“Mientras el acceso a la vivienda dependa de la posición social, nunca será un derecho garantizado”

Una llamada o una visita a la oficina del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, en la calle Garde número 3 de la Rochapea, puede ser el primer paso para quienes buscan apoyo frente a un desahucio, un alquiler abusivo o la subida del precio de la vivienda. Desde este espacio, el sindicato combina la asesoría jurídica y política gratuita con la militancia, e impulsa la movilización para señalar las causas estructurales de la problemática habitacional. Sobre ello conversamos con sus portavoces, Ainhoa Mendiluze e Iker Narbona.

¿Cuál es la misión del sindicato?

Ainhoa Mendiluze: Defendemos que la vivienda debe ser universal, gratuita y de calidad. Trabajamos para proteger las condiciones de vida de la clase trabajadora en este ámbito, enmarcando esta lucha en una transformación amplia de la sociedad. Día a día buscamos generar las condiciones que permitan esos cambios de fondo.

¿Cómo se cambia la sociedad? 

Iker Narbona: Cuando defendemos la vivienda universal y gratuita, muchos nos llaman utópicos porque las propuestas revolucionarias casi no se escuchan. Sin embargo, la situación es urgente y exige respuestas de fondo. Si solo actuamos desde el cortoplacismo, combatimos los síntomas pero no la enfermedad. De ahí nuestra insistencia en transformar la sociedad desde la raíz.

Pero, ¿cómo se hace? 

I.N.: Desde las luchas del día a día. Atendemos casos de desahucios o subidas de alquiler, pero siempre conectamos esos problemas con sus causas estructurales. Señalamos quiénes son los responsables, cómo funciona este sistema capitalista y por qué es necesaria su superación. Así acercamos ideas que pueden parecer maximalistas a situaciones concretas que la gente entiende. Nuestro objetivo es fortalecer una organización independiente respecto a partidos institucionales e intereses empresariales, capaz de impulsar luchas ambiciosas y disputar la batalla cultural.

¿Quiénes son esos responsables del problema de la vivienda? 

I.N.: Los empresarios de la construcción, inmobiliarias y rentistas que se benefician del negocio de la vivienda. También los políticos institucionales, cuyas medidas facilitan el negocio sin atacar el problema de fondo. La raíz está en la propiedad privada de los medios básicos de subsistencia: mientras el acceso a la vivienda dependa de la posición social, no será un derecho garantizado. Con los recursos que existen hoy en el mundo, sería posible asegurar una vivienda gratuita y de calidad para todos, si se gestionara en función de las necesidades sociales y no del beneficio económico.

¿Quién debería asumir esa planificación?

I.N.: Desde nuestro punto de vista, la clase trabajadora revolucionaria, porque es quien sufre directamente la miseria de este sistema y tiene un interés inmediato en superarlo. Los sindicatos de vivienda, por sí solos, no podemos resolver el problema. Ese control debe ejercerlo la clase trabajadora en todos los frentes.

A.M.: Por eso creemos necesario organizar a la clase trabajadora en todos los ámbitos de la vida, que es lo que persigue el Movimiento Socialista. Desde el sindicato aportamos en el terreno de la vivienda, siempre con la conciencia de que el problema es global y estructural. Nuestra contribución es fortalecer esa organización independiente de la clase trabajadora para avanzar hacia la transformación social.

¿Cómo se financia el sindicato? 

I.N.: Todo se sostiene con trabajo militante y voluntario. Los gastos –cartelería, multas derivadas de desahucios– se cubren mediante autofinanciación, con iniciativas como venta de ropa, boletos o cenas. Así, las personas que acuden al sindicato reciben asesoría y acompañamiento gratuito.

A.M.: Además, buscamos que quienes han sido acompañados por el sindicato después se impliquen también, apoyando a otras personas en la misma situación.

¿Cómo valoran las políticas de vivienda de Navarra?

A.M.: Todas las medidas siguen girando en torno al negocio de la vivienda. Se habla de regular los precios del alquiler, pero no de bajarlos, cuando ya son inasumibles para gran parte de la clase trabajadora. Además, insisten en la falta vivienda y promueven más construcción, cuando en Navarra hay cerca de 30.000 viviendas vacías. El problema no es de escasez, sino de acceso. 

