Ezkaba: el Fuerte olvidado

"Recordar hacia mañana", expresión utilizada por Federico García Lorca en su obra “Así que pasen cinco años”, simboliza uno de los grandes poderes de la Memoria Histórica. Cada sociedad debe recordar su pasado, porque forma parte de su identidad, que se forja a través del tiempo, como la vida de una persona, para proyectarse al futuro. Además, una sociedad formada y avanzada debe conocer su pasado para aprender de él, evitar repetir los errores cometidos, al igual que las personas, y proyectarse al futuro. Finalmente, la sociedad tiene el deber moral y ético de conocer su pasado, para reparar moralmente las injusticias y atropellos cometidos, siempre desde una perspectiva histórica y constructiva, y proyectarse hacia el futuro.

En la carrera de Historia se enseña que solo es historia (existe) aquello de lo que los historiadores se ocupan, y siempre desde el enfoque que estos adopten. El ejemplo clásico es la Historia Antigua, contada por los vencedores, cuyo relato perdura y se recuerda.

Sin embargo, hay sucesos, cercanos tanto en el tiempo como geográficamente, destapados y conocidos, pero soterrados y ocultos a la vez, que no acaban de ocupar el lugar que debieran en la memoria y la narrativa colectiva que toda sociedad avanzada debería tener.

Este es el caso del Fuerte de San Cristóbal, situado en el monte Ezkaba, 10 kilómetros al norte de Pamplona, y lo que allí aconteció entre 1934 y 1945.

Esta fortaleza militar, situada en la cima del mencionado monte y construida a finales del siglo XIX con el fin de defender la ciudad tras el bloqueo sufrido durante la Tercera Guerra Carlista (entre septiembre de 1874 y febrero de 1875), jamás fue utilizada para el fin inicialmente previsto, siendo este finalmente bien distinto. Así, tras la revolución de octubre de 1934, en aquel convulso escenario que vivía España, preludio de la Guerra Civil, más de 800 presos políticos fueron encerrados en un Fuerte diseñado para usos militares que, en ningún caso, estaba acondicionado para alojar población reclusa. Se trató de un primer experimento de represión política utilizando la dureza de las condiciones del lugar para sobrevivir como preso.

Tras la muerte de dos de los reos, se produjo un enorme revuelo e indignación por las condiciones que soportaban los reclusos, tanto en Pamplona (donde se produjeron varios paros de protesta) como por parte de numerosos Ayuntamientos de otras partes de España, especialmente de Asturias, de donde eran oriundos muchos de los presos.

La mayoría de presos políticos fueron finalmente trasladados a otros centros penitenciarios, quedando recluidos prácticamente dos centenares de presos comunes entre febrero y julio de 1936. Sin embargo, el Fuerte San Cristóbal había sido probado ya como herramienta de represión política, siendo utilizado como arma de terror por el bando franquista no solo en Navarra, sino para reprimir y ajusticiar a presos republicanos provenientes de toda España durante el periodo posterior. Así, a partir del golpe de estado del 17 de julio de 1936 formó parte del engranaje de destrucción sistemática del enemigo implementado por el bando franquista.

Desde los días inmediatamente posteriores al golpe, comenzaron a trasladarse presos políticos al Fuerte, al principio sin siquiera ser registrados, algunos incluso siendo fusilados en sus alrededores sin juicio ninguno.

En todo momento las condiciones fueron inhumanas para todos aquellos que pasaron por el penal, tanto física como psicológicamente: hacinados, incomunicados, muriendo de hambre, víctimas de torturas y abusos constantes, expuestos al frío y la humedad (una de las cuatro brigadas en las que eran encerrados está construida bajo tierra, pared con pared con los depósitos de agua). Unas condiciones totalmente inhabitables e insalubres en un lugar que la dirección y el personal militar gobernaron de forma corrupta, dictatorial e impune, incluso robando el dinero que los reclusos tenían para el economato.

En definitiva, un lugar en el que el preso no sabía si sobreviviría a la noche siguiente.

En muchos casos, las propias familias desconocían que sus familiares hubiesen sido trasladados al Fuerte. En todo caso, acceder a un Fuerte situado a las afueras de Pamplona, por un camino impracticable de más de 7 kilómetros cuesta arriba en aquella época, con muchos de los presos siendo de otras regiones de España, fue ya de por sí un castigo para las familias y los propios reclusos. El aislamiento físico de los seres queridos fue un castigo psicológico infligido de manera intencionada al seleccionar este lugar como prisión.

