La Justicia navarra retiene 22 millones de euros en embargos, multas e indemnizaciones

Que el dinero que se mueve en la Justicia navarra crezca y oscile entre bandazos no es un buen síntoma de que la cosa marche viento en popa. Es reflejo de que ciertas cuestiones económicas, la mayoría deudas, solo han tenido solución forzosa en los tribunales y a partir de ahí habrá que comprobar si se puede desenrocar el asunto y conseguir finalmente el pago. Esta semana, precisamente durante el apagón eléctrico, en el Palacio de Justicia se celebraba el nombramiento para la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del magistrado Miguel Azagra, se expuso precisamente que la jurisdicción social es una de las más afectadas por la sobrecarga de trabajo, en torno a un 20% de subida de asuntos, y donde ello se trasluce a nivel económico es en la repercusión que tiene ello por ejemplo en la jurisdicción civil.

En este orden se reclaman todo tipo de impagos, o las claúsulas suelo de las hipotecas, las reclamaciones a los seguros, las deudas de morosos en las comunidades de vecinos, y todo tipo de reclamaciones a bancos o monitorios abiertos por grandes superficies o entidades bancarias. Uno de los procedimientos más en boca de todos son las demandas por tarjetas revolving.

El saldo de entradas y salidas de dinero

El caso es que con estos mimbres de la Justicia navarra entra y sale a diario dinero de sus órganos judiciales. La cuenta de depósitos y consignaciones judiciales que dispone el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenía bloqueados 22 millones de euros, que es el saldo que presentaba al finalizar el año pasado. Dicho dinero es el resultante de los movimientos de ingresos y salidas para saldar indemnizaciones, deudas, embargos o penas de multa.

Estas salidas de dinero se producen porque un procedimiento ya ha tenido una sentencia firme y por tanto dicho dinero lo reciben sus legítimos propietarios (por ejemplo una indemnización ya pagada y que se ejecuta y se le ingresa al beneficiario. A lo largo del año se han producido movimientos de entrada de dinero, que alcanzaron los 76.813 ingresos monetarios para llegar a 80,17 millones de euros. Mientras, ha habido 63.610 salidas de dinero destinadas a resarcir a impagados, víctimas o demandantes que alcanzaron también los 80 millones.

Diez millones en el orden civil

La jurisdicción civil acumula un saldo de 10 millones de euros, y a la misma aludió el presidente del TSJN, Joaquín Galve, en su discurso del pasado lunes, de la que dijo que había crecido de tal manero en los últimos años que mostraba “indicios económicos preocupantes”. De hecho, en los juzgados de Primera Instancia se produjeron ingresos por 10,8 millones mientras que los gastos se quedaron en 8,8 millones de euros.

“En ese ámbito es donde verdaderamente se mueve el dinero más importante de los juzgados, en los de Primera Instancia, en la sección civil de la Audiencia o en lo Mercantil. Las ejecuciones de embargos, por ejemplo, a personas que impagan deudas o a empresarios que hayan perdido su empresa, o las grandes reclamaciones a compañís de seguros por determinados siniestros y los intereses que se acarrean, son los procesos que capitalizan estas cantidades. En el Juzgado de lo Mercantil sumaron 2,2 millones en ingresos, y 1,2 millones en gastos.

Penal, mixtos, contencioso y social

En Penal, aquella jurisdicción donde son condenadas las personas que hayan cometido un delito, es la jurisdicción donde más operaciones de entradas de dinero se realizan, muchas de ellas para pagar lesiones o daños causados por un acusado y en otras ocasiones porque varios delitos tienen obligatoriamente aparejada una multa como condena, aparte de otras posibles medidas. Acumula 3,5 millones de euros de saldo.

Por su parte, en los órganos judiciales mixtos, aquellos que instruyen o investigan causas penales y que a su vez también resuelven demandas civiles, llamados juzgados de Primera Instancia e Instrucción y presentes en Navarra tanto en Tudela, Estella, Tafalla como Aoiz, el dinero que retenían en estos juzgados es de 6 millones de euros. Por su parte, en los Contencioso solo se tienen 362.544 euros y, por último, en lo Social, asciende a 2 millones la cantidad que se retiene por despidos, reclamaciones de cantidad, jubilaciones, o los procesos de invalidez o incapacidad que concede la Seguridad Social.