La juez instructora que investiga las presuntas amenazas de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, a la madre del menor, ha acordado su citación a declarar en unas diligencias reabiertas recientemente, según ha confirmado este jueves a EFE el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La magistrada ha ordenado también la toma de declaración a varios testigos, aunque aún no se ha fijado fecha para la celebración de estas comparecencias, que se producirán dentro de una causa inicialmente archivada y reactivada a raíz de nuevos testimonios.

El juzgado decidió reabrir el procedimiento tras escuchar a una testigo que coincidió con Quezada en un centro penitenciario y que habría aportado información relevante sobre las amenazas que supuestamente profirió la autora confesa del crimen contra Patricia Ramírez, madre del menor asesinado.

El pasado 7 de mayo, Ramírez denunció públicamente en Almería haber recibido amenazas directas desde la prisión de Brieva (Ávila), donde Quezada cumple condena por asesinar al niño de ocho años.

Según afirmó entonces, personas tanto del interior como del exterior del centro penitenciario le habían trasladado que Quezada expresó su intención de matarla, y que estas manifestaciones habrían tenido lugar ante otras internas.

Ramírez aseguró haber trasladado esta información a distintas autoridades penitenciarias, judiciales y políticas sin obtener respuesta, y lamentó la "total falta de protección institucional" frente a lo que calificó como una "revictimización constante".

Denuncia tratos de favor en prisión

También denunció supuestas irregularidades dentro del penal, como el uso y alquiler de teléfonos móviles, la existencia de grabaciones de contenido sexual y la posible preparación de un documental con la participación de Quezada. Afirmó, además, que existen funcionarios implicados en estos hechos y denunció la ausencia de una investigación patrimonial sobre la condenada, cuya responsabilidad civil derivada del crimen sigue sin saldarse.

"Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, ni siquiera está declarada insolvente. Y mientras tanto puede estar ganando dinero con un documental", expresó entre lágrimas durante su comparecencia ante los medios.

Ana Julia Quezada fue condenada en 2019 a prisión permanente revisable por asesinar al hijo de su pareja, Gabriel Cruz, el 27 de febrero de 2018 en la localidad almeriense de Las Hortichuelas (Níjar), ocultando posteriormente el cuerpo del menor durante doce días en una finca del padre del niño.