Hasta finales de noviembre de 1936, durante los primeros meses de la Guerra Civil, los prisioneros fueron exclusivamente navarros. A partir de entonces, comenzaron a llegar los presos de otras zonas de la España controlada por el bando franquista.

El Fuerte San Cristóbal llegó a albergar simultáneamente a casi 2.800 presos en las condiciones de hacinamiento e insalubridad descritas. Para comprender el nivel de hacinamiento alcanzado en un lugar, insistimos, no habilitado para alojar población reclusa, resulta muy esclarecedor el agitado debate que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados a finales de noviembre de 1935 sobre las condiciones del Fuerte como Centro Penitenciario. En él se hablaba de un “lugar absolutamente inhabitable, sin ningunas condiciones higiénicas, en el que era posible todo contagio”, en un momento en el que “solo” albergaba a 700 presos. Hasta el punto de que Manuel Irujo, diputado del PNV, afirmó que era una cuestión de humanidad cerrarlo. Un lugar del que el militar gallego del Partido ConservadorRodríguez de Viguri afirmó que “no debería albergar ni a 60 personas”. El Fuerte San Cristóbal, entre abril de 1938 y junio de 1942, superó una media de 2.000 reclusos.

La asociación Txinparta —gracias a cuyo encomiable y desinteresado trabajo por parte de sus miembros voluntarios, se ha conseguido recuperar e identificar muchos de los cuerpos de los presos asesinados— calcula que la población reclusa total que pasó por el penal alcanzó las 7.500 personas entre 1936 y 1945, habiendo podido contabilizar ya más de 650 muertes hasta el momento. Es decir, una tasa de mortalidad cercana al 9% (por poner en contexto, en 2021, esta tasa se situó en el 0,38% en las cárceles españolas según el Ministerio del Interior). Si bien albergó presos comunes, la inmensa mayoría fueron “enemigos” del régimen franquista (maestros, jornaleros, abogados, políticos, etc.) que acabaron allí simplemente por el hecho de pensar diferente y de defender el legítimo sistema democrático derribado el 18 de julio de 1936. Miles de vidas truncadas por un régimen represor e implacable, bien porque finalizaron allí sus días, bien porque el paso por el Fuerte fue un terrible trance que paralizó y estigmatizó unas vidas que el propio régimen se encargó de seguir reprimiendo una vez en libertad (a modo de ejemplo, a miles de maestros se les prohibió ejercer de nuevo su profesión).

2.487 eran los presos registrados cuando se produjo la mayor fuga jamás sucedida en Europa de una prisión: el 22 de mayo de 1938, 795 presos consiguieron fugarse gracias a un plan que contaba con escasas probabilidades de éxito debido a la debilidad física de los mismos, la falta de medios para conseguir escapar del propio monte y llegar o bien a Francia o bien a sus lugares de origen sin ser delatados y, como sucedió en muchos de los casos, ejecutados. Hasta 207 fugados fueron ejecutados arbitrariamente en los días y meses posteriores a la fuga, allá donde fueron literalmente cazados, ya fuese en el propio monte, el campo o los pueblos cercanos, muchos de ellos denunciados por la propia población. Una auténtica cacería descrita como el resultado de un partido de tenis por las autoridades militares en sus partes diarios relativos a la persecución de aquellos fugados que permanecían huidos. Posteriormente, tuvo lugar un Consejo de Guerra en el que se condenó a muerte a 14 de los fugados, finalmente fusilados en el mes de agosto.

Un Informe secreto del Servicio de Inteligencia norteamericano, con fecha 28 de julio de 1945, analizaba la trayectoria del uso del Fuerte desde el Golpe de Estado de 1936. El documento reconoce que, en aquel momento, “Falangistas, Carlistas y Guardias Civiles comenzaron la política de ‘liquidar’ víctimas”, hasta alcanzar un número desconocido entre los 600 y 700. El documento describe al director, oficiales y guardias como “enemigos confesos de los prisioneros a los que trataban con una furia ciega”. “Murieron tantos de enfermedades derivadas de las condiciones de vida en el Penal que los pueblos circundantes se negaron a enterrarlos en sus pequeños cementerios”. “Cualquier tipo de castigo era permitido por la Administración del Fuerte, y esto ocurría a diario”.

El documento de 5 páginas es un compendio de las penalidades, abusos y crímenes cometidos en el Fuerte durante el periodo comprendido entre julio de 1936 y julio de 1945 (fecha de cierre del mismo).

La historia del Fuerte San Cristóbal permaneció oculta, desconectada de la sociedad durante mucho tiempo, al igual que muchas de las atrocidades que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y años inmediatamente posteriores. Tras la dictadura se desarrollaron diferentes investigaciones sobre el tema, notablemente por parte de Jimeno Jurío, Fermín Ezkieta, Iñaki Alforja, Félix Sierra, Koldo Pla y la asociación Txinparta entre otros.

