Andrea Corera Rípodas (Aoiz, 1987) lleva década y media en la asociación Antox, primero como trabajadora social especializada en el tratamiento de adicciones y juego patológico y, actualmente, como coordinadora general de la entidad. Además, desde hace unos meses ostenta también la presidencia de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que aglutina a 34 entidades sociales y que este año celebra su 30º aniversario.
Este mes de octubre lo tienen plagado de actividades y actos en torno al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora este jueves que viene, para el que tienen una reivindicación clara: que el nuevo Plan Estratégico de Inclusión de Navarra cuente con todos los recursos necesarios para frenar el aumento de personas en riesgo de pobreza y exclusión.
Navarra es la segunda comunidad con menores tasas de riesgo de pobreza y exclusión social, pero los indicadores han empeorado en los últimos años...
–Así es, en el último año ha habido un aumento del 14,5% al 17,2% de población en riesgo de pobreza o exclusión social, y Navarra es de las comunidades en la que más ha aumentado ese porcentaje proporcionalmente. Actualmente hay más de 115.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social en la Comunidad Foral, es algo que siempre ha sido preocupante, lo que pasa es que antes partíamos de una mejor situación, pero en los últimos años se ha empeorado. Desde la Red consideramos que es urgente aplicar medidas para revertir esta situación y reflexionar sobre lo que no estamos haciendo y las necesidades que no estamos cubriendo.
¿Cuáles son esas necesidades que no se cubren? ¿Dónde está centrando sus esfuerzos ahora mismo la Red?
–Este año, en el marco de los 30 años por el cambio social, hemos organizado varias jornadas para sensibilizar a la población sobre las diferentes dificultades o situaciones que están detrás de la pobreza o exclusión. Hemos trabajado ámbitos como el hecho de cubrir todas las necesidades básicas, el empleo de calidad, la vivienda digna, que son elementos clave para garantizar la inclusión en la sociedad y que vemos que no se están cubriendo. De todas esas jornadas hemos sacado una serie de conclusiones que creemos que deben estar reflejadas en las políticas públicas orientadas a resolver situaciones de pobreza. Entonces estamos centrando los esfuerzos ahí, en trabajar por que el nuevo Plan Estratégico de Inclusión Social –que está en proceso de elaboración– cuente con indicadores eficaces y eficiente y con un sistema de evaluación acertado en el que se tenga en cuenta a los colectivos vulnerables.
¿En qué consiste exactamente el plan?
–Este Plan Estratégico de Inclusión Social debe ser una estrategia ambiciosa, con los recursos necesarios para frenar el aumento de personas en exclusión social y creemos que no debe compartimentar a las personas en función de los departamentos que las atienden, sino que hay que ser corresponsables en la lucha contra la vulnerabilidad desde todos los ámbitos. Queremos que la pobreza sea el objetivo central de todas las políticas y que su erradicación no sea solo una consecuencia de las medidas que se implanten, sino el objetivo, una apuesta transversal y real de todas las instituciones.
La pandemia y la crisis posterior afectó a toda la sociedad, pero en las personas más vulnerables tuvo un impacto todavía peor, ¿no?
–Así es, a más vulnerabilidad, mayor es el impacto y esto es extrapolable a otras crisis pasadas y futuras (la de 2008, la de la vivienda actual, las migratorias, etc.). La pandemia agravó las cifras de pobreza en Navarra pese al efecto amortiguador del escudo social. Es verdad que durante la pandemia se establecieron medidas pero no han tenido recorrido a largo plazo. Creemos que el aprendizaje debe ser que las medidas deben ser más proactivas y menos reactivas.
¿Cuál es el perfil de una familia en situación de pobreza?
–En la Red no nos gusta hablar de un perfil concreto, porque la pobreza y la exclusión son multicausales y multidimensionales, con diferentes situaciones y realidades. De lo que sí podemos hablar es de algunos grupos o aspectos en los que la pobreza se expresa con especial intensidad, como las mujeres, los migrantes o los menores. Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, suele hacer especial incidencia en los menores porque considera que “se les impone una cadena perpetua por un delito que no han cometido”. Esa frase refleja muy bien la transmisión intergeneracional de la pobreza que estamos viendo, que es el proceso mediante el cual la falta de recursos se perpetúa de una generación a otra. Desde la Red hemos prestado especial atención a las familias monoparentales, porque sufren un mayor impacto por las dificultades que presenta su situación.
El último Informe sobre pobreza y desigualdad en Navarra refleja una clara brecha entre el norte y el sur de la comunidad, ¿qué lectura hace?
–Desde la Red estamos preparando un proyecto territorial en el que nos vamos a reunir con diferentes servicios sociales de Navarra par analizar precisamente esto, la desigualdad territorial.
