El Gobierno de Navarra ha asegurado este martes que no es posible atender a la petición de una trabajadora de la Administración foral, víctima de violencia de género, que había solicitado su traslado a Valencia porque "la ley no recoge esta intermovilidad a otra Administración" al margen de la Comunidad Foral.
La mujer trabaja como funcionaria en un hospital en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y pretende trasladarse para rehacer su vida junto a su hijo y conservar su puesto de trabajo, según contó en el diario Levante, pero la legislación foral se lo impide.
El Decreto Foral y la posible modificación del Estatuto de Personal
La demandante, según el periódico levantino, alegó que al impedirle el traslado se incumplía "la resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. En dicho acuerdo participa el Ejecutivo navarro y se acuerda favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Pero dicho acuerdo no es vinculante y en la Comunidad Foral la normativa vigente a aplicar es el artículo 35 bis del Decreto Foral Legislativo 251/1993 "sólo está contemplada la movilidad dentro de la Comunidad Foral, en el caso de mujeres víctimas de violencia de género".
Según han señalado desde el Ejecutivo foral, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona ha avalado esta decisión al no existir cobertura legal, pero lo cierto es que el juez insta en su resolución a que Función Pública adopte las medidas necesarias para posibilitar que el legislador navarro estudie una eventual modificación" del estatuto que regula al funcionariado público para que "contemple la movilidad interadministrativa de las empleadas víctimas de violencia de género e impulse las medidas necesarias para posibilitar la misma".
El Gobierno de Navarra ha afirmado que tiene "la voluntad de acoger esta petición y de hecho desde la Dirección General de Función Pública se ha impulsado y se está trabajando en su inclusión en el texto del nuevo Estatuto de Personal". "Esta situación refuerza el diagnóstico del departamento de cara a la modificación del marco legal en el que trabajamos, en el que se ve necesario que se habilite la movilidad entre administraciones de las empleadas públicas víctimas de violencia de género", aseguraron desde el Ejecutivo.
