El sindicato ELA, a través de Bidelagun Fundazioa, ha representado a la trabajadora que ha logrado la condena al SNS-Osasunbidea y a una de sus empresas subcontratadas a abonar un recargo del 30% en las prestaciones de la empleada, que sufrió una agresión sexual en el Hospital de Navarra (septiembre de 2022). El sindicato y su fundación especializada en riesgos laborales destacan que esta sentencia “demuestra que la Administración es responsable de los incumplimientos que cometan sus empresas subcontratadas, por lo que la precariedad y la indefensión en riesgos laborales cae directamente dentro de la esfera del Gobierno de Navarra y de Salud, en este caso, por mucho que externalicen actividades con el fin de abaratar costes, siempre en detrimento de la plantilla”.
Alta exposición al riesgo
Además, ELA y Bidelagun Fundazioa denuncian la “extrema precariedad y alta exposición al riesgo de las mujeres que trabajan en dicho tipo de subcontratas, lo que evidencia una brecha de género ya de por sí grave en lo que respecta a los salarios, pero aún más alarmante en lo referido a las medidas de seguridad”. Hay que tener en cuenta que la víctima de dicha agresión sexual, así como sus compañeras, carecían de vestuarios o de otras dependencias donde cambiarse de ropa con seguridad.
La resolución judicial condena de manera solidaria tanto a la empresa que empleaba a la trabajadora, como al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, ya que ambas incumplieron las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, por la inexistencia de vestuarios, lavabos y retretes para la plantilla, y no habían evaluado el riesgo de violencia externa.
La sentencia subraya que la agresión sexual se produce en el interior de las instalaciones titularidad de Osasunbidea, “competiendo a ésta su deber de conservación y hallándose éstas en estado defectuoso”, que no cumplían los requerimientos legales. ELA y Bidelagun Fundazioa destacan que esta sentencia abre la vía para reclamar futuras indemnizaciones por responsabilidad civil, y al mismo tiempo se reafirman en la necesidad de luchar con perspectiva de género contra la siniestralidad laboral.
