El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha mostrado su satisfacción ante la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) de solicitar una auditoría interna sobre los proyectos tramitados a la empresa Forestalia. Esta medida llega después de que el Gobierno de Navarra manifestara repetidamente su oposición al macroproyecto de la firma aragonesa, fundamentada en sólidos criterios técnicos y medioambientales que, hasta el momento, no habían sido plenamente atendidos por la Administración General del Estado.
La postura del Ejecutivo foral no es nueva; ya en los ejercicios de 2020 y 2021, emitió sendos informes desfavorables que advertían sobre el impacto de estas infraestructuras. Ante la falta de consideración de estas advertencias, en abril de 2024, el Gobierno navarro acordó interponer un recurso judicial ante el contencioso-administrativo contra las resoluciones que formulaban declaraciones de impacto ambiental favorables y otorgaban autorizaciones administrativas previas al grupo Forestalia. El núcleo del conflicto reside en el despliegue de cuatro líneas de alta tensión de 400 kilovoltios cada una, diseñadas para evacuar energía desde Aragón hacia la Comunidad Autónoma Vasca atravesando el territorio de la Comunidad Foral.
En concreto, el recurso se dirige contra las autorizaciones otorgadas para el denominado ‘Proyecto Mistral-Esfinge’. Previamente, en febrero de 2024, la Dirección General de Medio Ambiente de Navarra ya había expuesto sus discrepancias con el MITERD, señalando que el proyecto es incompatible con los valores ambientales, paisajísticos, sociales y culturales de la región. El Ejecutivo navarro ha recurrido diversas resoluciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, relativas tanto a los parques eólicos y solares fotovoltaicos proyectados en la provincia de Zaragoza como a sus infraestructuras de evacuación, amparándose en la Ley de Evaluación Ambiental y la Ley del Sector Eléctrico.
Las discrepancias técnicas se dividen en cuestiones de forma y de fondo. Por un lado, se critica la fragmentación del procedimiento, lo que impidió una valoración global de la magnitud real del proyecto. Por otro lado, se advierte de consecuencias adversas significativas sobre la biodiversidad, afectando directamente a especies catalogadas y a la integridad de los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Tras agotar la vía del requerimiento previo sin obtener respuesta del Ministerio, el Gobierno de Navarra decidió dar el paso definitivo a la vía judicial el 17 de abril de 2024, un proceso que actualmente sigue su curso mientras se espera que la auditoría del Ministerio arroje luz sobre la tramitación de estos proyectos.
