La Orden Foral que regula el proceso de votación por la jornada escolar sigue demandando respuestas por parte del Defensor del Pueblo. Ayer, cuatro integrantes de la plataforma por la jornada partida en Navarra (dos madres del colegio Joakin Lizarraga de Sarriguren y otras dos de Patxi Larrainzar de la Rochapea) se reunieron con Patxi Vera para explicar su punto de vista sobre la Orden Foral que regula la votación de la jornada y las condiciones en que esta se ha producido. La Plataforma, con representantes de los centros mencionados, además de en Amaiur, Auzalar, Elorri, Sanduzelai, Hegoalde Ikastola y Gares, entre otros, expuso ante la institución sus convicciones de que los colegios “no están siendo imparciales durante el proceso”, ya que a su juicio “sus trabajadores prefieren instaurar la jornada continua”. “No hemos podido probar todas las actuaciones que habrían condicionado el voto de las familias, como desinformaciones o bulos, pero hemos probado que la votación no ha tenido las garantías democráticas que merecía”, explicaron.

En este sentido, el Defensor, según la plataforma, concluyó que “debe haber mayor control” respecto a la influencia que el profesorado, como parte directamente interesada, pueda ejercer sobre las familias, si bien reconoce que “es altamente difícil llegar a celebrar una votación en ausencia total de la misma”.

GARANTÍA DE EQUIDAD

Del mismo modo, Vera explicó que la documentación que le aportaron ayer “deberían habérsela remitido du-rante el proceso de votación, lo que le hubiera llevado a solicitar la pertinente actuación de Inspección Educativa, pero parece que ya es demasiado tarde para su intervención”, asegura la Plataforma. Por otro lado, se mantiene en la recomendación que sobre la modificación de la Orden Foral realizó al consejero Gimeno, aunque reconoce que “la obligación de informar a las familias no debería haber sido tan limitada”.

Desde la Plataforma defienden la jornada partida como “garante de la equidad y pensamos que la jornada escolar trasciende a intereses laborales, intereses particulares de las familias e, incluso, a la comunidad educativa, ya que la educación pública de hoy es la sociedad navarra del mañana”. Por eso y siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo, acudiran al Parlamento para “pedir que se derogue la Orden Foral y que se actúe en favor del alumnado”.