Nasuvinsa, la sociedad pública encargada de gestionar las políticas de vivienda y suelo, ha ampliado el plazo de licitación de la empresa de capital mixto de vivienda que el Gobierno foral quiere constituir para promover hasta 2.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible.
El pasado mes de noviembre, Nasuvinsa publicó la licitación para la selección de un socio privado con el fin de constituir una sociedad de capital mixto (SCM) –una vez aprobadas las modificaciones de la ley foral 9/2025 que actualiza la normativa de vivienda y urbanismo y “dota de seguridad jurídica al proyecto”– con un plazo para presentar solicitudes que finalizaba este jueves, 12 de febrero. No obstante, el día 5 de este mes Nasuvinsa extendió la presentación de solicitudes 15 días más, hasta el viernes 27 de febrero.
El motivo, según detallan desde la sociedad pública, es que “algunos de los potenciales licitadores están analizando simultáneamente otros procesos de licitación en distintas comunidades autónomas, como Andalucía o Cataluña”. En este contexto, “se ha considerado oportuno ampliar el plazo de presentación de ofertas con el objetivo de garantizar la máxima concurrencia”.
50% pública, 50% privada
En concreto, la nueva sociedad mixta estará participada al 50% por el Gobierno de Navarra –a través de Nasuvinsa– y al 50% por una socia privada y estará orientada a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y a agilizar la promoción de vivienda, con un consejo de administración paritario y sin retribución para ninguno de sus consejeros.
“Se ha diseñado esta SCM con el objetivo de promover, construir y gestionar entre 2.000 y 2.500 viviendas en alquiler asequible durante 90 años. El modelo establece la obligación de edificar al menos 500 viviendas en los cinco primeros años, mientras que el resto se desarrollará mediante acuerdos del consejo de administración”, explica Nasuvinsa.
Además, la sociedad pública ha estructurado la futura empresa con un reparto paritario del capital y del control, de modo que las decisiones se adoptarán siempre mediante acuerdo entre la parte pública y la privada. La socia privada deberá acreditar un volumen de negocio mínimo de 15 millones de euros anuales, tener experiencia en inversiones en vivienda protegida por al menos 15 millones y capacidad de gestión de un parque de viviendas de alquiler que genere unas rentas de más de 1,3 millones de euros.
“El proceso de licitación seguirá criterios técnicos, económicos y sociales que sumarán un total de cien puntos y se desarrollará bajo un procedimiento abierto superior al umbral comunitario, garantizándose concurrencia, transparencia y seguridad jurídica”, detalla Nasuvinsa, que subraya que esta nueva SCM “no sustituye, sino que complementa” sus funciones estructurales en materia de vivienda pública. La empresa continuará impulsando vivienda social, derechos de superficie, cooperativas en cesión de uso, políticas de rehabilitación y otras actuaciones públicas que no se integran en el objeto social de la empresa mixta.
