Existe cierto consenso entre los juristas de que el caso de las menores de Almendralejo se trataría de un supuesto nítido de delito de pornografía infantil. Se trata del caso en el que unas menores de edad han denunciado la circulación de fotos de sus cuerpos desnudados a través de montajes creados con inteligencia artificial en los que sus rostros son reconocibles. Los juristas consultados por este medio consideran que la difusión de dichas imágenes, aunque sean alteradas, se podría considerar como pornografía por el uso de menores para dichos fines.
Aunque en esta ocasión, los delincuentes hayan utilizado en esta ocasión herramientas que permiten las nuevas tecnologías para la confección y la difusión de dichas imágenes, los delitos contra la libertad sexual cometidos por medio de Internet cuentan con un importante número de procedimientos judiciales en Navarra. Solo en el año 2022 los delitos de este tipo investigados por la Fiscalía navarra alcanzaron la treintena de diligencias incoadas. En concreto, hubo cinco asuntos relacionados directamente con la producción, distribución o tenencia de material pornográfico, otro caso en que se usó a menores con fines pornográficos, doce más de acoso sexual a través de medios telemáticos a menores de 16 años (se trataría de exigirles imágenes íntimas, con la amenaza por lo general de que en caso de no enviar dichas fotos o vídeos van a ser chantajeados) y, por último, se iniciaron otros once asuntos por un delito de exhibición y provocación sexual sobre menores de 16 años (enseñarles pornografía o realizar actos de exhibicionismo).
La Memoria de la Fiscalía navarra señala respecto a estos tipos penales que ofrecen números similares que se van repitiendo un año tras otro. Son causas relativas a adultos que contactan con menores de edad, en las que les reclaman fotos o vídeos de contenido sexual a través de las redes sociales. "En ocasiones se hacen pasar por menores de edad, en otras, por mayores de edad, pero con una edad más cercana a la del menor con el que conversan, o conocen a las víctimas por diversas circunstancias”.
De igual manera, se mantienen en unos niveles similares a las del año anterior los delitos en los que los acusados utilizan las redes sociales más usadas por los jóvenes para contactar con ellos, con el fin de mantener conversaciones de alto contenido sexual y llegando a enviar fotografías pornográficas o de sus genitales o en actitud sexuales explícitas, a cambio de reciprocidad. La Fiscalía dice que “es de destacar la necesidad de seguir desarrollando una importante labor formativa con los menores sobre este tipo de contactos y sus consecuencias posteriores”.
La alarma de las cámaras en los vestuarios
Por lo que respecta a los delitos para atentar contra la intimidad de una persona llegaron este año a 67 diligencias abiertas por Fiscalía. Dentro de los ataques a este bien jurídico, con víctimas en estos casos la mayoría adultos, destacar los casos de los voyeurs, con el uso de la utilización de dispositivos móviles o cámaras encubiertas para obtener las imágenes que luego descargan en sus ordenadores, colocando esas cámaras disimuladas de muy diversas formas y normalmente en baños o lugares similares de establecimientos públicos, produciendo una importante alarma social”.
