El Gobierno de Navarra necesitaría entre 50 y 100 millones de euros para hacerse con las 507 viviendas que, tras haber sido originalmente de protección oficial, han perdido esa calificación y actualmente pertenecen a un fondo de inversión, según ha explicado la consejera de Vivienda.
Durante su intervención en el Parlamento de Navarra, Begoña Alfaro ha señalado que el Ejecutivo está “haciendo cálculos” ante la posibilidad de recuperar estos inmuebles, vendidos en su día durante etapas anteriores de gobierno. La operación implicaría revertir la propiedad a lo público, una opción que la consejera ha considerado “un acierto”, aunque condicionada a un importante esfuerzo presupuestario.
La situación de estas viviendas ha sido objeto de crítica por parte de EH Bildu, cuyo parlamentario Mikel Zabaleta ha denunciado la actuación de los denominados “fondos buitre” por especular con vivienda construida con dinero público.
Alfaro ha recordado que parte de estas promociones perdieron la calificación de protegidas desde 2017 “gracias a las políticas de la derecha”, en referencia a UPN, y ha defendido la necesidad de cambiar el enfoque en materia de vivienda.
El Ejecutivo foral ha indicado además que ya se han ejecutado 8 millones de euros en políticas de tanteo y retracto, y que se han prorrogado ayudas y calificaciones protegidas en más de 200 viviendas.
En este contexto, el Gobierno insiste en que cualquier decisión sobre la compra de estas viviendas deberá encajar en un “cambio de paradigma político, presupuestario y social” para poder afrontar una operación de esta magnitud.