¿Qué responsabilidad tienen las instituciones en las viviendas vacías? 

A.M.: Son responsables porque favorecen el negocio inmobiliario que mantiene las casas vacías, ya sea para especular o porque resulta más rentable no darles uso. La legislación protege la propiedad privada, permitiendo que haya miles de viviendas sin habitar mientras se destinan millones a construir más. Tras años de políticas llamadas progresistas, el problema de la vivienda no mejora, va a peor. 

Sin embargo, también hay una clase media propietaria que no tiene problemas para acceder a una vivienda ni especula con ella. 

I.N.: Claro que sí. El acceso a la vivienda en el Estado español ha girado históricamente en torno a la propiedad. Tener una casa no te convierte automáticamente en acomodado, pero existe un sentimiento de clase media que a menudo se utiliza para alinear a propietarios particulares con los intereses de grandes fondos o inmobiliarias. No abogamos por alimentar un discurso moralista de buenos y malos, sino de que la gente que pueda estar más acomodada tome posición por aquellos que peor están. Sin embargo, no solo bancos o fondos buitre desahucian: la mayoría de veces son pequeños propietarios. Algunos adoptan posturas de acoso y criminalización, pero otros pueden buscar soluciones junto al sindicato. Lo importante es la posición política que cada cual toma frente al problema.

¿Existen propietarios que se hayan puesto en contacto con ustedes para solucionar un conflicto?. 

A.M.: No es nada habitual. 

¿Todos optan por la vía judicial? 

A.M.: No siempre. Antes de acudir a los tribunales, muchos propietarios presionan al inquilino. Existen numerosos desahucios invisibles: el casero amenaza, genera miedo y, por falta de información, los inquilinos se marchan sin estar obligados legalmente. También utilizan otras vías de presión, como cortes de suministros, que terminan siendo efectivas para forzar la salida. Desde el sindicato ofrecemos apoyo e información para que las personas sepan que no tienen por qué ceder ante estas prácticas. 

Se habla mucho de la inseguridad jurídica de los propietarios. 

I.N.: Es un mantra, un mito que usan para conseguir condiciones más favorables para su negocio. La vivienda es uno de los mercados más rentables en el que muchos inversores se fijan por sus altas rentabilidades, y todos los partidos, también los progresistas, blindan la seguridad jurídica del negocio inmobiliario. El Gobierno foral actúa incluso como una inmobiliaria cuando ofrece incentivos fiscales y seguros de impagos a quienes ponen su vivienda en la bolsa de alquiler. Además, muchas ayudas destinadas a inquilinos terminan indirectamente en los bolsillos de los propietarios.

A.M.: Todas las ayudas a la emancipación acaban garantizando sus ganancias. ¿Los propietarios podrían tener aún más seguridad jurídica? Claro, pero lo que vemos en el día a día demuestra que la verdadera inseguridad la sufre la clase trabajadora. La rentabilidad de quienes hacen negocio está bastante asegurada.

¿Qué medidas concretas proponen en el actual contexto? 

A.M.: Las medidas que se tomen deben atajar el negocio de la vivienda y hacer frente a quienes se aprovechan de la miseria ajena. Hablamos de medidas como bajadas generalizadas de precios, expropiaciones sin compensación a grandes propietarios y suspender todos los desahucios.

I.N.: Si asumimos que hay una crisis de vivienda y que el mercado no responde a las necesidades de la gente, hace falta actuar contra quienes más se lucran, aunque seamos claros: los parches no resolverán el problema de fondo. Mientras la vivienda siga regida por la lógica del mercado, no habrá garantía de acceso universal y de calidad.Esto no significa quedarse de brazos cruzados. Debemos impulsar medidas que mejoren la posición de la clase trabajadora frente a especuladores. Pero esas medidas solo serán efectivas si nacen de grandes movilizaciones sociales, que permitan consolidar lo conseguido y avanzar hacia cambios más profundos.