Las reclamaciones de deudas empiezan a visibilizar en los juzgados navarros un efecto descorche propio de la crisis integral reinante. La economía no es lo de menos y las morosidades que afectan desde los créditos personales hasta los impagos de tarjetas financieras de bancos, hipermercados y grandes superficies y que también incluyen las cuotas impagadas de gastos comunes de las comunidades de vecinos se han disparado ya, con severo reflejo en la estadística general, en vísperas de las fiestas navideñas.
El dato es sumamente preocupante, más teniendo en cuenta que en dichos procedimientos no están reflejados por ejemplo los impagos que se estén produciendo, y que puedan producirse, a lo largo del invierno por la subida de servicios como la luz, la calefacción o el agua caliente. A ello hay que añadir el efecto compulsivo de los fondos buitre que compran paquetes de deuda de muchas de esas entiedades y formulan reclamaciones judiciales contr los morosos. Son fondos de capital riesgo o de inversión libre, ubicadas por lo general en otros países, incluso en paraísos fiscales, que han convertido en los principales demandantes de deudas en los juzgados de Primera Instancia, los juzgados civiles en los que se encauzan este tipo de reclamaciones. Dichos procedimientos judiciales se denominan monitorios, en el que se busca reclama la devolución de una deuda líquida y vencible, Apenas hay un plazo de 20 días para responder y oponerse y, en caso de no hacerlo, se embargan bienes por la cantidad adeudada. Se trata de acreditar la existencia de dicha deuda a través de un contrato, un albarán o una factura.
El informe del tercer trimestre
Según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, hecho público ayer por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, Navarra ha experimentado un importante crecimiento en la presentación de monitorios a lo largo de este año. Así, en los tres primeros trimestres de 2022, entre enero y septiembre, los juzgados navarros han recogido un total de 5.581 procedimientos civiles de este tipo. Llegan a una media diaria de 23 demandas presentadas de media en los juzgados de la Comunidad Foral. Dicha cifra total supone un 13,5% más de los que se registraron en el mismo periodo de 2021, donde había habido 4.914 reclamaciones. En 2020, año de la pandemia, la cifra registrada era mucho más baja y se quedó en 3.373 asuntos. En cuanto a los años anteriores, hay que remontarse hasta 2011 para encontrar un dato que supere los monitorios que se han presentado este año. En 2011 el récord de reclamaciones presentadas se situó en 5.748.
El estudio concreta, respecto a las últimas cifras registradas, que el ascenso en los monitorios durante el tercer trimestre en los órganos judiciales navarros ha alcanzado el 6%. Se trata de procedimientos que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. Frente a los 1.471 presentados en el tercer trimestre de 2021 entre el pasado julio y septiembre se interpusieron 1.558.
ACTIVIDAD JUDICIAL
AUMENTO DE TODO TIPO DE ASUNTOS
Navarra, por debajo de la media de litigiosidad. Los órganos judiciales de Navarra registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año un total de 17.710 nuevos asuntos, cifra que supone un aumento del 6,38% respecto al tercer trimestre del año anterior. En el mismo periodo, resolvieron 15.639 procedimientos (15.458 un año antes), un ascenso del 1,1%, y dejaron en trámite 23.329 (21.273), un 9,6% más. Estos y otros datos están recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2022, dado a conocer por el Consejo General del Poder Judicial. Por jurisdicciones, en penal se incoaron 10.873 nuevos casos en el tercer trimestre, lo que supone un 10,3% más que hace un año, cuando se recibieron 9.853. En el mismo periodo se resolvieron 9.888 (9.200 el año anterior), un aumento del 7,4%, y quedaron pendientes 8.005 (6.999 en 2021), esto es, un ascenso del 14,3%. La tasa de litigiosidad en el Estado fue de 32,1 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades con más tasa de litigiosidad fueron Canarias (41,1), Andalucía (34,6), Islas Baleares (34,5). Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (21,9), la CAV (22,3) y Extremadura (24,7). Navarra arroja una tasa de 26,7.
