El Sindicato de Vivienda Haritu y el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria han denunciado las condiciones “extremas” en las que viven las personas acogidas al ‘Programa de Alojamiento en Pensiones’ del Ayuntamiento de Pamplona, al que acusan de ofrecer “alternativas de miseria” a familias desahuciadas.
Los sindicatos relatan que “durante los últimos meses, varias personas han acudido a nuestros sindicatos de vivienda con problemas relacionados con su estancia en hoteles. Nos referimos a las pensiones y hoteles correspondientes al ‘Programa de Alojamiento en Pensiones’ del Ayuntamiento de Pamplona”.
“Cuando una familia es desahuciada, o una persona sin hogar es derivada a algún recurso por parte de las instituciones, los medios de comunicación suelen coincidir en la idea de que ‘se ha ofrecido una alternativa’, de forma que la opinión pública pueda pensar que el sufrimiento de estas personas ha encontrado una solución”, apuntan.
Sin embargo, “en la mayoría de casos nos encontramos ante este tipo de alternativas insuficientes y de mala calidad. Además, estas se promueven mediante la colaboración público-privada: empresas que gestionan los albergues; hoteles a los que el Ayuntamiento y las familias, mediante copago, pagan cada noche de estancia...”.
Según aseguran haber constatado, “en estos establecimientos, familias se ven obligadas a vivir en una sola habitación con baño, sin opción de intimidad o estudio debido a la falta de espacio”. “La prohibición de cocinar en las habitaciones impulsa a adquirir alimentos preparados, afectando la calidad de la alimentación”, añaden.
Además, “carecen de servicios básicos como lavadora y frigorífico, y se ignoran consideraciones de arraigo comunitario”, y “aunque la normativa municipal limita la estadía a un mes, algunas familias llevan más de seis meses, evidenciando la miseria de estas opciones por su baja calidad, inestabilidad y costos económicos impuestos a los residentes”.
Por eso, ambas entidades denuncian que “las instituciones públicas favorecen el beneficio de empresas privadas a costa de la miseria de la gente”, un problema cuya raíz reside “en el progresivo empeoramiento de la calidad de vida de la clase trabajadora”.
Asimismo, aseguran que “la moratoria de los desahucios, en vigor durante los últimos años, ha generado la ilusión de que se buscan alternativas en todas estas situaciones, pero la realidad es que los servicios sociales están colapsados y carecen de recursos”. “Aunque las personas en situación de vulnerabilidad vayan a buscar solución en repetidas ocasiones a los servicios sociales, siempre reciben la misma respuesta: que no hay viviendas y que hay que esperar”, detallan.
En ese sentido, los sindicatos señalan directamente “la responsabilidad del Ayuntamiento de Pamplona a la hora de gestionar estas situaciones de vulnerabilidad”, ya que “mientras se calcula que solamente en Iruña hay unas 5.000 viviendas vacías, la solución inmediata que proponen desde el Ayuntamiento son unas decenas de plazas en albergues y hoteles”.
Sin embargo, advierten que "la realidad de las personas que carecen de vivienda no es nueva, es un problema que va más allá del color del Ayuntamiento de turno, y, aunque sea un tema recurrente por el que los partidos políticos institucionales se cruzan reproches y ataques, sabemos que su resolución definitiva no puede venir de la mano de la política institucional. Y es que el problema de la vivienda siempre existirá mientras esta siga siendo una mercancía".