Comentaba antes la “crisis” de la vivienda. La verdad es que los precios están por las nubes y los albergues para personas sin hogar cada vez más llenos...
–Podemos llamarlo crisis de la vivienda porque se ha vuelto inaccesible para muchísimas personas. También han aumentado las situaciones de calle en los últimos años, con la aparición de nuevos perfiles: jóvenes migrantes y familias monoparentales. Pero no solo debemos hablar de sinhogarismo al tratar la crisis de la vivienda, también tenemos que poner el foco en el aumento de la exclusión residencial: personas que tienen una vivienda pero que no cuentan con las condiciones de habitabilidad adecuada o que para acceder a esa vivienda hay que compartirla. Así llegamos a situaciones de hacinamiento de varias familias conviviendo en un mismo piso o personas que viven en habitaciones y a las que llamamos “vivienda”.
Que sería más una infravivienda, ¿no?
–Claro, hay familias que disponen de una vivienda pero que están en una situación de riesgo precisamente por vivir en esa vivienda. Hay una situación de exclusión residencial que desde la Red vemos con mucha preocupación. En este sentido, reivindicamos que haya un parque público de vivienda social, más planificación con las descalificaciones y mayor impulso a programas como el housing first.
En cuanto al sinhogarismo, llega ahora el invierno, ¿echan en falta más recursos?
–Desde la red valoramos los pasos que se están dando desde las instituciones, no obstante instamos a articular otros recursos que complementen la atención al sinhogarismo para dar una cobertura más global, atendiendo a todas las realidades, como la creación de pisos de baja exigencia, la adaptación de espacios residenciales, el refuerzo de los servicios de transición a la vida adulta o la mejora de los servicios de adjudicación de vivienda pública. También creemos que hay que reforzar los servicios actuales y superar el sistema de albergues de solo pernocta, tenemos que atender a las personas de forma integral y apostar por itenerarios más a largo plazo garantizando una continuidad asistencial.
Hace unos meses la Red organizó unas jornadas sobre vivienda en las que se habló del “sinhogarismo encubierto”, que afectaba especialmente a las mujeres...
–Una mujer tarda más en llegar a una situación de calle, pero cuando lo hace llega más deteriorada. Muchas veces hay mujeres que no están en la calle pero las situaciones a las que se enfrentan, por el hecho de ser mujer y al estar en este tipo de viviendas encubiertas, sin contrato, etc., hacen que estén expuestas a un gran riesgo.
Los discursos de odio, por desgracia, están cada vez más normalizados, especialmente hacia las personas migrantes. ¿Cómo se les puede hacer frente?
–Dentro de los discursos de odio queremos incidir en la aporafobia, que es el rechazo a las personas en situación de pobreza por el hecho de ser pobres. Es algo de lo que no se habla tanto y atraviesa muchas otras realidades. Para atajar estos discursos de odio os queremos tirar la pelota al tejado de los medios de comunicación porque tenéis una gran responsabilidad, sois un gran altavoz, y la forma de luchar contra estos discursos es la sensibilizaciones de todos y todas.
¿En qué se traduce la aporafobia?
–Pues hemos visto desde desprecios a personas por el hecho de ser pobre hasta agresiones físicas, que las ha habido.
Los perceptores de Renta Garantizada han descendido después de alcanzar el pico en la pandemia, ¿es una buena noticia o creen que no se está llegando a todas las personas?
–En términos de Renta Garantizada consideramos que en Navarra tenemos una garantía de prestaciones económicas, pero sin embargo el derecho a la inclusión –que viene recogido en esa misma ley– no se está acabando de garantizar. La aportación económica cada mes es una ayuda, pero no asegura que esas capas de la población den un salto a un empleo de calidad, a una vivienda digna o a una formación educativa. Habría que promover otras políticas activas que promuevan la inclusión de las personas perceptoras, yendo más allá de la ayuda económica, que no siempre ayuda a salir de una situación de pobreza.
Sigue trabajando en Antox, asociación para la prevención y el tratamiento de las adicciones, ¿ha crecido la demanda en los últimos años?
–Bueno, lo que vemos en Antox es una evolución hacia un perfil de persona más complejo, pluripatológico, crónico y con menos apoyo social. Es algo que requiere de una mayor intervención de Derechos Sociales, de Salud, etc., es un trabajo interdisciplinar.
La pandemia, la crisis de la vivienda, la inflación... ¿Este contexto acrecienta el riesgo de determinados consumos?
–En ese sentido a raíz de la pandemia no hemos observado un mayor incremento, pero sí hemos sufrido otra serie de circunstancias como el cierre de la tercera comunidad terapeuta en Navarra, lo que ha aumentado la presión en los ingresos de la comunidad terapéutica.