La presidenta de Cermin, Mari Luz Sanz Escudero, presentó el viernes en el Parlamento un informe sobre el impacto de la covid en personas con discapacidad que constata la vulneración de derechos que han sufrido durante la pandemia en distintos ámbitos, por lo que instó a pedir la opinión de este colectivo para desarrollar la normativa vigente y antes de tomar decisiones si se repitiera una situación similar. Sanz indicó que no se trata de hacer reproches por una situación de emergencia desconocida para todos sino de que lo vivido sea “un aprendizaje”, que este trabajo, subvencionado por el Gobierno y en el que ha colaborado la UPNA, sea “una proposición propositiva”.
Y precisó que asuntos concretos, como la vacunación, que fue “un despropósito absoluto”, y la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en accesibilidad, autonomía y movilidad, igualdad de oportunidades, seguridad y protección y comunicación e información obliga a tener en cuenta sus especiales dificultades. Marta Sanz, de Adacen, detalló los problemas detectados y las soluciones propuestas por Cermin para evitar que se repitan, y así en el ámbito sanitario se comprobó que se suspendieron las valoraciones de discapacidad y dependencia, así como los tratamientos y el servicio de rehabilitación, el cierre de atención diurna, el aumento de problemas psicológicos, también en los familiares, y un infradiagnóstico de nuevas patologías. Como soluciones Cermin pide a futuro garantizar la atención presencial, no suspender servicios de tratamiento, rehabilitación y ambulancia, articular medidas de especial protección para las personas que viven solas, una normativa homogénea para casos de confinamiento, reforzar centros de Atención Primaria y Servicios Sociales.
