vecinos o centros educativos. La justicia restaurativa lleva más de 15 años implantada en la Comunidad Foral, pero todavía no disponía de una legislación propia. En el acuerdo programático 2019-2023, se constituyó un grupo técnico de trabajo para el análisis y el establecimiento de las líneas estratégicas de un modelo de ejecución penal en Navarra que incluyera la incorporación de la perspectiva restaurativa. La justicia restaurativa debe ser un servicio público y víctima y victimario tienen que tener derecho a acceder a ella. Además, tiene que haber un control de calidad público”, explicó.

“La justicia restaurativa es necesaria porque busca la participación activa, la reparación, la responsabilidad, la reinserción, la protección de las víctimas, la equidad y un enfoque social y comunitario. Sirve para promover una cultura de paz en la sociedad en general”, añadió.

Además, Jorge Ollero presentó algunos de los proyectos que este tipo de justicia debe incorporar en un futuro. “Queremos empezar a trabajar en delitos medioambentales con la UPV, en la investigación del lenguaje junto a la UN y en la adaptación de los servicios para personas con problemas de salud metal o discapacidad gracias a los fondos de la UE. Por otro lado, buscamos continuar con los diálogos restaurativos en prisión y entrar en delitos de odio, de mediana gravedad como robos o hurtos y en delitos contra la libertad sexual”.

Por su parte, Eduardo Santos, consejero de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, remarcó que en la Comunidad Foral se dispone de “un ecosistema avanzado en términos de mediación, con mucho presente y sobre todo futuro”. Además, destacó que “el Gobierno está haciendo una apuesta clara con la elaboración de una ley de justicia restaurativa”.

Por último, el director general de Justicia, Rafael Sainz de las Rozas, remarcó “el gran nivel de implantación de la mediación, de sus valores y de lo que representa la justicia restaurativa en Navarra. Estamos a la cabeza de todo el estado y se está trabajando con instituciones de toda Europa. La justicia restaurativa significa apostar por la cohesión territorial y social, avanzar en que la ciudadanía madure y se haga responsable de la resolución de conflictos. Y también se debe hacer a la sociedad responsable de curar las heridas que ha dejado el terrorismo, como hemos podido comprobar con el testimonio de Maixabel Lasa”, reflexionó.