El colegio Miravalles-El Redín ha planteado a las familias la posibilidad de privatizar las etapas de ESO y Bachiller para así mantener la segregación del alumnado por sexo. Se trata de una consulta que ya había iniciado Irabia-Izaga en los mismos términos ante la posibilidad de que no prosperen los recursos judiciales y ambos centros escolares que imparten educación diferenciada tengan que crear aulas mixtas para poder recibir financiación.

Así, Miravalles-El Redín –al igual que Irabia-Izaga– plantea a las familias dos opciones: mantener el concierto con el departamento de Educación y que todo el colegio pase a ser mixto o limitar la educación mixta a las etapas de Infantil y Primaria y privatizar ESO y Bachillerato para seguir con la educación diferenciada, lo que le haría perder el concierto y la financiación, por lo que las cuotas se incrementarían notablemente.

De momento, el centro ha hecho un sondeo a las familias creando una división entre las partidarias de mantener el concierto y las que quieren privatizar el centro. De hecho, se han creado dos plataformas diferentes que, vía on line, están haciendo una recogida de firmas para presentarlas el próximo 27 de noviembre ante el Consejo de Administración de Fomento de Centros de Enseñanza.

Plataforma por la privatización

En concreto, los padres y madres que apuestan por la privatización del centro para mantener la segregación por sexo del alumnado se escudan “en la libertad” de las familias para elegir ese modelo educativo. No obstante, esta elección conllevaría un aumento de las cuotas al perder el concierto –unos 300 euros por hijo–, algo de lo que las familias son conscientes pero argumentan que “estamos dispuestos a seguir adelante en el proyecto educativo, es decir, estamos dispuestos a asumir el precio de la libertad de la educación de nuestros hijos”.

Plataforma por el concierto

Pero no todas las familias podrían asumir ese aumento de las cuotas y por ello, la otra plataforma de padres y madres aboga por pasar a la educación mixta en todo el centro, ya que la privatización podría llevar a muchas familias a abandonar los colegios. “Consideramos que la privatización implicará un cambio drástico que terminará por reducir el número de estudiantes y familias atendidas”, defienden, y denuncian igualmente el “ataque directo de las instituciones públicas sin precedentes, basado en el odio, a nuestro modelo educativo”.