El octavo mandamiento reza "no mentirás". Es decir, manda al camino de la verdad, la libertad y el respeto al prójimo y a no decir falso testimonio. Sin embargo, si no fuera una mentira como un templo, tal vez convendría que el Arzobispado de Pamplona aclarará por qué en una tensa rueda de prensa a finales de octubre, su vicario judicial, Carlos Ayerra, respondió a la prensa que ahora mismo en la Diócesis de Pamplona y Tudela no había ningún religioso que estuviera condenado o sometido a medidas cautelares por haber cometido abusos sexuales.
Ayerra comentó que habían tenido conocimiento desde 2007 de una decena de denuncias, que tres habían optado por la vía civil y otras siete se habían resuelto de puertas para adentro, con indemnizaciones de por medio, según se pudo saber luego. Sin embargo, la mentira, que tiene patas muy cortas, apenas ha aguantado en pie un mes. Este miércoles se conoció que el teólogo franciscano Javier Garrido Goitia había sido condenado por el Tribunal eclesiástico de la Rota por abusos a dos religiosas en la diócesis de Pamplona.
Pero, para mayor sonrojo, el Arzobispado era pleno conocedor del caso Garrido, no sólo de que había sido denunciado recientemente, sino que incluso ya tenía una condena por parte del tribunal, una sentencia que apeló en un recurso, y que sin embargo ha sido confirmada en todos sus extremos.
La denuncia de las dos religiosas fue cursada en Pamplona, presentada a través de la Oficina de Protección de Menores y Abusos que tiene el propio Arzobispado. Así, el arzobispo Francisco Pérez activó el procedimiento canónico encomendado al Tribunal de la Rota y que condenó al denunciado, si bien este recurrió la resolución. Eso se produjo en mayo. Por tanto, Ayerra y todos los responsables del Arzobispado conocían perfectamente la vigencia de esta causa desde hace varios meses en los que un sacerdote navarro ya había sido condenado y sobre el que ya se proponían determinadas medidas. Ahora, una vez conocido el caso, se observa que la diócesis faltó a la verdad.
