Casi seis de cada diez casos de violencia institucional machista que afectan a niños y adolescentes señalan al sistema judicial como principal responsable, según el segundo informe del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), que alerta de "fallos estructurales" en la protección de las víctimas.
El estudio, presentado este lunes en Barcelona, analiza 139 casos recogidos en 2025 a través de su canal de denuncia colectiva, de los cuales 44 sitúan a menores como víctimas centrales y "evidencian patrones reiterados de desprotección".
La coordinadora del OVIM, Júlia Vega, explicó a Efe que "los niños y niñas no están siendo considerados sujetos de derecho pese a que la normativa lo establece claramente", y subrayó que existe una "tendencia operativa" a no escuchar su voz ni tener en cuenta la opinión de los menores en las decisiones judiciales.
Según el informe, en el 58,1 % de los casos en los que los menores son protagonistas se señala al ámbito judicial como principal responsable de la violencia institucional machista.
El observatorio define este fenómeno como la respuesta de las instituciones que, por acción u omisión, "reproducen o agravan la violencia en lugar de proteger".
"Las creencias y prejuicios sociales también están operando dentro de las instituciones", advirtió a Efe la portavoz del OVIM, Marina Oliva.
En esta línea, Oliva denunció: "Tenemos leyes muy avanzadas, pero no se están aplicando de forma efectiva y la excepción acaba funcionando como norma".
Patrones estructurales de desprotección
El análisis identifica tres grandes bloques de patrones, entre ellos la falta de reconocimiento de los menores como víctimas directas, la ausencia de evaluación adecuada del riesgo y la carencia de medidas de protección y reparación.
Estas dinámicas se traducen, según el informe, en consecuencias como la imposición de custodias o regímenes de visitas que obligan a los menores a mantener el vínculo con el progenitor denunciado por violencia machista o en la separación de sus madres, consideradas su principal figura de protección. "Esto se trata de un problema estructural y no de casos aislados", ha resumió Vega.
El documento también alerta de carencias en el sistema de protección de menores, donde se detectan situaciones de riesgo dentro de los propios recursos institucionales, falta de atención psicológica especializada y ausencia de protocolos frente a la violencia machista.
Además, los datos evidencian "incumplimientos reiterados de obligaciones del Estado", como la garantía de no repetición en el 81,4 % de los casos o la falta de reparación en el 87,2 %, lo que supone "una vulneración de derechos fundamentales de los menores" a juicio del OVIM.
Reformas urgentes
El observatorio reclama la aplicación efectiva de la normativa vigente y la creación de mecanismos de supervisión que permitan evaluar el funcionamiento de juzgados e instituciones y sancionar prácticas que vulneren los derechos.
Entre sus principales propuestas, plantea que las órdenes de protección concedidas a mujeres víctimas de violencia machista se extiendan automáticamente a sus hijos, que sea obligatorio escuchar a los menores en los procesos judiciales y que se incorporen medidas de reparación integral.
"El sistema debe garantizar no solo protección, sino también reparación del daño causado, algo que ahora no está ocurriendo", afirmó Oliva.
El observatorio, que ya ha recopilado más de 300 casos en sus dos informes, anima a víctimas, entorno y profesionales a utilizar su canal de denuncia colectiva, anónimo y en línea, para visibilizar una violencia que considera estructural y avanzar en su erradicación.
