Fred Agbontaen vive junto con su mujer y dos de sus hijos en un piso de Berriozar desde hace más de 25 años. Y en los próximos días, después de que su piso quede subastado, y si la movilización social no lo impide, quedará desahuciado. Este hombre compró en 2006 un piso en la calle Zortziko a través de un préstamo hipotecario de 179.000 euros con UCI, una entidad de crédito participada por Banco Santander. Desde ese momento se ha dado un crecimiento progresivo de la hipoteca, siendo inicialmente de 600 euros al mes hasta llegar a los 1.150 euros; un coste al que no puede hacer frente con un único salario, con el que, además, tiene que sostener a su madre y su hermana, quienes todavía viven en Níger, según explicó. Por esta razón, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclamó ayer una solución para no se produzca esta injusticia: “Ningún desahucio sin protesta”, “Santander roba sin parar”, “desahuciar es robar”, exclamaban los miembros de la asociación y algunas de personas que se unieron a la concentración en la entrada del banco en la Plaza del Castillo.
A pesar de sus ingresos oscilantes, siempre mantuvo la voluntad de pagar su hipoteca. Sin embargo, en una de las negociaciones “le engañaron de forma flagrante haciéndole firmar un préstamo personal de 20.000 euros”, aseguraron desde la Plataforma. Después, a base de reclamaciones, consiguió un código de buenas prácticas “que luego ya no le volvieron a dar. Y todo parece indicar que el desahucio se va a producir más pronto que tarde, pero movilizaremos a mucha gente para impedirlo”, apuntó Jesús Fernández, miembro de la asociación.
Ante esta situación, una de las medidas que Fred Agbontaen se ha planteado es la de un alquiler social, “pero también está siendo un proceso muy costoso”, indicó Agbontaen. Desde PAH están tratando de establecer acuerdos y relaciones con Gobierno de Navarra para que medien en el caso, así como a las instancias más altas del Banco Santander, que, en palabras de Fernández, “se han desentendido”. En ese sentido, el miembro de la plataforma añadió que este problema de vivienda se lleva denunciando desde el año 2010, pero “quince años después seguimos en el mismo punto. No ha cambiado nada. Cada vez hay más gente en el umbral de pobreza y cada vez es más cara la vivienda”.
