La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria ha reclamado al Gobierno vasco que abra la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, ampliando su ámbito temporal, para que las personas torturadas puedan tramitar sus solicitudes de reconocimiento oficial.
En una comparecencia en San Sebastián, la Red ha hecho esta petición para que la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal y "cientos de personas torturadas más puedan denunciar sus casos", después de que la Audiencia Nacional haya absuelto a Sorzabal del atentado ejecutado en octubre de 1995 en el paso fronterizo de Irún (Gipuzkoa), que produjo daños en la aduana española, porque fue "sometida a tratos inhumanos" para obtener la principal prueba en su contra.
En una sentencia, la Sala de lo Penal concluye que la prueba en la que se basaba la autoría del atentado se habría obtenido "con vulneración de sus derechos fundamentales", en concreto tras la "aplicación de electrodos por parte de aquellos funcionarios que la custodiaban a fin de obligarle a declarar".
Según han manifestado, esta sentencia les refuerza en su lucha por el reconocimiento colectivo de la tortura y han considerado que "también es hora de asumir responsabilidades públicas", porque la aplicación de la tortura "se ha ejecutado y justificado bajo el amparo de toda una estructura plenamente operativa, y las responsabilidades van más allá de las Fuerzas de Seguridad del Estado".
"Ahora que el reconocimiento de la tortura poco a poco se va abriendo camino, la sociedad vasca no puede asumir que siga habiendo gente en prisión a causa de autoinculpaciones forzadas mediante la tortura", han advertido, para llamar a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a que abran una reflexión al respecto e intervengan en la búsqueda de vías de solución.