Sin embargo, sigue siendo, hoy en día, un lugar relativamente poco conocido a pesar de haber sido objeto de reportajes (centrados mayoritariamente en el episodio de la fuga de mayo de 1938) en medios tan relevantes como National Geographic, La Vanguardia o El País. Una paradoja difícilmente comprensible.

Así, se encuentra todavía alejado del espacio que debería ocupar en la memoria colectiva de nuestra sociedad, más allá de los esfuerzos realizados por unos pocos historiadores, asociaciones como Txinparta, y familiares de presos.

Una sociedad avanzada como la española no debe ni se puede permitir dejar caer en el olvido sucesos tan graves y que marcaron de manera tan profunda nuestra sociedad. Hay más casos similares al descrito en este artículo a lo largo y ancho del país que deben ser recordados, de manera constructiva, sin revanchismo, para proyectarnos hacia el futuro como sociedad desde el presente, conociendo bien nuestro pasado, y reparando y dando paz a las víctimas.

Se trata de un tema de rabiosa actualidad en un momento en el que las figuras autoritarias y las mentiras, la tergiversación de los hechos y el cuestionamiento de la memoria histórica inundan nuestro día a día. Una sociedad sin memoria no puede tener una identidad, y sin esa identidad no puede tener unos cimientos sólidos sobre los que construir un modelo de convivencia avanzado, inclusivo, que no vaya a repetir los errores del pasado.

Stefan Zweig relata en su libro “El mundo de ayer” cómo si el estallido de la Primera Guerra Mundial resultaba inimaginable para sus coetáneos cuando comenzó, la posibilidad de una Segunda Guerra Mundial resultaba absolutamente inconcebible. Y, sin embargo, tuvo lugar.

En febrero del año 2024, los gobiernos central y de Navarra retomaron las negociaciones para convertir el Fuerte de San Cristóbal en un lugar de memoria. Hoy día, sigue siendo un espacio propiedad del ejército en estado de abandono. El objetivo era sentar las bases de un protocolo general entre Navarra y el Estado en torno al Fuerte, de manera que se repartan y coordinen las responsabilidades competenciales entre las administraciones para abrir parte del recinto a un uso memorial.

Este tema fue objeto de conversaciones políticas ya durante la legislatura pasada, y ya entonces se declaró públicamente el compromiso y la apuesta de ambos gobiernos por mantener y reforzar las políticas públicas de memoria y convivencia de cara a este nuevo periodo. No tenemos más noticias a día de hoy. No obstante, se trata de un tema que —aun hoy— sigue resultando espinoso (prueba de que el país sigue teniendo deberes en materia de memoria histórica), al margen de objeto de negociaciones en los que se mezclan intereses políticos (desde ideológicos a presupuestarios) en torno a este y otros asuntos.

No podemos permitirnos, como sociedad, que un lugar como el Fuerte San Cristóbal —por el simbolismo y trascendencia de lo que allí sucedió, como espacio de represión sistemática, física, ideológica y moral del “enemigo”— permanezca en un limbo burocrático-político. Es necesario que cuanto antes sea declarado y reacondicionado como lugar de memoria, que se sepa y se divulgue lo que allí sucedió, especialmente a las nuevas generaciones. Estamos hablando de nuestra memoria histórica inmediata, la historia de nuestros abuelos y abuelas.

2025 es un año de especial trascendencia para la memoria histórica de este país, en relación a la dictadura franquista, al cumplirse 50 años desde la muerte del Dictador Francisco Franco. El gobierno de Pedro Sánchez va a realizar una fuerte campaña de divulgación y concienciación al respecto, bajo la denominación ‘España en libertad’ con el “único objetivo” de “poner en valor la gran transformación lograda en este medio siglo de democracia, y homenajear a todas las personas y colectivos que la han hecho posible”. El propio presidente Sánchez alertaba el 10 de diciembre de 2024 —al anunciar los más de 100 eventos conmemorativos que tendrán lugar en 2025— sobre el “peligro de involución” y la perversión de la palabra “concordia”.

Queda mucho trabajo por hacer para que la memoria histórica de este país esté a la altura de otras sociedades avanzadas, y el bloqueo del caso del Fuerte San Cristóbal resulta flagrante. Esperemos que los hechos y las decisiones que se pueden adoptar en 2025 estén a la altura de los discursos políticos, dejando atrás aquellos intereses que no respondan al propósito social y deber histórico de “recordar hacia mañana”