El Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria denuncia que una mujer víctima de violencia de género y sus cinco hijos, tres de ellos menores, pueden ser desahuciados de la vivienda en la que residen en Burlada el próximo jueves 30 de enero, fecha en la que está fijado el lanzamiento. La mujer y su entonces pareja se instalaron en el piso en 2013, inicialmente bajo un contrato oral con la propietaria del inmueble, familiar del agresor. Según el sindicato, pese a haber abonado las mensualidades del alquiler durante años, la relación contractual no está formalizada.
La situación se complicó cuando la mujer fue víctima de violencia machista, lo que derivó en el ingreso en prisión de su agresor y una orden de alejamiento que, actualmente, ya no está en vigor, señalan desde la organización. Ahora, la propietaria busca desalojarla alegando la intención de vender la vivienda, lo que ha dejado a la madre en una situación de indefensión legal, ya que al no estar reconocida como inquilina formal, no se le aplica la moratoria vigente para desahucios de personas vulnerables.
Desde el Sindicato Socialista de Vivienda critican la falta de efectividad de esta medida, señalando que "entre el 70 % y el 75 % de los desahucios judiciales continúan ejecutándose, incluso en casos de vulnerabilidad evidente". “Las instituciones fallan a la hora de ofrecer alternativas reales y soluciones de fondo a problemas estructurales como este”, denuncian.
Aunque la mujer, acompañada por el sindicato, ha acudido en numerosas ocasiones a los servicios sociales, no se le ha ofrecido ninguna alternativa de vivienda, denuncian, y, "a una semana del desahucio, la situación de incertidumbre que padecen ella y sus hijos es total". Según sostienen, “esta realidad deja en evidencia que la violencia machista no se reduce a sufrir maltrato en un momento concreto, sino que tiene consecuencias duraderas en todos los niveles en la vida de las mujeres que la sufren”.
Ello implica que, en muchas ocasiones, las víctimas “vean su vida gravemente alterada aun después de separarse de su agresor”, especialmente “cuando las víctimas son mujeres de clase trabajadora”. En este caso concreto, explican, “la mujer que ha sufrido esta violencia puede terminar siendo desahuciada junto a sus hijas e hijos por, precisamente, seguir atada a la familia de su ex-marido y agresor”, algo que consideran una “revictimización flagrante”.
Desde el sindicato denuncian la desprotección total que sufre esta mujer “ante la ley, el agresor y las instituciones”. Señalan que no está protegida ante la ley porque, "aunque se anuncian medidas para detener desahucios de personas vulnerables, en este caso –como en muchos otros– no se aplican". Tampoco está protegida ante el agresor, ya que, "además de sufrir violencia machista, se le niega el derecho a vivir en su casa o a contar con garantías mínimas como inquilina, solo por no convivir ya con su exmarido”. Por último, critican la falta de protección por parte de las instituciones, que, "a una semana del desahucio, no han ofrecido una alternativa de vivienda”.
